El Ayuntamiento de Granollers, implicado en un escándalo urbanístico
Doscientos ochenta adjudicatarios de viviendas sociales de la ciudad de Granollers (Barcelona) podrían verse afectados por la inminente suspensión de pagos de la empresa municipal Viviendas Municipales de Granollers, SA (Vimugrasa), promotora de la construcción de 380 viviendas en el barrio de Can Monich de esta ciudad.
Vimugrasa, al ser una empresa municipal, tiene como presidente del consejo de administración al alcalde de Granollers, Francisco Llobet Arnau, diputado provincial en la Diputación de Barcelona. Llobet ocupó la presidencia en funciones de esta institución al dejar el cargo Juan Antonio Samaranch y mientras no tomó posesión del mismo Tarradellas.Los adjudicatarios han entregado a Vimugrasa cantidades que oscilan entre las 90.000 y las 240.000 pesetas. Vimugrasa argumenta que no puede pagar las obras debido a que ha fallado el sistema de financiación empleado.
Los perjudicados, por su parte, no aceptan las razones dadas por el Ayuntamiento de Granollers, y aluden a una supuesta estafa a la vez que exigen la inmediata devolución de las cantidades entregadas.
El Ayuntamiento ha respondido que las citadas cantidades han sido empleadas para pagar los terrenos comprados para construir las viviendas, así como para sufragar los servicios técnicos.
Según los perjudicados, los terrenos adquiridos - pese a que Vimugrasa asegura que los compró a Valentí Leyro, un constructor de la ciudad- lo fueron a un grupo de cuatro mujeres, entre las que se encuentran la esposa del alcalde, con lo cual todo habría quedado en una maniobra especulativa.
Actualmente, las obras permanecen paradas, con la estructura construida y con sólo el piso de muestra acabado.
Con ello el problema adquiere un nuevo aspecto en su vertiente laboral. Cerca de doscientos trabajadores de la construcción se verían materialmente en la calle como consecuencia de la situación en que ha quedado el constructor de las obras. Construcciones Pedro López, SA - la empresa adjudicataria - ha librado a Vimugrasa certificados de obras por valor de 76 millones de pesetas, de las que se le han pagado 31 millones, mediante un préstamo que la empresa municipal concertó con la Caja de Ahorros de Sabadell, y que ya ha vencido y permanece impagado.
En la memoria elaborada por el Ayuntamiento para solicitar la suspensión de pagos se incluyen diversos escritos dirigidos al gobernador civil, al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y al presidente Suárez sobre la imposibilidad por parte de Vimugrasa y del Ayuntamiento de hacer frente a las acciones judiciales que en su contra se prevén.
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