Aplazado una semana el debate de la de Acción Sindical

En la primera reunión celebrada ayer por la Comisión de Trabajo del Congreso para debatir el proyecto de ley de regulación de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa, además de aprobarse su propia denominación y los dos primeros artículos se acordó suspender los debates hasta el próximo martes. Pese a que la tramitación del proyecto de ley fue fijado mediante el procedimiento de urgencia y no obstante la inminencia del debate constitucional, la petición de UCD para retrasar el estudio del mismo durante una semana -la razón públicamente aducida es la importancia del tema en discusión- fue aceptada por los demás grupos parlamentarios y coincidiendo con las discrepancias en torno al ámbito de aplicación de la futura normativa (artículo 4) se levantó la sesión hasta el día 2.

Previamente al inicio del debate, los grupos Socialista y Comunista del Congreso decidieron posponer sus respectivas enmiendas a la totalidad del articulado hasta ver el resultado final de los debates, en la esperanza de que el texto elaborado por la ponencia no sufra modificaciones sustanciales.Abierto el debate, Antonio de Valle Menéndez, de Alianza Popular, pidió la retirada del proyecto en base a las variaciones experimentadas por el texto original del Gobierno, «variaciones -dijo- que afectan a temas constitucionales cuando todavía no está debatida ni aprobada la Constitución». El presidente de la comisión, el socialista Francisco Vázquez, indicó que tal pretensión no era oportuna en el actual momento procedimental, por lo que la misma fue rechazada.

El tono discrepante del debate tuvo su primera manifestación en la discusión de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para, según explicó Jerónimo Saavedra, sustituir la denominación de la ley fijada por el Gobierno por la de «ley de representación de los trabajadores en la empresa y acción sindical», ya que en caso de que las enmiendas al articulado propuestas por su grupo fueran aceptadas, «el título del proyecto de ley no se correspondería al contenido del mismo».

Intervino en contra de la enmienda socialista José Luis Moreno, de UCD, quien insistió en mantener el título original «porque la representatividad que nosotros defendemos es para todos los trabajadores, y no sólo para los que estén sindicados». Agregó que, no obstante, la denominación de la ley, su contenido, no impide el reconocimiento de los derechos sindicales.

Sometido a votación fue aprobada la denominación original del proyecto de ley con dieciocho votos a favor, frente a los dieciséis que obtuvo la propuesta socialista.

En la misma línea matizadora de una clara diferenciación de la representatividad genérica de los trabajadores y de los derechos sindicales, UCD consiguió la aprobación (33 votos a favor, ninguno en contra, y las abstenciones de los dos diputados de AP) de su enmienda in voce, por la que la denominación del título primero del proyecto queda como sigue: «De la representación y derechos sindicales de los trabajadores en la empresa.»

La cuestión sindical

Nuevamente se puso de manifiesto la polémica que subyace en torno al proyecto entre el interés de la izquierda por potenciar la presencia sindical en la empresa y el freno ucedista (con el apoyo de AP) a la presencia de los sindicatos en la misma, al debatir el artículo primero.

UCD y AP intervinieron en contra del texto de la ponencia, según el cual «los trabajadores tienen el derecho a constituir órganos de representación y al ejercicio de la acción sindical en la empresa en la forma que se establece en la presente ley», y pidieron que se respetase el texto del Gobierno, en el que no se alude a la acción sindical.

Antonio de Valle (AP) aseguró que a partir de la redacción de este primer artículo «puede transformarse toda la sociedad española». Marcelino Camacho (PCE) advirtió que es posible llegar a un acuerdo sobre el proyecto siempre que no se empiece a vaciar de contenido sindical al mismo y abundando en la intervención mediadora del socialista Eduardo Martín Toval («los trabajadores tienen una importante presencia en la democratización de la sociedad, a la que también contribuye la democratización de la empresa») se lamentó de que «en este país no se ve todavía en los sindicatos ese factor consciente de representación de los trabajadores que realmente son».

Tras largo debate, la mayoría de la ponencia, como enmienda in voce, hizo suya la propuesta de la Minoría Catalana, en el sentido de que «los trabajadores podrán constituir los órganos de representación y ejercitar los derechos sindicales en la empresa en la forma que se establece en la presente ley» Por veinte votos a favor, ninguno en contra y dieciséis abstenciones -las mismas, menos los dos votos de AP, que después votaría a favor del texto original de la ponencia- fue aprobada la nueva redacción al artículo primero.

El artículo segundo, relativo a las garantías de los derechos contenidos en la ley, fue aprobado sin apenas debate con una ligera modificación introducida por UCD, en el sentido de considerar nulos los despidos, sanciones o discriminaciones a trabajadores por razón de su afiliación o no afiliación a un sindicato «o por el ejercicio de sus derechos sindicales en la empresa».

El mayor punto de fricción surgió en el debate del artículo cuarto (el tercero, por su contenido, fue pospuesto al término del estudio de todo el articulado), relativo al ámbito de aplicación de la ley.

Según el informe de la ponencia, su ámbito incluye a todas las empresas privadas o públicas, industriales, comerciales o de servicios: marítimas, agrícolas, forestales o pecuarias; la Administración pública y el personal civil de los establecimientos militares, y en general cualquier entidad que emplee trabajadores civiles por cuenta ajena.

La pretensión socialista, a través de la enmienda presentada por Ciriaco de Vicente, de incluir en el ámbito de la ley a los funcionarios de la Administración pública y demás personal al servicio de la misma, «sin perjuicio de que las peculiaridades a ellos aplicables sean objeto de una posterior ley», originó un fuerte debate que concluyó con el levantamiento de la sesión, después de un largo impasse en la misma que no logró acercar las posturas enfrentadas.

La oposicion de UCD en este sentido se centró en la inclusión en el texto propuesto por los socialistas de la proposición por, con lo que la redacción final del artículo diría: «Sin perjuicio de que, por las peculiaridades a ellos aplicables, sean objeto de una posterior ley.»

De esta manera, frente a la pretensión socialista de que el objeto de la futura normativa fueran las peculiaridades de los mencionados funcionarios y personal al servicio de la Administración, UCD trata de que sean éstos mismos los afectados por la mencionada futura ley.

Esta discrepancia fue considerada insalvable por los miembros de la comisión, por lo que la presidencia de la misma, poco después de las dos de la tarde y transcurridas apenas tres horas de debates levantó la sesión hasta el próximo día 2 de mayo.