_
_
_
_
Entrevista:

"En los últimos cinco años el modelo de cambio del sector ha quedado agotado"

Pregunta. Cuando termine 1978 el PNB habrá crecido un 3,5 %. En esta superación de las previsiones ha tenido mucho que ver el crecimiento del producto agrario en una tasa próxima al 8%. Uno, a la vista de estas cifras se pregunta hasta qué medida influye una buena gestión al frente de un departamento de agricultura para que el sector, que al fin y al cabo es la producción, vaya bien o mal.Respuesta. Tradicionalmente, en los países desarrollados la producción agraria viene creciendo del orden del 2 al 2,5%, hasta el punto de que un crecimiento del 3% viene a ser un elemento de optimismo. En la historia de nuestros últimos años, la tasa media de crecimiento ha estado en torno al 3%, a excepción de 1974, en que el sector creció algo más del 7 %. Este año, efectivamente, se produce un aumento del 8%, como consecuencia básicamente del incremento del subsector agrícola del 10%, lo que, unido a la tabla de precios regulados aprobada y al control ejercido sobre los precios pagados por el agricultor, permite afirmar que se está incrementando la relación de cambio entre los precios percibidos y los pagados por los agricultores, que se ha situado en el índice 121 en el pasado mes de agosto. Esto demuestra que se ha producido una redistribución de rentas en favor de un sector de la colectividad -el agrario- que estaba marginado, lo que es positivo. Pero volviendo al meollo de la pregunta, ¿qué parte de este crecimiento se corresponde con una buena gestión o con una buena climatología y una actitud más favorable de los agricultores a intensificar su producción? Ante esto yo diferenciaría lo que son aumentos de producción puramente climatológicos, de los inducidos a través de determinaciones tomadas en materia de precios o de determinaciones adoptadas en política de estructuras. En este sentido, por ejemplo, en el crecimiento del orden del 20-25% de maíz y sorgo existe un componente muy claro de precios e incentivos estructurales: es decir, la climatología no ha operado sensiblemente en que se produzca tal incremento. ¡Qué duda cabe, sin embargo, que la climatología juega un papel importante en producciones, que como las de secano, dependen del buen año en lluvias o de cualquier otro componente climatológico! Pero en el resto de las producciones, una política agraria coherente, ya sea en base a medidas coyunturales o estructurales, tiene una incidencia grande en los resultados finales del año agrícola.

P. Concretando. Esto que acaba de señalar significa que en base a la gestión de un buen equipo en Agricultura se puede alcanzar un desarrollo estable en el sector.

R. Aquí habría que remontarse al conocido dicho de que en agricultura no hay buenos o malos ministros, sino buenos o malos años agrícolas. Pero, a veces, un gran año agrícola puede ser lo peor que le suceda a los agricultores, como es obvio y notoriamente conocido en algunos casos, especialmente en las producciones no reguladas.

Los Ministerios, de Agricultura en todos los países del mundo deben proporcionar un cuadro de normas para las decisiones empresariales de los agricultores. Si ese marco de juego es aberrante (con independencia de la posible bondad climatológica) es evidente que las decisiones de los agricultores no contribuirán o favorecerán un incremento del PBA. Eso que ocurre en cualquier país del mundo sucede con mayor fuerza en España, donde nuestro problema permanente es, por decirlo gráficamente, el anticiclón de las Azores, que condiciona siempre el desarrollo del año agrícola. Por eso, aun en el mejor año agrícola, desde un punto de vista climatológico, sus resultados en términos de adecuación de la oferta a la demanda, pueden ser realmente catastróficos si las decisiones de la Administración, cualquiera que sea la Administración agraria, no son correctas.

P. La realidad es que ayude o no la climatología o la gestión administrativa, este país continúa con las mismas estructuras agrarias que en el siglo XIX, con los cambios lógicos que se pueden producir por la inercia evolutiva de cien años de progreso.

