Todos los grupos parlamentarios excepto UCD se oponen al Plan Energético

Decepcionante, soso, aburrido o calificativos de similar alcance fueron los dedicados por numerosos diputados presentes en el hemiciclo a la mayoría de las intervenciones de la sesión plenaria del Congreso dedicada en exclusiva al debate del Plan Energético Nacional (PEN), que tanta expectación había levantado, ya que se esperaba que supusiera el primer enfrentamiento serio tras el teóricamente finiquitado consenso parlamentario. Hubo muchos diputados, especialmente de UCD, que no esperaron al final, casi ni al principio, ya que las gradas pertenecientes a este partido se encontraban desde el inicio de la sesión limpias de un elevado, porcentaje de parlamentarios.

Abrió la sesión el titular de Industria y Energía, Agustín Rodríguez Sahagún, que comenzó recordando que en los últimos 50.000 años y en las ochocientas generaciones que se han sucedido, solamente una ha vivido los problemas causados por la escasez de energía. El ministro, tras reseñar que la energía condiciona el estilo de vida de nuestro tiempo, señaló que renunciar al crecimiento no es la solución viable al desafío de la crisis. «El PEN significa la racionalización del problema de la energia; se trata de poner los medios para no renunciar a unas cotas de bienestar a las que el pueblo español tiene derecho.»Libertades más energía

Para el señor Rodríguez Sahagún, el PEN es coherente con el modelo de sociedad en que creemos y al que la mayoría del pueblo español ha dado su conformidad: la sociedad de libertades. «Si Lenin pudo decir que el comunismo eran los soviets mas la electrificación, nosotros afirmamos que nuestro modelo de convivencia son las libertades más la energía». Subrayó que la intención del PEN es pasar de la economía del despilfarro y del desarrollismo a ultranza a la economía del realismo y la sensatez.

Hizo hincapié en la flexibilidad del PEN, ya que ésta permitirá adecuar el abastecimiento energético español a las necesidades de cada momento. Y tras reseñar que el ahorro de energía es el objetivo del Plan Energético Nacional, definió a éste como «el que persigue un mayor autoabastecimiento, una mayor participación del ciudadano, una palanca de la reactivación económica y una mayor flexibilidad para no tener que gobernar a oscuras en 1987».

La oposición del PSOE

Por parte del PSOE, que intervino en último lugar, habló Javier Solana, quien comenzó diciendo que el plan presentado por el Gobierno no trata de dirigir el futuro del sector, sino más bien de planificar el pasado, o, dicho más claramente, de justificar la licencia futura de unas decisiones adoptadas en los últimos años, y lo que es más grave, tratando de legitimarlas y perpetuando en gran medida la misma política.

«En definitiva, el PEN constituye una verdadera planificación retrospectiva. Lo reconoce el propio PEN del Gobierno cuando dice que el grueso de las decisiones que afectan a los próximos diez años está ya tomado y en curso, por lo que el margen de acción resulta muy reducido.»

A lo largo de su muy extensa intervencion, el señor Solana analizó punto por punto los aspectos más representativos abordados en el PEN, y fijó la política energética del PSOE, que se concreta, según señaló, en lo que podríamos denominar «ruptura energética» en un doble sentido: ruptura de la prioridad de intereses y ruptura institucional.

«Con esta filosofía -añadió- existen tres niveles de cuestiones que debería hacer frente un plan energético digno de tal nombre. En primer lugar, los aspectos que implican toda la problemática del modelo de desarrollo y que debe plasmarse finalmente en una previsión concreta de un crecimiento energético y en una distribución de ese crecimiento en función de las diferentes ofertas energéticas. En segundo lugar, es necesaria la especificación de los objetivos concretos que se pretende alcanzar. Finalmente, la estrategia para alcanzar estos objetivos, mediante medidas de tipo administrativo o institucional.»

Respecto a los objetivos del PEN, el parlamentario socialista dijo que existían diferencias, a su vez, entre el Gobierno y los socialistas, aunque concedió estar de acuerdo en objetivos tales como: la disminución de energías no renovables, la conservación y mejora del medio ambiente, el fomento del desarrollo tecnológico, el fomento de los recursos energéticos minerales y el desarrollo y reconversión industrial.

Especial mención del diputado Javier Solana mereció el subsector nuclear, para el cual defendió la nacionalización en base a que de los seis apartados de la fisión nuclear, cinco tienen que ser resueltos por el Estado. Solamente el quemado del combustible en el reactor y producción de energía eléctrica puede ser resuelto por las empresas privadas. «Quiere esto decir, evidentemente, que un planteamiento conjunto del ciclo nuclear desborda completamente el marco de la empresa privada.»

