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Entrevista:

Convergencia Democrática de Catalunya, a favor de la prolongación de la legislatura

Jordi Pujol -48 años de edad-, secretario general de Convergencia Democrática de Catalunya, a su condición de diputado y a las inquietudes políticas que de ello se derivan, suma la de banquero y los intereses inherentes a tan relevante actividad. Político ambicioso, sus máximas expectativas, a nivel personal, se ciñen en Cataluña a la presidencia de la Generalidad, una vez aprobado el Estatuto de Autonomía. Pero este tema apenas lo ha querido tratar en la entrevista que ha mantenido con Daniel Gavela. Jordi Pujol se ha explayado hablando de los temas generales de la política española, especialmente la problemática socieconómica, perspectiva que, en cualquier caso, puede resultar más interesante, dada la peculiar expectativa de poder que Convergencia Democrática de Catalunya mantiene de cara al otoño, cuando con sus doce diputados puede convertirse en la tabla de salvación para que el Gobierno de UCD no se vea obligado a convocar elecciones generales.

PREGUNTA. Hay una cuestión que los españoles desean conocer de la minoría catalana: ¿Han pactado ustedes con el Gobierno la prolongación de la actual legislatura?RESPUESTA: Esto es una obsesión de los periódicos y en absoluto está ahora sobre el tapete, aunque quizá pueda estarlo en el futuro. Es verdad que en octubre del año pasado se planteó nuestra entrada en el Gobierno, pero ahora, no. Lo que siempre ha dicho Convergencia Democrática de Catalunya es que, desde dentro o fuera del Gobierno, procuraría ayudar a que España fuera gobernada a base de un programa progresivo y racional que procure evitar que el país se deslice hacia situaciones que luego sean irrecuperables.

P. ¿En qué medida estamos a salvo de caer en esa situación irrecuperable?

R. Nosotros pensamos que las cosas han ido bastante bien. El cambio político ha marchado por buen camino, se está terminando de elaborar la Constitución de forma aceptable, y, finalmente, nos hemos enfrentado a la crisis económica, cosa que no se había hecho desde 1973, y ya se están detectando los efectos positivos, aunque sea preciso decir que el mérito no es exclusivo del Gobierno, sino también de los partidos políticos y las fuerzas sociales.

Pero a pesar de estos aspectos positivos, nuestra inquietud es muy grande porque es preciso con toda urgencia ir a un cambio cualitativo que vaya más allá de las medidas técnicas, porque éstas tienen un techo. Pensamos que la consolidación de la mejoría económica debe basarse en otros criterios que no sean solamente técnicos: hace falta un clima político social adecuado que permita crear un nuevo estilo de trabajar en común; uno de los componentes fundamentales de ese clima ha de ser la confrontación constructiva, la discusión de los temas a fondo entre empresarios y trabajadores.

El problema político más Importante que España tiene planteado en este momento es que esa confrontación constructiva no existe.

Y lo que es peor, tampoco existen los cauces que permitan ese diálogo. Si empresarios y trabajadores -no hablan en serio de los problemas de la economía en general y de la empresa en particular, no se va a producir ese nuevo clima de trabajo y vamos a asistir a un deterioro de la economía y de la situación política social similar al que se ha registrado en Italia.

P. ¿Considera usted que el pacto social que ha de suceder a los pactos de la Moncloa ha de tener a empresarios y trabajadores como protagonistas principales?

R. Efectivamente, creemos que habrá que negociar un nuevo pacto, principalmente a través de las fuerzas sociales y no sólo a través de las fuerzas políticas, pero ese pacto va a ser muy difícil de conseguir si previamente no se ha establecido el clima de confrontación constructiva. Es decir, previamente a la definición del nuevo pacto es importante que se haya iniciado el diálogo empresarios trabajadores sobre temas importantes y considerados tabúes tales como hasta qué punto pueden los empresarios en conjunto comprometerse a crear nuevos puestos de trabajo, qué condiciones conlleva esto en cuanto al restablecimiento de los márgenes de beneficio, cuál es el papel de los sindicatos en la economía y en la empresa o qué margen de movilidad de mano de obra se admite dada la necesidad de reestructurar la industria. Nosotros creemos que este clima de diálogo no se producirá sin el patrocinio del Gobierno, de ahí que una de sus mayores responsabilidades en el momento actual sea fomentarlo.

P. ¿Qué medidas legales pueden avudar al surgimiento del diálogo empresarios-trabajadores?

R. Yo diría que dos objetivos urgentes para después de las vacaciones son la ley de Acción Sindical, que quedó aprobada con un determinado texto en la comisión parlamentaria y hay que llevarla al Pleno, donde puede ser rediscutida, y la ley de Negociación Colectiva. cuyo proyecto ha sido ya elaborado por el Ministerio de Trabajo. Ambas leyes son fundamentales para saber dónde se está y para que cada cual sepa cuál es su papel.

P. ¿Qué pasos tendrían que dar, por su parte, empresarios y trabajadores?

R. Puesto que queremos construir un país europeo, debemos procurar tener actitudes empresariales y obreras de ese corte. Por parte empresarial, es preciso acelerar el proceso de consolidación de las patronales; por ejemplo después de las elecciones del 25 de septiembre, la CEOE debe estar en condiciones de llevar una política definida; los sindicatos, a su vez, deben superar la fase del desahogo y asumir ese papel negociador. Creo además que a los ojos de los trabajadores saldrían ganando al presentarse como responsables de esa capacidad de diálogo.