R. Creo que esta afirmación no es correcta. El sector agrario ha sufrido un cambio importante a través de procesos inducidos, pero siempre reales. En primer lugar, no se puede decir eso cuando en los años cuarenta la población activa agraria representaba un 50% de la población activa total y en este momento el porcentaje se aproxima al 19 %, tasa superior a, la de la CEE, lo que ha inducido una transformación radical de las estructuras de producción en cuanto a dimensión. Ha sucedido otro fenómeno a lo largo de los últimos años como es el incremento de las superficies en arrendamientos y la disminución de las superficies en aparcería. Añádase a estos hechos, otros como son la concentración parcelaria de una buena parte del secano cerealista y la aparición de cooperativas de producción y comercialización, y se tendrá una imagen de la evolución de las estructuras del campo. Pero esto no significa que no sea preciso un nuevo enfoque para el sector agrario. Durante los últimos cinco años el modelo evolutivo ha quedado agotado, en base a varias razones y, en especial, a que se pretende convertir en eje de la política agraria a la regulación de los precios agrarios, como si ésta fuera la única tabla de salvación de las rentas de los agricultores, sin percibir que hay que aprovechar toda la dinámica que origina el dramático proceso de emigración, para modificar las estructuras del sector.

P. Pero, honestamente, ¿considera el ministro que la agricultura española ha cambiado sustancialmente en los últimos años? Esta pregunta se produce en base al anuncio que todos los ministros que se han sentado en este despacho se sienten en la necesidad de hacer en torno a la perentoriedad de llevar a cabo una reforma agraria.

R. En primer lugar, yo no he hablado jamás de reforma agraria. Todo el mundo habla de reforma agraria porque es un valor mítico y porque, en alguna medida, este país no la ha tenido. Es decir, hay una vieja añoranza de lo que podía haber sido la agricultura española si se hubiese llevado a cabo la Reforma Agraria de la Segunda República o si la Desamortización hubiera terminado de otro modo. Hay, además, una concepción reformista de la agricultura, aunque sólo sea por un afán de simplificación. Pero la experiencia de todas las reformas agrarias llevadas a cabo en los últimos veinte o veinticinco años, especialmente en el área iberoamericana, ha venido a demostrar que lo primero que se ha inducido es una caída drástica de la producción. Yo no creo en la necesidad de una reforma agraria hoy, de corte clásico, sobre la base de división y reparto de explotaciones, ya que si estuvo plenamente justificada en un momento de la historia de nuestro país, ya no lo está. Por ello hay que intentar llevar a cabo una experienca innovadora y no pararse en los planteamientos de hace cuatro décadas. La. agricultura debe experimentar una evolución muy rápida de cara a los próximos años, en función del reto de la CEE y de un conjunto de parámetros nuevos para la agricultura española. Esta debe ser mucho más productiva, más tecnificada, cultivar con mayor eficiencia, ser más ganadera y forestal, ofrecer unos alimentos adecuados en calidad, sanidad y cantidad a la demanda existente y satisfacer unas demandas de ocio plenamente justificadas, al tiempo que mejorar un habitat rural, a veces inhóspito y expulsor. Y todo ello no se puede alcanzar bajo una vieja concepción clásica de reforma agraria.

P. ¿Cuáles serían las líneas de actuación básicas de ese programa de política agraria que ha anunciado poner en práctica?

R. La agricultura produce, básicamente, para alimentar y las ecuaciones agrarias hay que transformarlas en ecuaciones agroalimentarias. El cambio que se ha producido en el sector agroalimentario español viene demostrado por el hecho de que ha permitido una adecuada alimentación a los españoles, al nivel de 1978, en términos de calorías, grasas y proteínas. Ciertamente, si se valora ese salto en producción de alimentos en relación a la población agraria, la conclusión sobre la evolución de la agricultura española debe ser positiva.