El diputado Ramón Tamames, del Grupo parlamentario Comunista, subió al estrado para rechazar la versión presentada por el Gobierno del PEN, en base a su alejamiento de las previsiones hechas en los pactos de la Moncloa. En este sentido, el PCE ha acordado que la documentación remitida por el Gobierno, junto a la nueva información requerida, sea trasladada a la Comisión de Industria y Energía del Congreso, que deberá fijar las bases precisas para una nueva elaboración del PEN.

En opinión de los comunistas, la citada Comisión deberá tener en cuenta en su estudio los siguientes criterios: asegurar la participación de los entes autonómicos, y demás fuerzas sociales en las decisiones sobre política energética, que la financiación del PEN se establezca limitando el recurso a las ampliaciones del capital; adoptar las medidas institucionales para asegurar el control público del RECA (repartidor de cargas) y red de alta tensión; creación de un consejo de seguridad nuclear dependiente del Congreso; creación de una empresa pública para la explotación y construcción de centrales nucleares; creación de un ente público de hidrocarburos; constitución de un fondo nacional para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía, y elaboración y realización de un plan nacional de prospección y explotación de recursos energéticos.

Las criticas de AP

El diputado aliancista Antonio del Valle inició su parlamento mostrando su disgusto por el retraso sufrido en la elaboración del PEN.

En síntesis, los consejos del grupo de Alianza Popular fueron los siguientes: que se analicen las influencias del plan en el desarrollo industrial del país; calcular la oferta nacional de energía privada sobre bases más realistas; incrementar la inversión de los programas de investigación, incluidas las energías alternativas, así como proyectar una acción más vigorosa de la electrificación rural; intentar que los controles que el Estado establezca no perturben la eficacia operativa del sistema: plantearse los proyectos de gran alcance, para al futuro, que estimulen y dinamicen el sector; instrumentar en el propio PEN las mecánicas y los cauces de financiación que permitan disponer de los créditos necesarios, establecer compensaciones adecuadas a las regiones con excedentes de producción; completar con un índice de actuación el propio PEN, y actualizar urgentemente precios y tarifas que eviten la progresiva descapitalización, con todas las secuelas de repercusión que esto tiene. El señor Del Valle, durante su intervención, hizo una defensa dura de la iniciativa privada y del sistema de libre empresa. «La defensa de los intereses generales no pasa forzosamente por la empresa pública o las nacionalizaciones.»

La postura de los regionalistas

A lo largo de la sesión subieron al estrado, para exponer sus diferentes posturas, los distintos grupos parlamentarios o partidos políticos de carácter regional. Así, Marcos Vizcaya, del PNV, señaló la carencia de medidas y datos concretos del PEN, aunque no mostró su oposición al carácter general de los planteamientos del plan. Sin embargo, señaló que dar el visto bueno, sin más, y dadas las circunstancias reseñadas, significa dar un cheque en blanco al Gobierno

El parlamentario Maciá Alavedra, del grupo calatán, hizo un análisis técnico del contenido del PEN y señaló que era absolutamente necesario un debate más en profundidad, con objeto de decidir con más claridad las posturas y los objetivos a los que sería deseable llegar. Hizo especial referencia al sector del gas y a las omisiones que él encontraba en la política, incluida en el seno del documento energético.

Otro de los parlamentarios que intervino en esta larga sesión fue el representante de la izquierda vasca, señor Letamendía, quien habló casi exclusivamente del tema nuclear y a los efectos que su desarrollo tiene en el País Vasco, considerando que no era absolutamente necesario la continuidad del programa nuclear que el PEN prevé.

Por último intervino el señor Triginer, del Grupo de Socialistas de Cataluña, el cual hizo un análisis valorativo del contenido del texto, que no se desvió en gran medida de los planteamientos realizados por el señor Solana en su intervención y que han sido reseñados con anterioridad.

UCD: "El Plan cumple los acuerdos de la Moncloa"

En nombre de UCD, el diputado Gómez Angulo afirmó que el PEN cumple las directrices acordadas en los pactos de la Moncloa, y en relación con la energía nuclear manifestó que, sin minimizar los problemas que ella comporta, es la única alternativa viable al petróleo. Asimismo ratificó la necesidad de una ampliación en la información pública sobre el tenia y que las Cortes y los entes autonómicos participen en las decisiones más importantes.

Tan sólo quince diputados de UCD quedaban en el hemiciclo cuando se produjo la intervención de su portavoz en este tema.