Fernando Abril o el "suspense"

Un principio fundamental en la técnica del «suspense» es que, aun variando la tensión del espectador, se mantiene un «crescendo» estudiado hasta el desenlace final. En la experiencia política iniciada el 15 de junio parece ser un criterio básico de la política gubernamental mantener secretos sus propósitos, sus análisis y sus intenciones. Buena prueba de ello es que todavía no está claro cuál va a ser el calendario político de desarrollo de la democracia, lo cual convierte al juego político español en un continuo «suspense» que, a veces, se parece mucho al peligroso juego de la ruleta rusa.Para los socialistas, la concreción de las esperanzas suscitadas mayoritariamente, y también el despeje de los temores suscitados por el proceso democrático en algunos sectores necesitaba, y necesita, de un proceso consciente y fechado de reducción de incertidumbres. Ello quiere decir, desde el principio, que era preciso acelerar la transición y poner a punto las nuevas estructuras. En esta línea entran los principales acuerdos políticos conseguidos desde el verano pasado, como son los acuerdos de la Moncloa, el inicio de la reforma fiscal y la Constitución. Estos puntos de acuerdo superan las estrategias propias de partido y constituyen, sobre todo, el último marco para las reglas del juego democrático.

Ahora estamos emplazados ante un nuevo desafío, que es el saber establecer un nuevo marco de relaciones de trabajo en el país. Cuando se formaron los pactos de la Moncloa no había llegado todavía la libertad sindical. Las elecciones sindícales vinieron después. En lo que respecta a las organizaciones patronales, han necesitado más tiempo para pasar de la política asamblearia a una representación coherente. Conseguida, al parecer, en torno al verano. Los acuerdos de la Moncloa, en su parte de saneamiento -las medidas coyunturales- tenían un marco definido: el año 1978. Las medidas estructurales, también, aunque sus retrasos e incumplimientos muestran, en buena medida, las resistencias mantenidas por grupos políticos y económicos afectados por las reformas necesarias para la consolidación de la democracia (plan energético, estatuto de la empresa pública, gestión y control de la Seguridad Social, etcétera).

Además había, y hay aún, un elemento que no se acordó en la Moncloa, porque no se podía negociar entonces. Se trata de la negociación entre los interlocutores sociales-sindicatos de trabajadores, organizaciones patronales y Gobierno, como representante del primer empleador del país. Lo que llamamos los socialistas la negociación a tres bandas, propugnada por el Comité Federal del PSOE de primero de julio. Elemento decisivo para la consolidación democrática, porque de lo que se trata es de definir las reglas en ese plano, que sólo puede ser regulado a nivel constitucional en sus grandes principios, y que resiste al tratamiento puramente parlamentario. A este respecto vale la pena recordar la polémica suscitada la pasada primavera con motivo del debate en el Congreso de la ley de Acción Sindical. En la negociación entre las fuerzas sociales eran y son puntos absolutamente fundamentales la representación y el papel de los sindicatos en la empresa; los niveles y las formas de negociación colectiva, así como la resolución de un tema sangrante, como es el de la devolución de los bienes incautados a las organizaciones sindicales como botín de guerra, así como el futuro del patrimonio sindical.

En este terreno parece que se ha escogido de nuevo la técnica del «suspense» por parte del Gobierno, y, de modo especial, por quien aparece como más destacado protagonista del mismo en estos casos, el vicepresidente económico. Sobre su capacidad para lanzarse a resolver los más diversos asuntos no cabe duda, aunque es dudoso que los resultados obtenidos acompañen a la decisión, y hay un precedente grave, que ha mostrado los inconvenientes de este modo de entender la acción política.

Se trata de la famosa negociación del problema vasco en el marco de la Constitución. Es evidente que el problema del terrorismo hace muy difícil hoy contemplar el tema con serenidad, pero lo que es incuestionable es que la oportunidad histórica para abordar el problema era única. Ante la envergadura del problema sólo cabían iniciativas audaces que, con tiempo suficiente, hicieran posible la realización de lo que los socialistas vascos han definido como un pacto constitucional en Euskadi con una negociación de transferencias e, incluso, en el terreno económico, planteada como un proceso con plazos y contenidos claros.

El tema no se ha resuelto así, y aún hoy en día la situación, en relación con el Consejo General Vasco, se encuentra muy retrasa da en relación con la operada con la Generalidad de Cataluña.

Algo paralelo está ocurriendo con las negociaciones sociales. A finales de septiembre se convocaron, con un estilo propio de la Acción Católica de los años cuarenta, unas jornadas de reflexión, cuyo alcance y resultados todavía son una incógnita para la opinión pública. Ahora con un retraso inexplicado, se han reanudado las conversaciones, con un solo dato nuevo, el que parece existir un acuerdo claro Gobierno-CEOE.

Sin embargo, en el plano sindical, la situación es mucho más dura, y ello -dentro de la escasez de información existente- se debe a que el Gobierno trata de negociar sólo una tasa salarial, estableciéndolo como único tema en la agenda, si se dejan aparte vagas promesas de programas de empleo, de claro carácter preelectoral. La técnica elegida sigue siendo la de las fugas calculadas y la ocupación parcial, sometida a revisiones semanales. Así, el vicepresidente económico ha hablado de que la tasa de inflación caerá al 9% a finales del próximo año, luego ha corregido al alza, con un 10%, mientras que los mismos Presupuestos ofrecen una previsión del 12%.

Estas y otras incertidumbres se pusieron de manifiesto en el debate realizado entre los socialistas y el vicepresidente económico en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso, convocada para hacer el balance de los pactos de la Moncloa. En la misma resultaba difícil poder conocer las posiciones del Gobierno a través de su vicepresidente económico, que practicó una vez más su política de contestación alusiva que le es conocida. Incluso cabe la fundada sospecha de si el Gobierno se considera ligado por el cumplimiento de las reformas estructurales contenidas en los acuerdos de la Moncloa.

Este punto se enlaza con la técnica del «suspense». Parece haber sido la elegida de nuevo a la hora de negociar los pactos a tres bandas. Quizá se trate de una técnica especialmente bien conocida por el vicepresidente, ya que en su tierra natal es práctica usual vender la naranja cuando el árbol está en flor.

Porque un juego de este tipo conduce no a una salida arríesgada y victoriosa, sino a una putrefacción de los problemas, sin encontrar soluciones reales.

Es de temer que en este nuevo proceso negociador no se esté tratando de establecer uno de los aspectos fundamentales del nuevo sistema democrático y se esté jugando, una vez más, a corto plazo.

El no abordar las reformas estructurales comprometidas en la Administración del Estado, en la Seguridad Social o en la empresa pública indica ya cuál es la intención. Y hay momentos en la historia en los que es preciso lanzarse hacia adelante, planteando desafíos serios y de largo alcance. Los que son capaces de hacerlo pasan a la historia como hombres de Estado.

Por el camino que llevan las negociaciones entre Gobierno, empresarios y sindicatos parece que la voluntad del primero es mantener el pasado y no crear un cauce de futuro. Con ello, el «suspense», en realidad improvisación, a que se juega con las reflexiones y los encuentros va a tener un resultado decepcionante para todos y, sobre todo, para el futuro de la democracia en España.