El Estado adeuda varios miles de millones de pesetas en indemnizaciones laborales

Alrededor de 5.000 ó 6.000 trabajadores, sólo en Cataluña, estarían sufriendo las consecuencias de una grave contradicción organizativa y de competencias entre el Ministerio de Trabajo y el de Sanidad, según informaron ayer miembros de la Coordinadora de Abogados Laboralistas de Barcelona, la cual agrupa abogados de todas las tendencias sindicales, desde CNT a CCOO.

Según los citados abogados existen actualmente dos organismos que dependientes de ministerios distintos -Sanidad y Trabajo- rehuyen y se atribuyen mutuamente las responsabilidades de pagar las indemnizaciones que Magistratura de Trabajo asigna a trabajadores despedidos improcedentemente.Según la ley, cuando se dicta un despido improcedente y la empresa se declara insolvente o bien está en quiebra, el Estado tiene la obligación de pagar la citada indemnización.

Hasta julio del pasado año no hubo problemas, ya que el citado pago se hacía a través del Ministerio de Trabajo, mediante el INP y el Fondo del Seguro de Desempleo. Sin embargo, tras la separación de la Seguridad Social de este Ministerio y la creación del Ministerio de Sanidad, se da el caso de una duplicidad de competencias. Ello es posible debido a que se crea el Fondo de Garantía Salarial, dependiente del Ministerio de Trabajo y que, en teoría, está encargado de la misma función que desempeñaba el INP en lo que respecta al pago de las citadas indemnizaciones.

De manera sistemática, informaron los ahogados laboralistas, los trabajadores en la citada situación de despedidos con indemnización, se encuentran con que uno y otro organismo aluden a que la competencia es del contrario. A veces, aunque no generalmente, si la sentencia de Magistratura es anterior a la creación del Fondo de Garantía Salarial, es el INP el que paga, y contrariamente es el Fondo de Garantía Salarial el que paga si la sentencia es posterior. Sin embargo, se dan casos en que el requisito exigido para el pago, es que sea la declaración de insolvencia la que marque la competencia de pago, con lo que hay trabajadores que tardan tres años en cobrar la indemnización.

El próximo sábado día 10, se ha convocado una asamblea de trabajadores afectados por esta dualidad de competencias. Paralelamente los abogados laboralistas han solicitado entrevistarse con los titulares de ambos ministerios a la vez, para que definan el marco de competencia de cada departamento.

Según una valoración, aún no concluida, el total de indemnizaciones no pagadas hasta la fecha debido a esta situación podría ascender a varios miles de millones de pesetas, afirmaron los abogados.

Por otra parte, y según noticias recibidas en la redacción central de EL PAIS, en Madrid y en distintas provincias se están haciendo reuniones de abogados laboralistas y gestiones similares a las de Barcelona. Unas 100.000 personas serían víctimas de esta situación de clara inseguridad jurídica.