A pesar de ello, la agricultura precisa de una política de cambios acelerado. Efectivamente, el sector debe todavía transferir una buena parte de población activa, aunque, en ningún modo, esto debe significar que el medio rural continúe desertizándose demográficamente. Esto si sería grave. Estos cambios vienen obligados, también, por el hecho de que el nivel de tecnificación operado en,los últimos años, que conduce a que la parte de producción final agraria que se destina a compras a otros sectores sea ya el 30%, ha entrado en una vía de estrangulamiento por el encarecimíento de los productos petrolíferos. Hoy nos encontramos que para que un consumidor tenga en su plato una caloría biológica hay todo un proceso que consume cinco calorías de petróleo y estas calorías fósiles se han encarecido en los últimos cinco años en un 700 %. Este es un hecho radicalmente nuevo que no permite ya seguir contemplando el desarrollo de la agricultura de forma pasiva.

Otro aspecto importante y que es necesario valorar en base a la importancia real que tiene, es que, en la actualidad, son cerca de 20.000 hectáreas las que, anualmente pasan a terreno urbano. Por eso hoy una de las preocupaciones básicas de todos los Ministerios de Agricultura del mundo es el problema del territorio, en el sentido de que las actividad es ligadas al medio urbano fagocitan territorió rural a un ritmo y velocidad creciente. Este fenómeno es grave en términos cualitativos, ya que normalmente las tierras que se vienen incorporando al complejo urbano-industrial son de hecho las más fértiles.

Junto a todos estos aspectos hay otros también de gran importancia, por ejemplo, el horizonte de la CEE. Se viene repitiendo hasta la saciedad que el sector agrario español es altamente competitivo y que ello afectará a la agricultura comunitaria. Esto, parcialmente, es cierto, aunque en buena parte son cantos de sirena. Sin embargo, ello nos obliga a preparar la entrada de la agricultura española en la Comunidad, actuando sobre tres planos básicos: la estructura productiva -es decir, en dimensión de explotaciones; los productos agrícolas transformados -la industria agroalimentaria- y la comercialización de los productos agrarios, para lo cual los agricultores deben hacer un esfuerzo tremendo para comercializar ellos sus productos. A todo esto hay que añadir el cambio político español, pues a través de la creación de comunidades autónomas y la nueva representatividad democrática de los agricultores, se induce también la necesidad de una descentralización profunda y nuevos cauces de diálogo y decisión.

Todas estas razones son suficientes para respaldar y favorecer una política de cambio en el sector agrario.

P. Llámese reforma agraria, llámese política de cambio, la realidad es que cuando usted entró en este Ministerio se encontró con unas directrices de política agraria impuestas...

R. Pactadas, consensuadas...

P. Da igual, la realidad es que había una serie de exigencias en materia agraria que había que cumplir. La pregunta es si Jaime Lamo se sentía de acuerdo con la política agraria emanada de los pactos de la Moncloa y si considera suficientes para el sector agrario este tipo de cambios estructurales.

R. Lo que implicaba las medidas plasmadas en los pactos de la Moncloa eran la modificación de cuestiones sustanciales para la agricultura. No todas las necesarias, aunque un conjunto de ellas, y pueden considerarse como básicas. Evidentemente, reformar la ley de Arrendamientos Rústicos, por ejemplo, ley que tiene más de cuarenta años, parecía una medida absolutamente necesaria y obligada. La ley de Seguros Agrarios es una vieja aspiración del campo. La

"En los últimos cinco años el modelo de cambio del sector ha quedado agotado"

tabla de precios aprobada ha permitido reconstituir las rentas agrarias en este año. Igual cabría decir del resto de disposiciones adoptadas por este Ministerio en cumplimiento de los pactos. Todas las reformas y modificaciones contenidas en los pactos eran lógicas para 1978. Y en el desarrollo de tales medidas hemos respetado con todo rigor la filosofía emanada de los pactos de la Moncloa.P. Hasta qué punto el cumplimiento de los pactos de la Moncloa en materia agraria no ha estado marcado por un claro matiz electoralista.

