Justicia Democrática, ante la nueva situación española
Entre los damnificados de Justicia Democrática, durante el régimen anterior, hay ahora, incluso, algún presidente de junta preautonómica. Siete fueron los miembros de este movimiento que resultaron represaliados o marginados de una u otra forma por militar en un grupo que pedía el acercamiento de la administración de la justicia al pueblo.El libro que ahora ha publicado Justicia Democrática, en la colección Documentos políticos de Tucar Ediciones, «tiene el valor histórico de un testimonio», como dice uno de los componentes de JD. «Es una evidencia de que los profesionales de la carrera judicial no estuvimos callados durante el tiempo de la dictadura.»
«Seguiremos reclamando que se consigan nuestros objetivos, y continuaremos llamándonos Justicia Democrática para diferenciarnos de otras tendencias que pretendan adjetivar a la justicia de otra forma.»
Algunos miembros de Justicia Democrática creen que hay sectores conservadores en la justicia española que preferirían organizarse pura y exclusivamente como entidades profesionalistas.
Seguirá existiendo Justicia Democrática, porque «la democracia no es una meta, sino un proceso, y el poder judicial está obligado a contribuir a ese proceso de modo permanente».
«Sabemos que el nombre de nuestro movimiento ha molestado y molesta en sectores para los que somos incómodos porque no permanecemos mudos. No les molesta el adjetivo democrático. Lo que, les perturba es nuestra existencia.
Justicia Democrática nació hace diez años. «Fue un nacimiento similar al de los ríos: completamente natural», comentaba ayer uno de sus miembros. «No era confortable nuestro trabajo. No nos quedó más remedio que buscar compañeros afines.»
En 1977 se produjo la fecha culminante de este movimiento, cuando sus miembros celebraron el primer congreso -clandestino- y el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, les recibió oficialmente. Aun así, ha seguido habiendo damnificados en la lucha por cambiar la imagen de la justicia en este país. Hace unos meses, el fiscal Jesús Vicente Chamorro fue expedientado por el ministerio fiscal por participar sin permiso en un programa de televisión en el que se hablaba de su profesión.
El expediente incoado al señor Chamorro ha dado lugar a nuevas reivindicaciones de libertad de expresión, de sindicación y de afiliación a partidos políticos pedidas reiteradamente por Justicia Democrática tanto en su primer congreso como en los artículos que componen este libro.
«Es de esperar que este expediente cierre la lista y que la Constitución reconozca todos los derechos ciudadanos, sin que de ellos sean excluidos los derechos de los funcionarios. »
Miembros de Justicia Democrática muestran su extrañeza ante la ausencia en el anteproyecto constitucional del enunciado de esos derechos, que ellos no piden para ellos, «sino que los pedimos para toda la población. El hecho de que un juez o un ciudadano cualquiera no pueda militar en un partido político significa que se tiene una idea equivocada y falsa de lo que es la política, a la que parece verse como una actividad que puede dañar la independencia y la honestidad de un profesional determinado. Los jueces y los fiscales no queremos ser disminuidos políticos».
Manuel Villar Arregui, senador y colaborador en la redacción de algunos documentos de Justicia Democrática, explicaba ayer que este movimiento «sólo se explica en función del pasado», cuando el Estado dictaba unas leyes para reprimir derechos humanos y libertades. Para el señor Villar Arregui la preocupación principal de los hombres de Justicia Democrática «ha sido la de servir a la justicia en lugar de ser meros gestores de la arbitrariedad».
El futuro también es una preocupación presente de Justicia Democrática. En las conclusiones del libro que se presentó ayer están las bases de las reivindicaciones que el movimiento mantiene. Algunas se han ido cumpliendo. Otras siguen sin ser contestadas positivamente. La abolición de la pena de muerte, la supresión del delito de adulterio y amancebamiento, el estatuto del detenido, el control judicial de las ejecuciones de las penas, la dependencia exclusivamente parlamentaría del ministerio fiscal eran cuestiones que hace un año formaban la plataforma reivindicativa de Justicia Democrática. En definitiva, el propósito final es «lograr una justicia más libre y democrática». Para ello, Justicia Democrática no piensa cambiar ni de nombre ni de voz.
