La Iglesia católica podría rechazar el impuesto religioso como único sistema de ayuda estatal

Es buena la atmósfera en la que se desarrollan las reuniones entre representantes del Estado y de la Santa Sede para negociar los aspectos económicos del vigente concordato, aunque no es seguro aún que la Iglesia católica acepte, de manera total, la idea del impuesto religioso como fórmula única para subvencionarla, según pudo saber ayer EL PAÍS de fuentes autorizadas.

La reunión celebrada el jueves en el Ministerio de Hacienda entre representantes del Estado y de la nunciatura dio lugar a una nota oficial en la que se informaba de haberse sentado los principios generales que implican un cambio importante en la forma económica de colaboración Iglesia y Estado, de acuerdo con el principio de libertad religiosa.No obstante, la Iglesia católica alberga algunas incertidumbres, basadas en la posibilidad de que la recaudación de este tributo religioso le resulte desfavorable o insuficiente.

La discusión del tema económico del Concordato se prolongará, a nivel técnico, el próximo martes. A finales de la semana habrá una nueva reunión, de carácter general. Participan en las reuniones representantes de los Ministerios de Hacienda, Exteriores y Justicia, así como la delegación diplomática de la Santa Sede en España.

La Iglesia católica podría sugerir una posibilidad distinta a la del impuesto religioso estricto. En la actualidad la citada confesión recibe una subvención global del Estado. Lo que podría pretender la jerarquía eclesiástica sería una fórmula mixta, que no excluyera algún tipo de subvención directa y que también contemplara el tributo del mismo modo que se practica en la República Federal de Alemania.

Las dos partes que negocian la revisión del aspecto económico del concordato están de acuerdo, en lo fundamental, en que es necesaria la abolición de la dotación estatal como elemento único de ayuda del Estado a la Iglesia.

Los acuerdos que se obtengan a raíz de estas negociaciones han de ser aceptados, por supuesto, por el Vaticano. Ayer se desconocía en fuentes del Ministerio de Justicia cuál sería la posición del nuevo Papa, Juan Pablo I, sobre la forma final que alcance el acuerdo de Madrid. También es una incógnita la reacción parlamentaria española ante la fórmula de ayuda a la Iglesia que se decida en estas conversaciones bilaterales.

Con respecto a la posición de la Iglesia católica española, son indicativas las declaraciones que ayer hizo al diario Informaciones el provicario de la diócesis de Madrid, padre Martín Patino, sacerdote al que se le reconoce una gran influencia sobre los criterios del cardenal Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal.

Una Iglesia pobre

El padre Martín Patino señala en sus declaraciones que «la Iglesia no debe enriquecerse sino, por el contrario, debe ser una Iglesia más bien pobre en cuanto a los fondos económicos se refiere».El provicario de la diócesis de Madrid justifica el pago estatal de las actividades eclesiales en función del carácter benéfico que la acción de la Iglesia tiene sobre la comunidad. Para él, «lo que hay que distinguir en los capítulos que corresponden a la Iglesia es la ayuda a la Iglesia que corresponde a la acción pastoral y el influjo de la Iglesia en la sociedad, que normalmente es una acción benéfica. Este es el punto que se discute, porque los otros capítulos, por ejemplo, el que la Iglesia tenga colegios, deben estar regulados por las leyes generales».

El padre Martín Patino se muestra partidario de que las contribuciones del ciudadano se destinen a aquellas confesiones que ellos especifiquen. En el mismo sentido se pronunció ayer uno de los participantes en la comisión mixta Gobierno-Santa Sede.

En relación a la fórmula alemana de impuesto religioso, se piensa que no se trasladará de manera absoluta al caso español, porque el 3 % que se aplica en la República Federal de Alemania se considera, como decía ayer el padre Martín Patino, excesivo. En cualquier caso, si fracasan las negociaciones y el Estado, por acuerdo parlamentario, renuncia a subvencionar de esta ó de otra manera a la Iglesia, ésta «tendría que constituir su propio sistema fiscal, de impuestos, mediante donativos, suscripciones y otros», señaló el mencionado provicario de la diócesis de Madrid.

Una de las dificultades constitucionales principales, que se enfrentarían a las sugerencias del padre Martín Patino, es la fórmula a la que se llegue para recabar el impuesto religioso. La Constitución no permite que se discrimine a los españoles por motivos de religión ni acepta que se indague a los ciudadanos sobre su pertenencia confesional.

Uno de los temores que podría abrigar la Iglesia católica ante la puesta en marcha del sistema del impuesto religioso se basa en la posibilidad que un número considerable de contribuyentes eludan esta contribución directa a una determinada confesión declarando indirectamente su agnosticismo.