R. El Ministerio podía haber seguido fácilmente una política electoralista durante los últimos meses, cediendo a cualquier tipo de demandas, de mayores precios en niveles absolutamente inaceptables para la comunidad; o en leyes demagógicas e irresponsables, pero creo que hemos demostrado que no hemos caído en esa tentación. La ley de Arrendamientos Rústicos podía haber sido fácilmente electoralista y, sin embargo, hay reticencias respecto a la misma, aunque puedo asegurar que no apuesta por nadie y es equilibrada. En todo caso, diría que apuesta por Europa. Entiendo que la mejor táctica electoral es trabajar con seriedad, convencimiento y responsabilidad en los temas. Eso, creo, que en la vida es una actitud que da los mejores resultados.

P. Hasta qué medida ha influido en su labor al frente de este Ministerio el hecho de que como vicepresidente de Economía esté un hombre que, además de ser ingeniero agrónomo y sentir debilidades por estos temas, sea amigo personal suyo.

R. Ciertamente, Fernando Abril es amigo mío. Con ello no descubro nada. Lo hemos sido en muchas circunstancias a lo largo de muchos años y lo seguiremos siendo. Pero Fernando Abril, independientemente de la amistad que nos une, es vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y ambos sabemos separar perfectamente nuestro nivel de amistad de nuestras responsabilidades.

Su conocimiento profundo de la Administración y, en particular, de esta casa, nos permite en un corto diálogo llegar a un acuerdo y, ciertamente, yo he encontrado comprensión en el vicepresidente y ministro de Economía para las cosas positivas que hemos hecho desde este Ministerio.

P. Por la actualidad que tiene el tema, sería interesante conocer con concreción qué papel pueden jugar los futuros regímenes autonómicos en el sector agrario y cuáles podrían ser las competencias que podrían desarrollar sin mayores complicaciones.

R. Este país ha padecido lo que podíamos llamar fetichismo de Estado, es decir, creer que la respuesta a todos los problemas que le plantean tienen que proceder del Gobierno. Y, desde luego, en materia agraria, hay una serie de aspectos que necesariamente deben ser resueltos por los propios interesados. Junto con ello ha padecido también un grado de centralismo que en la España de 1978 se intenta resolver, a través de la Constitución, mediante las comunidades autonómicas. Desde un punto de vista agrario es preciso decir que probablemente el plano regional es el nivel al que los problemas de producción, de estructuras, de industrialización y otros más son abordables. Por ello, desde este Ministerio, se han transferido ya competencias a las autonomías, cuales son las relacionadas con las estaciones enológicas, programas de investigación de carácter regional y extensión agraria en dicho ámbito. Muchos temas, de conformidad con la Constitución, relativos a la agricultura y la ganadería, serán transferibles de acuerdo con la ordenación general de la economía, y otros, flinalmente, como la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, serán de competencia exclusiva del Estado.

P. Entrando en el ya movido tema de las relaciones futuras entre España y la CEE, me gustaría que dijese de la forma más concreta posible en dónde se presentan los mayores problemas para las producciones españolas.

R. En un intento por concretarlo al máximo diría que hay dos tipos de problemas; los «inexistentes» y los reales, pero que tienen solución. Es un problema, por ejemplo, inexistente la obsesión por la potencialidad productiva de nuestro país.

Se habla mucho de la posibilidad de que España y su sector agrario pueda poner en dificultades a la Europa verde. Este tema se argumenta, fundamentalmente, en base a los regadíos españoles, y aquí yo diría que la propaganda realizada en las últimas décadas se nos vuelve en contra.

En este plano la argumentación española es absolutamente real y sólida. Hemos transformado muchas menos hectáreas de las que en realidad hemos decretado. Muchas zonas de interés nacional para la transformación en regadío y así declaradas a través del BOE, son zonas ciertamente susceptibles de ser regadas, pero no se han transformado por problemas de incapacidad financiera para abordarlos a corto plazo. Por otra parte, hay que hacerse la pregunta inversa, ¿qué hace la CEE?, porque no es menos cierto que algún país se prepara de cara al ingreso de España en la CEE, transformando superficies en regadío con cargo a subvenciones del FEOGA. Por tanto, esto no debe verse desde una óptica unilateral, sino que es un juego de equilibrios.

