Irritación entre Ias minorías nacionalistas por una enmienda sobre el patrimonio cultural

El consenso constitucional fue puesto en grave peligro con la aprobación de una enmienda del senador de UCD Ricardo de la Cierva, que atribuye al Estado la competencia en la protección del patrimonio cultural común. La aprobación de la propuesta, incluida en la lista de competencias exclusivas del Estado, con los votos favorables de UCD, provocó una aireada reacción en las minorías nacionalistas, hasta el punto de que el portavoz de la Entesa dels Catalans, Josep Benet, afirmó que esto les obligaba a replantear su actitud global ante la totalidad del texto. No obstante, se espera que el añadido no prospere en el Pleno del Senado.La enmienda del señor De la Cierva añade un nuevo apartado al largo artículo 143 del proyecto de Constitución, y dice textualmente: «Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 146, compete al Estado, por sí o conjuntamente con ellas, la protección y el fomento del patrimonio cultural común y de la comunicación cultural entre todas, para lo cual el Estado podrá establecer en todo el territorio las ínstituciones educativas y culturales pertinentes.»

La enmienda fue aprobada con el voto en contra del Grupo Socialista y de la Entesa. En cambio, el Grupo Vasco se abstuvo, porque en principio no captó la gravedad del añadido. Por su parte, desde los escaños socialistas se pidió al portavoz de UCD que, no dejase pasar .la enmienda, porque ni siquiera había entrado en las negociaciones entre los dos grupos. Sin embargo, UCD votó a favor.

Todas estas circunstancias hicieron que tanto los socialistas como las minorías nacionalistas hayan calificado la aprobación de este texto como un golpe de mano protagonizado por un sector de UCD.

Tras la votación, el señor Benet afirmó que, personalmente, esa enmienda le obligaría a votar contra la totalidad de la Constitución, si sale adelante. «Si el otro día reunimos a medio millón de personas -dijo el señor Benet- este tema puede juntar a un millón de catalanes expresando su protesta. No se pueden dar estos golpes bajos a cambio de la seriedad y la prudencia con que estamos jugando nosotros.»

«Agresión», según los catalanes

Pedro Portabella, también miembro de la Entesa, calificó de «agresión» y de «inaceptable» el añadido y coincidió en que de no ser reparado en el Pleno, obligaría a su grupo a oponerse a la Constitución. Poco después se puso en contacto con la comisión de los veinte, que actualmente redacta el proyecto de estatuto catalán, quienes le expresaron su total solidaridad contra la enmienda y su preocupación por la aprobación.

El resto del artículo 143, que había sido debatido en la tarde del día anterior, fue aprobado con pocas modificaciones. En la votación del largo precepto se consumió la mayor parte del tiempo de la sesión de la mañana, pues entre las enmiendas presentadas y los textos procedentes del Congreso se necesitaron cerca de sesenta votaciones sucesivas.

Fueron derrotadas todas las enmiendas del Grupo Vasco, excepto una que establece la posibilidad de que las comunidades autónomas adquieran competencias en la ordenación del sector pesquero. El portavoz vasco, Miguel Unzueta, retiró otra enmienda de su grupo en favor de una propuesta de Alberto Ballarín, de UCD, que mejora notablemente el apartado referido a la distribución de competencias en la legislación civil, y que fue aprobada por unanimidad.

También fueron incluidas, a propuesta de Isaías Zarazaga, la competencia estatal en el establecimiento de las bases y la planificación general de la investigación científica y técnica; a propuesta de Manuel de Prado, el control del espacio aéreo; por enmienda de Lorenzo Martín-Retortillo, la legislación y gestión de los recursos hidráulicos; a propuesta del senador Sampedro, la legislación básica sobre medio ambiente; por enmienda del Grupo Socialista, la de vías pecuarias, y por iniciativa de Belén Landáburu, la normativa para el ejercicio de las profesiones tituladas.

Finalmente, los párrafos dos y tres fueron refundidos a propuesta de UCD en uno solo que reordena el precepto, según el cual las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán ser asumidas por las comunidades autónomas y el derecho estatal, prevalece sobre el de las comunidades en lo que no sea competencia exclusiva de éstas.

La sesión de la mañana terminó con la aprobación del artículo 144 tal como había venido del Congreso. Este artículo regula la delegación en las comunidades autónomas de facultades legislativas estatales, la transferencia a las comunidades de materias de titularidad estatal y la armonización por parte del poder central de las normas autonómicas.

Fracasaron los intentos del Grupo Vasco y Juan María Bandrés de suprimir esta última facultad estatal, así como la enmienda de Luis Sánchez Agesta, secundada por otra propuesta de Carlos Ollero, por la que se habría limitado a unas materias determinadas la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas competencias estatales.