La Constitución y el Partido Nacionalista Vasco

En un sistema democrático, la disensión es un hecho cotidiano que no sólo no pone en peligro el sistema, sino que forma parte de la misma esencia de la democracia. Sólo en los regímenes antidemocráticos -comunistas o fascistas- se considera la disidencia como una aberración que, al poner en cuestión la ideología estatuida, debe ser eliminada o alojada en hospitales psiquiátricos o campos de concentración.A nadie puede sorprenderle, pues, que personas, grupos o partidos ejerciten su derecho a disentir y se muestren contrarios al proyecto de Constitución.

Hasta aquí, entiendo, el razonamiento o discurso es obvio. Y es igualmente obvio que el Partido Nacionalista Vasco puede legítimamente oponerse al proyecto constitucional y propugnar la abstención o el voto negativo en el próximo referéndum. Y es igualmente obvio que tal actitud del Partido Nacionalista Vasco y los argumentos más o menos explícitos en que se justifica pueden ser objeto de una crítica abierta y frontal, si bien no estoy seguro de que los nacionalistas vascos admitan las críticas a juzgar por sus reacciones frente a las opiniones de Tarradellas que, en lugar de ser rebatidas, han sido fulminadas como «injerencia en los asuntos internos».

Si no he entendido mal, pretenden los nacionalistas vascos una inequívoca declaración en el texto constitucional que permita el restablecimiento de sus instituciones forales. Supongo que esta reivindicación -transcendental, puesto que es determinante de la actitud a adoptar por el Partido Nacionalista Vasco frente a la Constitución- albergará otras exigencias concretas y tangibles que no sea la reivindicación por los conciertos económico- fiscales.

En todo caso, resulta escasamente inteligible que un partido de tanta implantación en el País Vasco, con pretensiones representativas hegemónicas, cifre sus aspiraciones autonómicas en el restablecimiento de la vigencia de instituciones de carácter estrictamente medieval; que un partido que agrupa a una burguesía familiarizada con la sociedad industrial pretenda la implantación de figuras jurídicas que han desaparecido no por el despotismo centralista o franquista, sino por un implacable progreso histórico que ha barrido en los países desarrollados los residuos de concepciones feudales.

Es muy respetable, es incluso rigurosamente admirable, que los vascos hayan conservado una lengua, unas tradiciones, en suma, una cultura que, insisto, no sólo merece respeto, sino también un decidido apoyo por parte del resto de los españoles o, por utilizar una desafortunada expresión al uso, pueblos del Estado español. Pero todo ello no tiene por qué pasar por el restablecimiento de fueros, juramentos, pactos o conciertos. Más aún: si nos aferramos a tales figuras habría que, por una parte, generalizarlas al resto de España, que también se ha regido por tales patrones durante siglos. Por otra parte, ello imposibilitaría un Gobierno para todos los pueblos vascos -tanto más si se incluye a Navarra-, que sería prácticamente incompatible con el entramado foral. Que yo sepa, sólo durante la guerra civilha existido un ente político- administrativo con atribuciones en todo el País Vasco (sin incluir a Navarra), lo que no impide a los nacionalistas vascos reivindicar la existencia de ese ente o Gobierno como la primera de las reivindicaciones de una historia secular.

El Partido Nacionalista Vasco, pues, debería clarificar sus posiciones. Debería explicarnos cómo pueden hacerse compatibles un moderno y progresivo modelo autonómico con la vigencia de unos fueros que más parecen reclamarse por factores emotivos que por un deseo de autogobierno.

Autonomía -y tanto más autodeterminación- y fueros son concepciones antagónicas. Negarse a aceptar la futura Constitución por no restablecer los fueros; pretender mantener vigente a estas alturas una filosofía basada en los pactos entre los poderes locales y la Corona es una perfecta incongruencia, que no tendría excesiva trascendencia si no fuese porque, bajo ese pretexto, una parte importante del pueblo vasco puede llegar a impugnar la Constitución por motivos nada racionales.

Frente a sus oponentes, el Partido Nacionalista Vasco acude con frecuencia al fácil expediente de escudarse en que sus críticos no comprenden el problema vasco. Y no les falta del todo razón por cuanto resulta de difícil digestión conciliar la existencia de un Gobierno en el exilio y otro en el interior apoyado por los mismos grupos; conciliar las aspiraciones autonómicas para todo el País Vasco con los fijeros de carácter local o provincial; o el ideal de justicia tributaría con los conciertos fiscales.

Las preguntas quedan en el aire. Pero debo añadir una última e insoslayable cuestión. Se nos había dicho que la pacificación del País Vasco pasaba por la amnistía total y el reconocimiento de un Gobierno vasco.

Alcanzados tales objetivos -sin perjuicio de que ese Gobierno, por razones fácilmente comprensibles, tenga hasta la fecha atribuciones muy limitadas-, el terrorismo sigue actuando ante la insensata complicidad o complacencia de un buen sector de la población. Pues bien, nada menos que el presidente del Partido Nacionalista Vasco nos ha advertido, e incluso amenazaoo, con que sin fueros no habrá paz. Y, sin otras explicaciones, se nos promete que si se restablecen los fueros volverán de modo inmediato la paz y la felicidad al País Vasco.

Cuando menos habrá que poner en duda tales hipótesis. Sin un esfuerzo de reflexión y autocrítica que permitan salir de toda esta gran confusión, difícilmente podrá resolverse el problema vasco. Reduciendo todo a meros slogans, mitos y reivindicaciones de equívoco contenido; simplificando de forma maniquea los problemas y su trasfondo histórico, va a ser difícil avanzar por una senda que, se quiera o no, nos es común a todos los españoles, sin distinción de regiones, nacionalidades, etnias o idiomas.