P. ¿No considera que queda muy poco tiempo para dialogar y a continuación pactar?

R. Queda poco tiempo; los nuevos pactos debemos tenerlos antes de fin de año, por tanto pensamos que inmediatamente después de las vacaciones debiera ponerse en marcha ese contacto entre empresarios y trabajadores propiciado por el gobierno. Nuestro partido ha presentado una interpelación al Gobierno para darle forma parlamentaria a esta inquietud.

P. Por el calendario político que se perflila, difícilmente va a poder su partido propiciar esta labor desde el Gobierno.

R. Insisto que lo de nuestra entrada en el Gobierno es una mera obsesión de los periodistas. En este momento, lo importante no es la fórmula de Gobierno que vamos a tener a partir del 15 ó 20 de octubre. Sea cual fuere, lo que es imprescindible es haber encontrado para entonces ese nuevo clima de producción porque si no la situación económica se va a deteriorar mucho y va a tener consecuencias en el terreno político. El problema de la fórmula de Gobierno está en manos del Gobierno y básicamente de su presidente. El Gobierno verá si después del referéndum conviene y le conviene prolongar la legislatura, para lo cual hay varias fórmulas.

P. ¿Como cuántas?

R. Por ejemplo. una coalición UCD-PSOE; un consenso generalizado o ciertos pactos de UCD con grupos minoritarios de la Cámara, con o sin entrada en el Gobierno. Y además está, no lo olvidemos, la posibilidad de convocar elecciones generales.

P. ¿Usted por cuál de ellas está?

R. Nuestro partido prefiere la prolongación de la legislatura porque va a permitir, entre otras cosas, la convocatoria de elecciones municipales rápidamente y yo no sé en otras partes de España, pero en Cataluña es absolutamente necesaria. Además nos permitiría una rápida discusión del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Finalmente esa prolongación de la Legislatura tendría que ser sobre la base de continuar la política de saneamiento de la economía. Si esto no fuera posible, es decir, si viéramos realmente que no existe la posibilidad de gobernar España, nosotros pensamos que habrá que ir a unas elecciones generales, aunque no sea la fórmula preferida por nuestro partido.

P. ¿O sea, que su meta es gobernar España?

R. Nuestra meta es colaborar a que España sea gobernada eficazmente en una línea política y social de progreso y de reconocimiento de unas autonomías adecuadas.

P. Pasando al ámbito de la política catalana. ¿para cuándo el estatuto?

R. Nuestro objetivo es presentarlo cuanto antes, una vez refrendada la Constitución. Queremos poder tener listo el proyecto para primeros de noviembre.

P. ¿Cuáles son los puntos conflictivos del estatuto entre los partidos catalanes?

R. Como más o menos conflictivos se presentan el grado de presidencialismo, la ley electoral, si ha de haber una o dos Cámaras y si va a haber o no presidente del Gobierno. De lo que estoy seguro es que nos vamos a entender.

P. Y con el Estado, ¿dónde van a residir las mayores dificultades?

R. La Constitución deja las cosas bastante definidas en algunos puntos. Pero todos tenemos el problema de la hacienda de los Gobiernos autónomos. Este tema puede ser explosivo a medio plazo. Repartir libertades no es especialmente difícil, ya que todos salen ganando; lo complicado es repartir el dinero, que es un bien escaso. Por eso lamentamos que en el Congreso no se aceptara la creación de una comisión especial para fijar una política contra el subdesarrollo, política que debería ser bastante consensuada no sólo entre partidos, sino también entre las regiones y nacionalidades.

P. ¿El tratamiento que el estatuto dé a la presidencia de la Generalidad le preocupa especialmente a Jordi Pujol?

R. No, en absoluto. Convergencia es partidaria de un presidencialismo moderado. No estamos ni por el asambleísmo ni por el poder en un solo hombre.

P. ¿Es verdad -como se dice- que diferencias surgidas entre Convergencia y la UCD, a causa de su abstención en una enmienda sobre la autodeterminación, han frenado la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto-ley sobre enseñanza obligatoria del catalán?

R. Eso lo dice EL PAIS. Yo no lo sé. Es verdad que tuvimos un papel importante en la negociación de ese texto legal, pero aún en el caso de que existieran esas diferencias entre un partido y el Gobierno, no deberían repercutir negativamente sobre toda Cataluña. Tengo la firme convicción de que será publicado antes del próximo curso.

Y en cuanto a la abstención a la que me hace referencia, Trias Fargas explicó su sentido en la Cámara y quedó claro que no comportaba ningún tipo de secesionismo. Ya hace un par de años que venimos actuando en la política española, en términos de integración al quehacer colectivo y creo que nuestra actitud ha sido siempre constructiva desde un punto de vista español.

P. ¿Cree usted que tiene algo que ver este retraso con un posible desinterés de la presidencia de la Generalidad por la forma en que se ha resuelto el tema de la cooficialidad del catalán en la enseñanza?

R. Desde luego que no. El presidente de la Generalidad es un catalanista y como tal no puede estar en contra de este decreto-ley y me consta que no lo está. Debo añadir, además. que cuanto hemos negociado no lo hemos hecho ni a sus espaldas ni sin su apoyo. El día que, finalmente, lo veamos publicado en el Boletín Oficial del Estado, el mérito fundamental va a ser de la Generalidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de agosto de 1978

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