La potestad originaria de establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado

La planificación económica, el régimen jurídico de los bienes de dominio público y comunales y la potestad para establecer tributos por parte del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, fueron los primeros temas estudiados ayer por la Comisión Constitucional, que avanzó lentamente en su trabajo.

El tema de la planificación, planteado en el artículo 123, suscitó un debate sobre los planes de desarrollo registrados durante la dictadura franquista. En favor de éstos intervinieron Manuel Fraga y Laureano López Rodó (AP), y en contra, el diputado comunista Ramón Tamames. En definitiva, los aliancistas, así como el diputado del Grupo Mixto Carlos Güell de Sentmenat, se pronunciaron al favor de la planificación indicativa para evitar -en palabras del señor López Rodó- el «peligro de planes de inspiración totalitaria», que obliguen no sólo a la empresa pública, sino a la empresa privada, «esencial en la economía de mercado que consagra la Constitución».En el otro extremo de las posiciones expuestas figuró una enmienda in voce de Emilio Gastón (Grupo Mixto), por la que pretendía sustituir la expresión «podrá planificar» -referida al Estado- por la de «planificará».

Por otra parte, Alianza Popular defendió que el consejo para colaborar en materia de planificación se denomine económico-social.

Ninguna de estas enmiendas prosperó, a excepción de una formulada por el señor López Rodó, por la que la alusión a los recursos del país quedó sustituida por la referencia a la renta, la riqueza «y su más justa distribución».

Sólo se opuso a esta enmienda el comunista señor Tamames, por considerar más acertada la expresión sustituida.

Otra enmienda de Francisco Letamendía (Euskadiko Ezkerra), encaminada a lograr que las comunidades autónomas tengan un mayor protagonismo en la elaboración democrática de los planes económicos, fue objetada por el señor Fraga, quien advirtió contra el peligro separatista que podría convertir a España en un ex Estado y hacerle caer «en el basurero de la Historia». La enmienda del señor Letamendía sólo obtuvo el voto favorable del diputado del PNV, dieciocho en contra (UCD y AP) y catorce abstenciones. En el debate sobre el artículo 124, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, prosperó una enmienda de UCD, defendida por José Luis Meilán, y a la que se incorporó un inciso propuesto por el señor López Rodó. La principal innovación de la enmienda, que fue aprobada por unanimidad, consiste en la aligeración del apartado primero: la precisión en el apartado segundo de que el dominio público será estatal y afectará también a la zona económica y a los recursos geológicos, y finalmente la inclusión de un nuevo apartado que establece la defensa y conservación del patrimonio del Estado.

El Intento del señor Gastón por añadir a los bienes de dominio público «las riberas de los ríos y lagos» fue rechazado por la Comision.

El artículo 125, que regula la potestad para establecer tributos, suscitó una enmienda del señor Letamendía, por la que pretendía que tal potestad corresponda al Estado, a los territorios autónomos, a las corporaciones locales y a aquellas otras entidades que gocen de regímenes forales históricos fue rechazada.

Ramón Trías (Minoría Catalana) defendió, en una larga intervención leída, la potestad de los territorios autónomos para establecer tributos, por estimar que sin esta posibilidad la autonomía cae por su base. En cuanto a la solidaridad de todas las comunidades autonómicas, el señor Trías señaló que deben ser las regiones subdesarrolladas, y no Madrid, las que digan lo que necesitan, mientras que corresponde al Estado la prestación de una serie de servicios públicos generales, tales como defensa nacional, asuntos exteriores otros. El señor Trías retiró finalmente su enmienda, a pesar de lo cual el señor Fraga le contestó defendiendo que la soberanía fiscal sólo corresponde al Estado español. si bien estuvo de acuerdo en rechazar un Estado centralizado.

Por su parte, el señor Fraga defendió una enmienda de su compañero de grupo Gregorio López Bravo, según la cual el establecimiento de tributos sólo podría hacerse «mediante ley votada en Cortes». Se opuso el socialista señor Peces-Barba, por considerar que en el actual régimen todas las leyes habrán de ser votadas en Cortes. a lo que el señor Fraga replicó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene entendiendo por ley, toda disposición con rango de tal, aunque no sea votada por las Cortes.

La atribución al Estado de la potestad para establecer tributos fue aprobado con el único voto en contra del PNV y la abstención de la Minoría Catalana.

Los dos últimos apartados del artículo 125 fueron aprobados con los dos únicos votos en contra de Alianza Popular y como resultado de una enmienda presentada por UCD, por la que se suprime la prohibición al Estado de realizar gastos sin la previa autorización de las Cortes Generales.

Attard: "Habrá sesiones nocturnas"

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, Emilio Attard, declaró ayer que si es preciso se celebrarán sesiones nocturnas con objeto de que no se demoren los trabajos constitucionales.

El señor Attard hizo esta afirmación al ser preguntado en relación con la postura adoptada por el grupo parlamentario de Alianza Popular, cuyo portavoz, Manuel Fraga, anunció por la mañana en el seno de la Comisión que su grupo no renuncia a la defensa de ninguna de las enmiendas planteadas a los artículos pendientes de debate.

La actitud de AP se presenta como un obstáculo serio para que el anteproyecto de Constitución pueda quedar dictaminado el próximo jueves, día 15, aniversario de las elecciones generales.