UCD vota contra el proyecto elaborado por el Gobierno

Abierta la sesión con una hora de retraso y sin taquígrafos, sin apenas debate fue aprobado por unanimidad el artículo 24, relativo a los trámites de comunicación para la celebración de asambleas en la empresa. Fue aprobado el texto de la ponencia, con la mejora técnica introducida conjuntamente por UCD y AP.

En el análisis del artículo 25, referente a la imposibilidad de que se puedan reunir todos los trabajadores de una misma plantilla en una sola reunión, los grupos Socialistas del Congreso y Socialistas de Cataluña, junto con los comunistas, se mostraron de acuerdo con el texto de la ponencia, mientras que UCD, en defensa de un voto particular, propuso la aprobación del texto del Gobierno, el cual, en opinión de este último grupo, era más explícito, al enumerar algunas de las razones que podrían imposibilitar la asistencia de toda la plantilla.Sometido a votación el voto particular de UCD, y ante la ausencia de algunos de los miembros de este grupo en la comisión, el resultado fue de dieciséis votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención. El texto de la ponencia fue rechazado por dieciséis votos en contra, catorce a favor y dos abstenciones. Ante el impasse que estos resultados imponían a los debates, la presidencia accedió a una nueva votación de la propuesta ucedista -una vez, que este grupo había logrado reunir a todos sus miembros en la comisión-, que en esta ocasión obtuvo diecinueve votos favorables, frente a los dieciséis en contra de comunistas y socialistas.

El artículo 25 bis, que quedará incorporado al texto dictaminado como artículo 26, fue aprobado con la incorporación de sendas matiza ciones de UCD y AP, a través de enmiendas in voce, en el sentido de agregar los calificativos de perso nal, libre y secreto al voto de los trabajadores, para que resulte váli do en aquellos acuerdos que afec ten al conjunto de los trabajadores reunidos en asamblea.

La cuestión sindical

Las discrepancias y hasta enfrentamientos surgieron al iniciarse el debate del título sexto de la ley, cuyo enunciado, coincidente en el texto del Gobierno y el de la ponencia, habla «de las garantías para el ejercicio de la representación ». Tras la oportuna votación y los fallidos intentos de UCD para hacer un alto en los debates que permitiera a la ponencia buscar consenso sobre los artículos contenidos en este título, fue aprobado su enunciado de acuerdo con el texto de la ponencia, no sin la oposición de los socialistas, que habían presentado una enmienda que trataba de denominar el título sexto como «de las garantías de los trabajadores y sus representantes ».

Superada la breve polémica a que dio lugar la denominación del referido título, el artículo 26, relativo a la disponibilidad de un local adecuado para sus funciones por parte del comité de empresa, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 26 bis centró el inicio de la más dura polémica registrada en la sesión de ayer, al so licitar UCD su supresión, por entender que su contenido (garantía del puesto de trabajo para los trabajadores que ostenten cargo público o sindical) no era apropiado para el espíritu de la ley en debate.

José Luis Moreno (UCD). En este punto quiero hacer una puntualización respecto a la actuación de mi grupo en los debates. Se nos acusa de vaciar de contenido a la ley y desde algunos medios se favorece la impresión, como muy bien destaca hoy en su editorial un prestigioso periódico madrileño (se refería, sin mencionarlo, a EL PAIS), de que la actuación de la comisión es casi delictiva, al dictaminar según su criterio. El reconocimiento del texto de la ponencia en este artículo supondría la pérdida de innumerables horas de trabajo dada la proliferación de siglas sindicales y, consecuentemente, de cargos sindicales.

Marcelino Camacho (PCE). He de confesar que ya no sé donde estoy. No sé si esto es España, si son las Cortes o qué es dónde estamos oyendo estas cosas. El órgano de información citado por el com-' pañero de UCD puede tener prestigio, pero el prestigio de quien ha escrito el editorial que comenta está a la altura del suelo para los trabajadores. La vía adoptada por UCD es totalmente negativa para el país.

Manuel Chaves (PSOE). Lo que plantea UCD es grave, pero no nos extraña por ser consecuente con su actitud en los debates. Si tantas siglas hay, tal vez sería una solución al problema del paro cubrir con interinos el lugar dejado por los excedentes. En serio, aquí dé lo que se trata es de impedir el normal desarrollo de los sindicatos y UCD pretende obstaculizar al máximo el que las centrales puedan tener sus representantes pagados por ellas mismas.

La polémica quedaríazan ada, tras una nueva intervención de José Luis Moreno en la que justificó el reconocimiento del derecho de excedencia a los trabajadores con cargo público o sindical en el anterior sistema, dado el carácter públi o de los representantes sindicales en el verticalismo, con la aprobación -con la abstención de socialistas y comunistas- del artículo con una enmienda in voce de UCD que elimina la posibilidad de que los trabajadores afectados por el mismo pudieran permanecer en su puesto y ausentarse justificadamente del mismo.

UCD vota contra el Gobierno

El artículo veintisiete, en cuyo debate se registró la votación de UCD en contra del texto remitido por el Gobierno, quedó tras un amplio debate y después de ser so-, metido a votación excluido del dictamen de la comisión. Tanto el texto del Gobierno como el de la ponencia, coincidentes, reconocen cuarenta horas mensuales retribuidas a los delegados de personal y los miembros del comité de empresa para el desarrollo de sus funciones.

La enmienda in voce de UCD -rechazada por la mesa (que integran tres socialistas y dos miembros del partido del Gobierno)- reducía las cuarentas horas contenidas en los textos del Gobierno y de la ponencia y ya reconocidas a los verticalistas jurados de empresa, de acuerdo con la siguiente escala: hasta quince horas al mesen empresas de menos de cincuenta trabajadores; veinticinco horas en las de más de cincuenta, y treinta horas en empresas de a partir de quinientos trabajadores. La enmienda de UCD extendía también este derecho a los delegados de las secciones sindicales, órgano representativo que de esta manera aparecía por primera vez en el articulado del proyecto.

Al no aceptar la mesa dicha enmienda, UCD se vio obligada a votar, primero, en contra del texto de la ponencia, y posteriormente, después de una ardua interpretación del reglamento de las Cortes al cuestionarse la necesidad de votarse el texto del Gobierno, en contra de éste.

La sesión concluyó con el acuerdo de la presidencia de suspender los debates sine die, ante la falta de taquígrafos, hasta que por la presidencia de la Cámara se comunique la fecha en que si pueda disponer del servicio de taquígrafos.