El futuro de las cámaras agrarias
A los cinco meses de las controvertidas elecciones a cámaras agrarias, estas entidades -constituidas en corporaciones de derecho público- no han encontrado aún el lugar que les corresponde ni han delimitado todavía claramente sus funciones y fórmulas de actuación. El Gobierno, que impulsó en su día contra viento y marea las elecciones, ha pasado a la retaguardia y espera que sean las mismas cámaras las que establezcan un marco de actuación acorde con los límites de funciones que en su día se establecieron.Mucho nos tememos que pasen todavía bastantes meses hasta que las propias cámaras se aclaren yempiecen realmente a funcionar como en, otros países europeos. Y ello por numerosas circunstancias.
Renovación
En primer lugar, no se ha borrado aún la imagen franquista de estas instituciones.Cuarenta años de verticalismo no se superan en cinco meses ni siquiera en aquellas provincias donde la renovación de cargos directivos ha sido total; nada digamos de aquellos lugares donde las antiguas cámaras se han reproducido en las nuevas y sus dirigentes no sólo son los mismos de antes, sino que su mentalidad verticalista continúa imperturbable. A propósito de esto, cabría resaltar la peculiaridad de las elecciones en el campo si se cifra en sus resultados: hay provincias, incluso limítrofes, en las que en una de ellas el presidente de la cámara provincial se declara radical de izquierdas y en la otra su colega se autositúa de Fuerza Nueva hacia la derecha. No nos extraña que la Adininistración haya decidido coger «con pinzas» el tema y dejar pasar el tiempo hasta que se vaya decantando la mayoría. Por otra parte, estas instituciones tienen fuertemente limitada su autonomía dada su casi total dependencia de los Presupuestos Generales del Estado. Desaparecida la cuota sindical obligatoria en el campo, obtener los fondos correspondientes a través de derramas voluntarias entre los agricultores no es tarea fácil; los campesinos son desconfiados y en muchas poblaciones no empezarán a colaborar con la cámara hasta que quede probada la eficacia de ésta. Si tal prueba será difícil de ofrecer por las cámaras locales, aún lo será más para las provinciales, y poco menos que imposible para la futura Confederación Nacional de Cámaras. Por eso, la ayuda del Estado habría de recaer, en estos primeros momentos, sobre las cámaras de ámbito local y comarcal, porque son ellas las que están realmente cerca del agricultor y las que tienen unas claras funciones de interés común para todos los habitantes de un núcleo rural. Será necesaria, pues, la ayuda económica del Estado en los próximos Presupuestos, pero creemos que, en el plazo más breve posible, la Administración sólo debería pagar los gastos correspondientes a los secretarios de las cámaras -que son funcionarios del Estado- y dejar que el resto de los gastos sea sufragado por los agricultores en el grado que éstos consideren conveniente, de acuerdo con la eficacia demostrada por cada institución.
En cuanto al temor que en su día mostraron las organizaciones profesionales y sindicatos a las posibles injerencias de las cámaras en temas puramente reivindicativos, hay que reconocer que, salvo raras excepciones (como la protagonizada por las cámaras de Córdoba y Jaén en la negociación de la campaña del aceite), dicho temor se ha revelado injustificado. Hasta ahora, al menos, las cámaras se han movido en los márgenes de la consulta y la colaboración con la Administración señalados en el decreto que las creó.Prueba de ello son los dictámenes que acaban de entregar los presidentes provinciales al ministro de Agricultura sobre algunos temas de interés general, destacando entre ellos dos que pueden resultar útiles: el elaborado acerca de la futura ley de Aguas y el correspondiente al problema de los incendios forestales. No es que haya que echar las campanas al vuelo, pero es preciso dar a estos trabajos un justo valor.
Entonces... ¿sirven para algo las cámaras?
Pues de momento su utilidad es más bien escasa, pero dados sus inicios relativamente serenos de actuación y la experiencia de otros países, cabe concederles un margen de confianza, al menos a medio plazo. Una nota final sobre la posibilidad de constitución de la Confederación Nacional de Cámaras, que está prevista en el decreto regulador. Pensamos que no debe precipitarse en general dicha constitución hasta que se empiece a funcionar de abajo arriba. Sólo habría una circunstancia que aconsejaría acelerar la creación del órgano nacional: la iniciación de las conversaciones definitivas para la incorporación de España a la CEE.
