Polémica electoral sobre los "radicales" alemanes

El tema de los «radicales» se ha convertido decididamente en materia electoral hasta el punto de que puede anticiparse que, directa o indirectamente, todos los alemanes politizados estarán presentes, física o anímicamente, en el estado de Hessen en la consulta popular del próximo domingo.En las últimas horas la controversia entre democristianos y socialdemócratas sobre la permisividad del Gobierno de Hamburgo respecto de los militantes comunistas, que ya tienen las puertas abiertas en esta ciudad-estado para desempeñar funciones públicas, ha subido de tono hasta el punto de que los conservadores acusan a los socialdemócratas de anticonstitucionalidad.

Los medios de información liberales ven el giro tomado en la polémica como sumamente preocupante. «Ni la ley fundamental del país ni la ley de funcionarios cierra el paso a los comunistas -comenta el Frankfurter Rundschau-. En términos generales, en Hessen, y según el citado diario, por voluntad de la Democracia Cristiana, la pregunta de fondo no será sí se desea un Gobierno socialdemócrata o conservador, sino la cuestión de sí «los comunistas tienen o no derecho a conducir locomotoras, repartir cartas, cocinar para los soldados en los cuarteles o dar clase en los colegios».

Según el presidente del Parlamento federal, Otto Carstens, democristiano, los comunistas no deben aspirar a estas funciones. Según el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, el también democristiano Benda, tampoco. Para el jefe del Gobierno de Hamburgo, Klose, «es mejor abrir las puertas a un par de comunistas que perder a toda la juventud para la democracia».

Un diario liberal-conservador tan prestigioso, como el Frankfurter AIlgemeine Zeitung publicó días atrás una encuesta elaborada por encargo suyo y en la que de cada cuatro universitarios alemanes, sondeados sólo uno se manifestaba anticomunista.

La socialdemocracia se ha situado ante la difícil posición de abjurar de la «ley antirradicales», que firmó Willy Brandt en 1972, y hacer frente a las consecuencias a las que ha llevado la puesta en práctica de esta normativa, que poco a poco ha ido preformando en este país una nueva institución llamada «el comisario ciudadano», es decir, el hombre medio que denuncia por sistema a quienes sospecha cercanos a posiciones radicales. La pelota se ha vuelto ahora contra los socialdemócratas.

El ministro de Justicia, Vogel, ha tratado de explicar ahora que su partido está, con todas sus consecuencias, del lado de la Constitución. Ya en 1948 se pidió desde las filas socialdemócratas una mayor competencia para el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero el canciller Helmut Schmidt, atribuye ahora a este organismo el excederse en sus funciones.

El presidente de la Corte Suprema, Benda, tiene en su haber el haber defendido cuando era ministro del Interior una ley para el establecimiento del Estado de excepción en caso necesario. Ahora, sistemáticamente, cierra el paso a reformas fundamentales presentadas por el Gobierno social-liberal.