Fernández Ordóñez expuso ante el Senado la actuacion de Hacienda en el crédito alemán a la UGT

Escuetamente, dando la sensación de no dar demasiada importancia al tema, el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, expuso ayer ante el Pleno del Senado cuál había sido la actuación de los organismos españoles, concretamente del Banco Exterior de España, en la concesión del aval concedido a la Unión General de Trabajadores (UGT) para recibir un crédito de diez millones de marcos de un banco alemán.

El ministro, que aportó los datos y las fechas de la operación crediticia, respondió así a una pregunta formulada al Gobierno sobre este tema por el senador por Soria, Fidel Carazo, perteneciente al Grupo Mixto. Una parte de la misma pregunta abordaba también el tema de la expulsión de ciudadanos soviéticos del territorio nacional. Sin embargo, esta parte de la pregunta no fue contestada, ya que, según anunció el presidente del Senado, Antonio Fontán, el Gobierno había enviado un escrito, en base al artículo 131, apartado tercero, del reglamento de la Cámara, por el que comunicaba que no había lugar a contestar en relación con el tema planteado.En lo que se refiere al crédito alemán concedido a la UGT, el senador Fidel Carazo, recogiendo, según dijo, la inquietud que había levantado un periódico madrileño en torno a posibles irregularidades en el aval concedido para este crédito, preguntó al ministro de Hacienda si el aval era legal y quién y cómo había sido autorizado, y recordó que existe la prohibición de que las asociaciones políticas reciban ayuda económica de potencias extranjeras. El senador manifestó que había habido ocultamiento del hecho desde las esferas del Gobierno y señaló que éste debe rendir cuentas e impulsar las investigaciones que se precisen para depurar las responsabilidades correspondientes, si las hubiere.

El señor Fernández Ordóñez, quien dijo responder con gusto a la pregunta que se había formulado recogiendo la inquietud de algún medio informativo, inició su contestación afirmando que la ley del 1 de abril de 1977, que regula el derecho de asociación sindical, no tiene ninguna cláusula que prohíba recibir créditos a las asociaciones acogidas a la misma. «Por otra parte -afirmó-, el Banco Exterior de España funciona, en este terreno, como un banco privado, habiendo concedido créditos a entidades y organizaciones de la antigua organización sindical, por lo que no es extraño que haya avalado el crédito concedido a la UGT.».

El ministro hizo historia de cómo se había desarrollado la operación crediticia. A principios de noviembre de 1977 un banco alemán se puso en contacto con el, Banco de España para comunicarle la petición de crédito de la UGT. El Banco de España se dirigió al Banco Exterior de España, como entidad capacitada legalmente para avalar el crédito, y esta última entidad bancaria solicitó a su vez los dictámenes correspondientes a los organismos competentes del Ministerio de Hacienda. Este Ministerio contestó que no había ningún inconveniente para la concesión del aval y el Banco Exterior de España decidió concederlo por unanimidad. El banco alemán recibió el aval el 20 de diciembre de 1977 y el 18 de enero siguiente concedió el crédito que le había sido solicitado por la Unión General de Trabajadores.

Tras la intervención del ministro, el senador Fidel Carazo expresó su agradecimiento por la respuesta y manifestó que en su pregunta no había ningún propósito de atacar a la UGT, sino que se había limitado a plantear al Gobierno una cuestión que preocupaba a la opinión pública.

Asistencia de abogado al detenido

El Senado aprobó ayer por 108 votos a favor y uno en contra, con modificaciones respecto al texto aprobado anteriormente por el Congreso, el proyecto de ley que establece la asistencia de letrado al detenido desde el mismo momento de su detención. En general, el proyecto del Senado, que fue defendido por el senador Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados de Madrid, refuerza y asegura de una manera más efectiva las garantías procesales tanto del detenido como del preso. El texto aprobado por el Senado garantiza con más fuerza que el del Congreso el derecho absoluto del detenido a no declarar, tanto sin la presencia de su abogado como ante él. Expresamente se establece que las personas encargadas de la custodia del detenido tendrán la obligación de ponerse en contacto a efectos de designación de letrado con el correspondiente colegio de abogados. Dadas las modificaciones aportadas por el Senado al proyecto de ley aprobado por el Congreso, éste deberá ser remitida a la comisión mixta Congreso-Senado, con el fin de elaborar un texto con el que muestren su conformidad ambas Cámaras.

Con anterioridad a la aprobación de este proyecto de ley, el Pleno del Senado debatió dos interpelaciones, una sobre la concepción de la autonomía universitaria en proyecto de ley general universitaria que actualmente elabora el Gobierno, planteada por el senador de Entesa dels Catalans, Jaume Sobrequés, y otra sobre el retraso la concesión del régimen preautonómico para Asturias, formada por el senador socialista Fernando Morán, las cuales originaron un debate político, no exento de cierta tensión, entre los sectores interpelantes y el Gobierno, presentado en,un caso por el

nistro de Educación, Iñigo Cave y en otro por el ministro para Regiones, Manuel Clavero Aré lo.

El tema del retraso de la preautonomía de Asturias, sobre el que ayer mismo hubo conversaciones entre los parlamentarios asturianos y el Ministerio para las Regiones fue abordado con moderación según reconoció posteriormente el propio ministro para las Región por el senador Fernando Morán aunque este advirtió al Gobierno que haría mal en exacerbar el sano regionalismo que por ahora existe en Asturias.

El ministro para las Regiones Manuel Clavero Arévalo, respondió que el retraso de la preautonomía de Asturias hay que atribuirlo, fundamentalmente, al carácter uniprovincial de esta región que plantea el problema de la duplicidad de sus órganos preautonómicos