UCD consiguió modificar indirectamente la regulación de la enseñanza en la Constitución

La Comisión Constitucional del Senado aprobó ayer la inclusión en el artículo 10º del proyecto de Constitución de un segundo párrafo, considerado por el Grupo Socialista como gravemente atentatorio contra el consenso logrado en el Congreso, por el que « las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interprefarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».El Grupo Socialista se opuso tajantemente a que se hiciese cualquier añadido a este artículo, por considerar que en realidad se estaba tratando de modificar indirectamente el artículo 25, relativo a la enseñanza. El portavoz del grupo, Francisco Ramos, advirtió que el añadido podría obligar a su partido a reconsiderar su postura afirmativa sobre la totalidad de la Constitución.

El Grupo de UCD intentó lograr un acuerdo a lo largo de más de la mitad de jornada que se empleó en el debate, y para ello suavizó progresivarnente, mediante dos enmiendas in voce sucesivas, su propuesta inicial, que daba a los pactos internacionales aludidos la función de tutelar y garantizar los derechos constitucionales.

A esta labor trató de cooperar también el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes -que no creía que hubiese trampa en la propuesta ucedista- mediante otra enmienda in voce, que fue parcialmente recogida por la final de UCD, por lo que PSI retiró la suya. También trató de mediar el profesor Carlos Ollero, de la Agrupación Independiente, que presentó dos propuestas, y al fin fue el inventor de la expresión «se interpretarán», recogida por UCD. Finalmente, fue aprobada la última propuesta de UCD por dieciséis votos a favor (UCD, PSI, Grupo Mixto y Grupo Independiente), seis en contra (socialistas y el catalán Cirici), y tres abstenciones (Benet, Ollero y Grupo Vasco).

Desde las diez y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, con un descanso de dos horas y media para el almuerzo y para dar tiempo a la negociación, se produjo, en resumen, el síguiente debate:

José Antonio Escudero (UCD). Nuestra enmienda trata de integrar a nuestro país en el ordenamiento jurídico internacional. España tuvo mucho que ver en el nacimiento de los derechos humanos, definidos ya por nuestros juristas mucho antes de que los consagraran las revoluciones liberales. Todos los derechos humanos, civiles, etcétera, de nuestra civilización han sido recogidos en los pactos internacionales que aludimos. Este párrafo sería, así, una plena y universal garantía de los derechos que enumera la Constitución.

Ramón Sainz de Baranda (socialistas). Los ilustres y brillantes diputados de UCD Oscar Alzaga y Miguel Herrero de Miñón emplearon en el Congreso, para oponerse a esta propuesta cuando fue presentada por el señor Cañellas, los mismos argumentos que ahora voy a utilizar. Decía el señor Alzaga que incluir ese párrafo supondría tener que rehacer toda la arquitectura de la Constitución.

España ya está integrada en las normas internacionales sobre derechos humanos, y sólo falta que el Gobierno ratífique lo que está por ratificar y deje de relacionarse con Gobiernos dictatoriales, como los de Videla o Pinochet.

¿Se pretende con esta enmienda reconocer los principios de autodeterminación o descolonización establecer la sindicación en el Ejército, hacer una interpretación restrictiva de nuestro ordenamiento? No, lo que UCI) quiere es hacer una variación grave del artículo 25, que es básico para la concordia lograda en el Congreso y recoge ya todos los pactos sobre derechos humanos en la educación.

Luis Sánchez Agesta (Grupo Independiente). Estoy de acuerdo en espíritu con UCD. Estos pactos internacionales pueden suponer el punto de encuentro. entre las diversas tendencias aquí presentes, puesto que son reconocidos por países de todas las ideologías como base de derecho común de toda la Humanidad.

Carlos Ollero (Agrupación Independiente). No comprendo cómo ayer se me rechazó la inclusión de principios generales de Derecho internacional y hoy se pretende nada menos que meter todo un bloque de normas positivas del mismo ámbito. Me opongo, porque esa inclusión distorsionaría completamente el texto del proyecto.

Julio Gutiérrez Rubio (Grupo Mixto). Apoyo la enmienda, porque no introduce una Constitución paralela, sino que encauza la nuestra.

Josep Benet (Entesa dels Catalans). Nos oponemos a la propuesta, porque estamos ante una hábil maniobra política. Si no fuese así, no se explicaría el radical cambio de opinión de UCD del Congreso al Senado.

Derecho canónico

Francisco Ramos (Socialistas). Además de las jurídicas, tenemos razones políticas para oponernos. En la calle, todo el mundo sabe que se pretende modificar indirectamente el texto de consenso del artículo 25, que no es que nosotros nos opongamos a los derechos humanos, sino que aquí se está hablando de enseñanza, y si acaso esta discusión tiene algo que ver con derechos es en todo caso con el Derecho canónico. ¿Tantas presiones derechistas ha habido para que el Grupo del Senado de UCD ponga en entredicho la palabra de su partido?

UCD no defiende intereses sectarios

José Antonio Escudero (UCD). Se ha extremado y sacado de contexto la posición de UCD en el Congreso. El señor Pérez Llorca dijo allí que nuestro partido no se opondría a una regulación razonable del tema, y eso estamos haciendo ahora.

No proponemos introducir un cuerpo extraño, porque hablamos de textos ratificados, que tampoco son vagos. No pretendemos defender intereses de grupos o sectarios, sino reforzar el Derecho constitucional. Si esta enmienda fuese una catástrofe, el resto de los artículos de este título serían catastróficos.

El diputado socialista Peces-Barba decía que la internacionalización jurídica de los derechos fundamentales favorece la democracia, porque limita la soberanía. No entendemos entonces cómo una defensa de estos derechos puede suponer la ruptura del consenso. No obstante, si ello posibilita el acuerdo, hacemos nuestra la enmienda del PSI.

Lorenzo Martín-Retortillo (PSI). Nuestra enmienda no enciesra ningún peligro ni es una trampa para salvaguardar privilegios. El artículo 13 del Pacto de los Derechos Humanos no es peligroso, pues ha sido ratificado por países con estructuras muy diversas.

Miguel Unzueta (Senadores Vascos). La enmienda tiene de positivo que supone una política abierta hacia los textos que están integrando Europa, pero al entender un sector importante de esta Cámara que supone un caballo de Troya sobre un tema de consenso, pedimos a UCD y a los socialistas que busquen un acuerdo que no malogre lo positivo de la propuesta.

Josep Benet (Entesa). En el artículo 90 se recoge ya la inclusión de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico, lo que hace innecesarias estas enmiendas, que además son conflictivas porque rompen el consenso necesario.

Sainz de Baranda (Socialistas). Mantenemos nuestros argumentos. Aunque la enmienda del PSI delimita los acuerdos, su esencia es igual que la de UCD, y persiste el peligro que veíamos.

Luis Sánchez Agesta (Grupo Independiente). La enmienda puede resultar retórica, si produce los mismo efectos que el artículo 90, pero es necesaria para hacer presente nuestra preocupación por los derechos que alude.

Al comienzo de la sesión había sido aprobado sin variación el párrafo 1 del artículo 10º, con el que se entraba en el título de los dere chos y deberes, y el artículo 9º, con modificaciones técnicas propuestas por el PSI.