Desde nuestra perspectiva, nosotros tendremos problema de estructuras productivas y de transformación como ya he mencionado antes. Vinos, frutas y hortalizas y aceite de oliva se van a ver favorecidos con el ingreso. Aunque sobre ellos existen dificultades políticas, su incorporación técnicamente es sencilla. Remolacha va a quedar equilibrado; carnes de cerdo y pollo puede convivir normalmente con el ingreso en la CEE, probablemente la carne de cordero se verá claramente favorecida y habrá algún sector, concretamente el lácteo, que tendrá que experimentar mayores adaptaciones, aunque se encontrará con la contrapartida positiva de ser uno de los sectores más protegidos dentro de la CEE, con lo cual lo que pueda perder en competitividad, lo gana de grados de protección. Aparte de esto, existen los problemas derivados de la adaptación de nuestra manera de operar, administrativamente hablando, a las fórmulas adoptadas por la CEE para la fijación de precios y para el comercio exterior, pero dicho proceso está iniciado en el seno del FORPPA, donde se trabaja en la elaboración de reglamentos, al modo de los comunitarios.

P. ¿Sí o no al régimen de Comercio de Estado?

R. La respuesta está íntimamente ligada al proceso de adaptación de España a la CEE. Este Ministerio sustenta que una desaparición del Comercio de Estado y una política de privatización de las importaciones beneficiaría de forma clara al agricultor. Este apoyo de Agricultura a la desaparición del Comercio de Estado viene dado por los resultados del mantenimiento de este tipo de comercio.... que ahí están. Además, el Comercio de Estado no lo quieren los agricultores (sus protestas por las importaciones de choque son ya tradicionales).

No haya nada peor para la producción agraria que saltos bruscos en los precios, ya que ello configura una catástrofe para el sector a meses vista, porque lanza a todo el mundo en unas expectativas de rentabilidad y, por tanto, a unas operaciones de inversión en esos sectores, que acaban derrumbando, en un plazo generalmente corto, ese mercado. Y, en contrapartida, creo que es perjudicial que ciertas medidas de importación de Comercio de Estado se pretendan llevar a cabo cuando el precio de un producto se encuentra dentro de la banda fijada por el Gobierno. En la medida en que la decisión de importar puede adoptarse extemporáneamente y que el Comercio de Estado es siempre más rígido, la mercancía entra en un momento en que incluso las causas que motivaron tales importaciones han podido desparecer. En estos casos, la importación no sólo no beneficia al agricultor, sino que le perjudica e, incluso, no beneficia ni siquiera al consumidor.

Es por ello, que en virtud del acuerdo sobre ordenación de cultivos, estamos elaborando una serie de reglamentos que incorporan la privatización del comercio en beneficio de agricultores y consumidores, comenzando inicialmente por los sectores en que somos parcialmente deficitarios.

P. ¿Hasta qué punto el Ministerio de Agricultura antepone su sector al interés general?

R. Aseguro categóricamente que este Ministerio es todo, menos un sindicato de agricultores, pese a que a muchos gustaría que así fuese. P. La hipotética creación de un Ministerio de Agricultura y Alimentación sería lógica, crearía tensiones entre agricultores y consumidores y en las actuales estructuras administrativas?

R. Es cierto que a lo largo de los últimos años los agricultores han venido pidiendo una coordinación unitaria de la agricultura y de la alimentación, al igual que existe en otros países. Y hoy quizá puede pensarse en ello porque existe mayor control social que en otra época, porque el responsable de tales decisiones estaría en el filo de la navaja, contemplado por agricultores y consumidores que ejercerán una permanente valoración crítica de sus soluciones. Porque en una sociedad estructurada de forma democrática se generarán sistemáticamente apelaciones a una mayor información, al rigor en la administración de los fondos públicos, al control de los administradores y, en definitiva, no se podrá, de ningún modo, ejercer desviaciones en favor de uno u otro colectivo social. Por ello la creación de un Ministerio de Agricultura y Alimentación a quien más problemas le crearía sería, lógicamente, al ministro que estuviese al frente de ese departamento; mucho más que a ningún tipo de estructura administrativa y, por supuesto, que a agricultores o consumidores.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_