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El Congreso presta contenido al Primero de Mayo

La inclusión en el ámbito funcional de la ley de Acción Sindical, cuyo debate comenzó ayer en el Congreso, de los funcionarios públicos y trabajadores al servicio de la Administración pública, ha supuesto el primer enfrentamiento serio entre el partido en el Gobierno y las fuerzas de izquierda.Este percance ha bastado para justificar, oficialmente al menos, el aplazamiento durante una semana de los debates ayer iniciados por la Comisión de Trabajo del Congreso. Sorprende, sin embargo, que dado el procedimiento de urgencia, de acuerdo con el cual se ha establecido el estudio de la normativa que ha de regular las nuevas relaciones laborales en el seno de la empresa -cuya necesidad es reconocida por todas las fuerzas sociales-, y ante la Inminencia del debate constitucional, sea el propio Congreso el que contribuya, con esta práctica dilatoria, al mantenimiento de la polémica nacional a que ha dado pie tan controvertido texto.

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Aplazado una semana el debate de la de Acción Sindical

La mayoría de que disfrutan los planteamientos ucedistas en la Comisión de Trabajo -con el solapado apoyo de la Minoría Catalana y la proclividad de Alianza Popular a mantener en pie todo cuanto recuerde el pasado- permitiría a este partido imponer sus criterios y sacar a delante un texto legal de acuerdo con sus intereses. No obstante, sus representantes en la Comisión de Trabajo insistieron ayer en su disposición a mejorar el texto del Gobierno «siempre y cuando no cambie sustancialmente el espíritu de la ley».

Y es en este punto, el espíritu de la ley, donde surgen los problemas. Socialistas y comunistas tratan de dotar de contenido sindical a la normativa en cuestión. No parece ser tal el espíritu ucedista. Al menos, la tibieza con que los diputados de UCD trataron ayer el contenido sindical de la ley permite sospechar que no hay una definida decisión sobre el reconocimiento legal a la presencia de las centrales en las empresas.

La firmeza inicial de UCD en los dos primeros artículos del proyecto se desmoronó al entra en el debate del ámbito funcional de la ley Bastó la petición de socialistas y comunistas de que los derechos en ellas reconocidos alcanzara a todos los trabajadores asalariados para quebrar la cohesión del partido triunfante el 15 de junio. La inmediata consecuencia de este primer enfrentamiento ha sido el aplazamiento de los debates.

De esta manera, el Congreso -ningún grupo parlamentario presente en los debates se opuso a la demora propuesta por UCD- alienta la presión de los sindicatos en vísperas de un Primero de Mayo centrado en la defensa de los derechos que esperan ver reconocidos por las Cortes.

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