Los socialistas, contra el recargo impositivo en Cataluña

Respecto al tema de las futuras finanzas catalanas, dos borradores destacan muy por encima de los restantes. Se trata de los presentados por Ios socialistas y por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Ambos fueron publicados por EL PAÍS el pasado domingo.«Lo fundamental -afirma Eduardo Martín- es que en el futuro título cuarto del Estatuto, relativo a la enseñanza, aparezca una cláusula transitoria que cubra la financiación de los servicios traspasados en la primera etapa. Esta cláusula transitoria sólo aparece en el proyecto socialista y en el de CDC.»

Pero Martín ve en el proyecto socialista una diferencia. fundamental sobre los restantes. «Nosotros -añade- somos los únicos que hablamos explícitamente de cesión total del impuesto sobre patrimonio neto. Asimismo, solamente los socialistas rechazamos de plano la posibilidad, de recargos impositivos, que curiosamente son solicitados por CDC y la organización catalana de Unión de Centro Democrático.»

Para el dirigente socialista es incomprensible que el partido de Jordi Pujol y la UCD se inclinen en favor de recargos impositivos que afectarían únicamente a Cataluña. «Ambos -afirma- parten de una posibilidad que defendería inicialmente la UCD a nivel de Estado y que ahora el propio partido del Gobierno considera trasnochada, sin que la UCD de Cataluña se dé por enterada. De seguirse el camino de los recargos, se crearía un caos en la planificación y organización de la economía de cada nacionalidad o región. No me explico cómo CDC y UCD pueden defender los recargos en impuestos ya existentes, ya que eso afectaría muy claramente al electorado de estas fuerzas políticas.»

Bajo la Segunda República la fórmula adoptada de forma preferente fue la cesión de servicio por servicio, acompañada de las correspondientes partidas. «Los socialistas -señala Eduardo Martín - no queremos únicamente transferencias de partidas, sino que, lo antes posible, haya cesión de impuestos para que así la Generalidad cuente con unos fondos de maniobras que le permitan realizar su propia política. Una política de subvenciones procedentes del Presupuesto General del Estado condicionaría enormemente a la Generalidad. Lo importante es llegar a una fórmula que evite el tener que negociar cada año. Creemos que ello sería contraproducente para el propio Estado. Lo incomprensible es que la UCD catalana pretenda seguir ese camino de negociación anual cuando, Fernández Ordóñez y en definitiva el Gobierno rechazan los conciertos económicos con Euskadi. La verdad es que la negociacion anual de las partidas presupuestarias equivale al establecimiento de un concierto anual.»

El partido de Jordi Pujol ha establecido ya unos porcentajes con relación a los impuestos recaudados en Cataluña. Para este partido, la parte principal -un 75%- tendría que ir a la Generalidad, un diecisiete y pico por ciento al Fondo de Compensación Interregional y un siete y pico por ciento al Estado. «Nosotros -dice, en cambio, el diputado socialista- no hemos llegado a decidirnos por un porcentaje concreto, pese a que se haya avanzado que estamos en favor de un reparto mitad por mitad. Las razones de nuestra postura son obvias: queremos que ese porcentaje sea el necesario para cubrir los servicios efectivamente transferidos, más la creación de un fondo de maniobra para la Generalidad, evitando siempre todo recargo impositivo. Lo ideal sería poder llegar a una fórmula de coeficiente o porcentaje de los impuestos que fuese en función de variables específicas -población, territorio, renta «per cápita», recaudación fiscal, etcétera-, pero la fórmula resultante sólo podría jugar con eficacia si todas las regiones y nacionalidades están implicadas en un proceso de implantación general de autonomías, o, mejor, federalización del Estado.»

No a la comarca como circunscripción

El segundo gran tema de discrepancia entre los parlamentarios catalanes que redactan el anteproyecto de estatuto es la disposición transitoria segunda, relativa a las primeras elecciones al Parlamento catalán.Socialistas y comunistas defienden las actuales circunscripciones electorales -las provincias- y el partido de Pujol, la comarca, instituida bajo la República, con suma de los restos a nivel de cada provincia, más una quinta circunscripción configurada por la ciudad de Barcelona.

«Los socialistas creemos -manifiesta Eduardo Martín- que lo más urgente es normalizar la vida política en Cataluña, para lo cual es absolutamente básico el sustituir la actual Generalidad provisional por la definitiva, con su Parlamento democráticamente elegido. A partir de este planteamiento básico creemos que las comarcas no sirven como circunscripción electoral, porque no han sido nunca una realidad constitucional en marcha. Tampoco sirven los partidos judiciales -alternativa, de segunda mano que ofrece el partido de Pujol- porque representaría una ruptura brutal con la realidad comarcal del futuro. Por todo ello, creemos que procede en el anteproyecto de estatuto, una remisión a la ley Electoral estatal, como hacía el Estatuto de 1932. En lo que nosotros no entramos, ya que nos es indiferente, es en si es conveniente o no crear una quinta circunscripción electoral, configurada por Barcelona ciudad. Tanto nos da que se constituya como que no.»

La postura socialista puede resumirse en una defensa de los esquemas electorales del 15 de junio. «La proposición de UCD de crear un Parlamento bicameral y la propuesta de CDC de tomar las comarcas catalanas como circunscripción electoral son proposiciones interesadas de dichos partidos para conseguir más diputados que el 15 de junio con el mismo número de votos. Lo curioso del caso es que se pretende defender a la comarca con criterios nacionalistas, pero a continuación se propugnan los partidos judiciales de corte franquista. Ello prueba que es un criterio interesado.»

«Mi partido -afirma Martín- ha formulado en el seno de la comisión de los veinte propuestas favorables a la comarca, que han sido rechazadas con el voto en contra de lo que llaman el centro nacionalista (CDC) y el centro sucursalista (UCD). Tal fue el caso de una proposición socialista que pretendia que el estatuto reconociese iniciativa legislativa a nivel catalán, a los órganos institucionales de las comarcas. Se trataba de dar a las comarcas catalanas una capacidad legislativa y no electorera. Se trataba de dar a las comarcas un derecho comparable al que, con relación al Parlamento estatal, tienen las comunidades autonómicas.»

«También propusimos la inclusión en el anteproyecto de estatuto de los principios que se tomaron como base en la división comarcal de Cataluña bajo la Segunda República. Los partidos centristas se opusieron a estas posturas socialistas. Para nosotros, en todo caso, el tema comarcal catalán pasa por una auténtica descentralización de la Generalidad, con relación a las futuras instituciones comarcales, y no por la consecución de un diputado por cada comarca.»