Las universidades laborales no pasaran a depender del Ministerio de Educación y Ciencia

Unas y otras fuentes han confirmado la existencia de consultas y exploraciones entre los departamentos ministeriales afectados por el tema y encaminadas fundamentalmente a dar cumplimiento a lo que los pactos de la Moncloa determinaban respecte al futuro de estos centros, es decir, su adscripción definitiva a la Administración del Estado.La may or importancia y magnitud que las enseñanzas regladas representan en el conjunto de modalidades impartidas en los centros de universidades laborales han justificado, de mornento, la respuesta negativa del actual titular del departamento de Trabajo, Rafael Calvo, a la integración de aquéllos en el aparate educativo de dicho Ministerio, y en concreto en el Instituto Nacional de Empleo, cuya estrúcturación y regulación definitiva se encuentra pendiente .de aprobación por el Consejo de Ministros.

Descartada la vía del Ministerio de Trabajo, las dos alternativas posibles para solucioriar el problema de la dependencia orgánica de los mismos son la transferencia a Educación y Ciencia o la permanencia en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que es del que dependen en la actualidad, en virtud de que en él se encuentran integradas las mutualidades, principales entidades fínanciadoras y, en definitiva, titulares hasta el momento, y desde su función, de las universidades laborales.

El trasvase a Educación y Ciencia puede suponer la desaparición absoluta de todas las prestaciones complementarias de las puramente educativas que el sistema de universidades laborales viene prestando de modo casi exclusivo a hijos de trabajadores pertenecientes a los sectores sociales más deprimidos cultural y profesionalmente.

A este respecto conviene recordar que un 48,01 % de los becarios del presente curso pertenecen a familias con ingresos inferiores a 20.000 pesetas; un 49,74%, a familias con más de seis miembros, y un 43,67%, a municipios de menos de 2.000, habitantes.

No parece probable que el Ministerio de Educación pudiera, por ejemplo, asumir la responsabilidad de los internados como tampoco la atención a los llamados «alumnos tutelados por las universidades laborales», es decir, aquellos alumnos que cursan estudios superiores fuera de los propios centros de universidades laborales, pero con cargo a los presupuestos de éstas y que en el pasado curso ascendieron a 8.334.

El mismo incierto porvenir aguardaría, siempre dentro de la hipótesis del trasvase de los centros a Educación y Ciencia, a todo el alumnado adulto de enseñanzas ocupacionales (5.342 alumnos en el pasado curso), así como a los alumnos de escuelas universitarias que reciben enseñanza directa en los propios centros de universidades laborales, que constituyen el 11 % del alumnado joven. Estos últimos (3.271 en el curso 1977-78) serían los primeros alumnos en desaparecer, supuesta la alternativa de Educación y Ciencia, al tener que integrarse en los respectivos distritos universitarios.

De todos estos problemas se han mostrado plenamente conscientes los representantes del Ministerio de Educación presentes en las mencionadas conversaciones.

«Es absolutamente justo afirmar -ha señalado el director general de Enseñanzas Medias, Raúl Vázquez- que las universidades laborales han estado siempre en vanguardia, sobre todo por lo que se refiere a las enseñanzas profesionales y técnicas, tanto en disponibilidad de medios como de investigaciones metodoló gicas. Todo ello ha determinado un nivel de calidad docente en dichos centros muy superior al alcanzado, en la mayoría de los casos, por el aparato educativo del Estado.»

Existe la convicción entre las autoridades educativas de que la operación de trasvase no podría hacerse sin un considerable deterioro de esta calidad.

Incierto futuro del personal laboral

Capítulo aparte merece el considerable problema que podría representar la absorción de todo el personal laboral ocupado actualmente en las universidades laborales.La mala imagen política que las universidades laborales arrastran desde su fundación ha supuesto una manifiesta injusticia para con los 5.000 trabajadores que atienden estos centros: 1.893 profesores; 493 tutores o ayudantes de colegio que atienden el internado; 1.861 empleados de diversos oficios, 730 miembros del personal administrativo y 110 técnicos, entre los que se encuentran el personal médico-sanitarlo y el de los laboratorios de psicotecnia y de medios audiovisuales.

A esta tradicional injusticia se añade ahora que el futuro de todo este personal se encuentre en el aire, como consecuencia del incierto porvenir de la institución docente a la que vienen sirviendo.

La permanencia en el Ministerio de Sanidad, que no impediría el proceso de estatalización que se pretende y al que obligan los pactos de la Moncloa, es la otra alternativa contemplada en las conversaciones a que nos venimos refiriendo. Esta solución supondría considerar en adelante a las universidades laborales como instituciones educativas que habrían de atender a fines específicos de la Seguridad Social, como es el caso de los niños privados de ambiente familiar normal.

Las dudas de las actuales autoridades del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social entre las dos alternativas apuntadas parecen basarse fundamentalmente en la consideración de que el cambio que se lleve a cabo no comporte, en modo alguno, una pérdida de aprovechamiento de sus actuales recursos humanos y técnicos.

El futuro de este personal humano y el problema del patrimonio que estas instituciones representan constituyen, por otra parte, los principales argumentos de las centrales sindicales mayoritarias.

CCOO exige que el futuro de las universidades sea negociado con las centrales sindicales y, en último término, que se sustancie en las Cortes, pero que en modo alguno se resuelva por la vía de un decreto ley.

Por su parte, FETE-UGT ha hecho público un cmunicado en el que señala que el paso de las universidades laborales a la Administración del Estado, que supone la entrega al mismo de un cuantioso patrimonio formado y forjado con las contribuciones de los trabajadores, no puede hacerse sin haberse fijado previamente las condiciones de dicha transferencia patrimonial con los representantes de los trabajadores, es decir, con las centrales sindicales».

Añade FETE-UGT que la transferencia tampoco puede llevar consigo una reducción de las prestaciones sociales que vienen canalizándose a través de las mismas en favor de los trabajadores.