Fernando Abril se incorpora a la negociacion final de la Constitución

El vicepresidente del Gobierno Fernando Abril se reunió ayer en el despacho del diputado socialista Gregorio Peces-Barba, en la calle del Conde de Xiquena, con otros miembros de la Comisión Constitucional, entre los que se encontraban, con toda seguridad, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Oscar Alzaga y José Luis Meilán (Unión de Centro Democrático) y Alfonso Guerra (Partido Socialista Obrero Español). No existe seguridad sobre la presencia del diputado socialista Enrique Barón ni del comunista Jordi Solé Turá, que sí han estado presentes en otras reuniones secretas celebradas en el mismo lugar. El consenso sobre el capítulo dedicado a Economía y Hacienda, así como una infructuosa negociación sobre la ley de Acción Sindical fueron los principales temas tratados.

La presencia de un miembro del Gobierno en este momento de las negociaciones -cuando ya se han celebrado otras muchas reuniones, siempre desmentidas por sus protagonistas- hace suponer que se mantiene el acuerdo básico y que se ha entrado en la última etapa de las negociaciones. Los, puntos más conflictivos siguen siendo los relativos al capítulo tercero del título VIII, que regula las comunidades autónomas. El Gobierno y los grupos parlamentarios desean dar solemnidad al término de los trabajos en la Comisión Constitucional y probablemente lo hagan coincidir con el primer aniversario de las elecciones del 15 de junio. El texto constitucional se debatirá después, a lo largo de una semana, en el Pleno del Congreso, para pasar posteriormente alSenado.Aunque los términos de esta última negociación se mantienen en el más absoluto secreto, los puntos que seguían considerándose ayer más conflictivos son los relacionados con el poder judicial autonómico y las competencias en materia de educación. En las conversaciones anteriores se perfilaron dos posturas distintas: la de los dos partidos nacionalistas (PNV y Minoría Catalana) y la de los partidos de ámbito estatal.

El tema del poder judicial autonómico -la existencia de tribunales superiores que cumplan, en su ámbito, una función similar a la del Tribunal Supremo- se planteó ya en la discusión del artículo 115 del anteproyecto, pero tanto los representantes del PNV como de la Minoría Catalana -de acuerdo con lo que se había tratado en las negociaciones simultáneas con el resto de los grupos- propusieron que se pospusiera la discusión hasta que se entre en el título VIII.

Para el PNV se plantea un problema adicional: el reconocimiento de los derechos forales que históricamente tuvo el pueblo vasco y que les fueron arrebatados por acciones de guerra. «Si lo que preocupa fundamentalmente es la unidad del Estado -declaró ayer al corresponsal de EL PAIS Jesús Ceberio el presidente del PNV, Carlos Garaicoechea-, nosotros hemos ofrecido ya la fórmula para solventar de una vez este contencioso mediante el pacto foral con la Corona.»

Los propios nacionalistas vasideran Improbable que cos consi pospere su planteamiento, por lo que ofrecen otra redacción alternativa. «Aún cabe la posibilidad de que se incluya algún artículo -añadió el señor Garaicoechea- que, hábilmente redactado, deje al menos abierta la puerta al reconocimiento de los derechos forales, de acuerdo con los representantes del pueblo vasco. Esta fórmula, menos satisfactoria para nosotros, es lo mínimo que podemos pedir.»

El único grupo parlamentario que parece permanecer al margen de las negociaciones constitucionales es Alianza Popular. Sin embargo, su líder, Manuel Fraga, está siendo informado del desarrollo de las mismas.