La autonomía de Extremadura

Comité Ejecutivo PCE

En estos días, tras el decreto que regula el régimen preautonómico para Extremadura, se empiezan a estructurar las funciones y mecanismos que van a configurar la definitiva autonomía extremeña. Para la región más pobre de España: menor renta por habitante, mayor tasa de emigración, la autonomía sólo puede ser la palanca para superar el estado. de subdesarrollo, el instrumento para resolver los problemas inmediatos y diseñar una estrategia de dinamización económica, cultural y social.

Extremadura es un equilibrio de debilidades. La atonía de la demanda se enfrenta a un producción todavía más baja. La escasa capacidad de ahorro interior resulta equivalente a los niveles de inversión especialmente reducidos: incluso se da una corriente de recursos privados hacia las zonas industrializadas. El déficit del producto interior debe ser cubierto, principalmente, con transferencias del sector público; sin embargo, las tasas de gastos corrientes y las inversiones de la Administración están en los últimos lugares de España. El resumen sería la falta de potencial para generar recursos propios que puedan alimentar el desarrollo futuro. La región extremeña necesita con urgencia la solidaridad nacional que el proyecto de Constitución propone. La economía extremeña requiere impulsos externos, financiación para iniciar el despegue, concretados especialmente en la aplicación de fondos públicos de acuerdo con un plan elaborado democráticamente por la sociedad y las instituciones autonómicas extremeñas, que deberán ser también responsables de la administración de los programas aprobados.

Las malas noticias que llegan ahora del sector agrario: posibles pérdidas de gran importancia en los cereales, uva, incertidumbre en la cosecha de tomate, etcétera, plantean las soluciones con carácter de urgencia. Es necesario reconocer que Extremadura vive una situación de emergencia económica y social, que puede ser catastrófica e irreversible. En estas circunstancias el contenido de la autonomía a corto y medio plazo tendría que ser: 1) Confección por la Junta de Extremadura de un Plan Urgente Económico y Social, de acuerdo con los partidos políticos, centrales sindicales, cooperativas, asociaciones profesionales, organizaciones empresariales, cajas de ahorro, etcétera, que siente las bases de un desarrollo cuantitativo u cualitativo de la región extremeña. 2) Propuesta formal de este plan ante el Parlamento, que deberá apreciar las razones de urgencia en la tramitación, y garantizar con su discusión y aprobación la coherencia del mismo con los objetivos de la política económica global. 3) Tras el refrendo por el Gobierno, disponer las medidas que permitan la gestión del plan por los organismos autonómicos de Extremadura asegurando la coordinación con los ministerios y otras admnistraciones públicas.

Este sistema posibilita la participación democrática de la sociedad extremeña, consolida el protagonismo de la Junta de Extremadura, y evita los graves errores de improvisación y centralización excesiva registrados al arbitrar las disposiciones de emergencia para Canarias. El Plan Económico y Social requiere la explicitación de un plan financiero donde se detalle el origen diverso de los recursos movilizados: presupuesto del Estado, expansión del crédito oficial aplicado a Extremadura, emisión especial de deuda, inversiones de los organismos autónomos, activación de las aportaciones financieras de SODIEX, etcétera.

Esta actuación requiere la puesta en marcha de dos programas previos a muy corto plazo, que sean congruentes con el plan; el primero, para remediar la situación de catástrofe agrícola adoptando las medidas técnicas y administrativas precisas; el segundo, un programa específico de lucha contra el paro donde se utilicen al máximo las posibilidades de la Administración central, de los municipios, Seguridad Social y entidades de crédito.

Si el diagnóstico revela una situación indudable de emergencia, las actuaciones antes apuntadas son posibles si cuentan con el respaldo efectivo de las fuerzas sociales y políticas, la Junta de Extremadura, yo diría con tanto o más fundamento que en Canarias, debe acoger a todas las fuerzas políticas significativas, aunque no tengan hoy parlamentarios por las provincias extremeñas. No tiene sentido, un año después de las elecciones del 15 de junio, cuando parece evidente que la distribución del voto popular no se corresponde exactamente con los resultados de entonces, basar la composición de los organismos de la Junta en la interpretación estricta de aquellas cifras. En especial si recordamos que algunos partidos políticos, en concreto el PCE, participaron en candidaturas triunfantes de coalición para el Senado de manera explícita y formal. El decreto sobre el régimen preautonómico determina ya la composición de la Junta, pero parece posible encontrar fórmulas de integración de otras fuerzas políticas de indudable representatividad al elaborar las normas que desarrollan el decreto que da paso a la creación de la Junta Regional.

Interesa sobre todo agrupar el mayor número de fuerzas, conseguir responsabilizar al conjunto de los sectores políticos relevantes de las tareas históricas de poner en marcha la salida hacia adelante de Extremadura. El Plan Económico y Social antes esbozado se tiene que corresponder con un acuerdo político de fondo, duradero, para una inflexión radical de las tendencias económicas y sociales de hoy, amenazadoras para el futuro de las familias extremeñas. Este debe ser el objetivo prioritario para el abanico de fuerzas políticas por encima de consideraciones particulares. Hay que demostrar que autonomía significa acercar al pueblo los centros de decisión política, descentralizar la gestión pública, favorecer la participación democrática de la sociedad para resolver sus propios problemas. Desde luego, el PCE aborda el comienzo de la autonomía para Extremadura con el mayor espíritu constructivo, de búsqueda y aplicación de soluciones concretas.