El canal y su zona son panameños
Las manifestaciones de Carter en favor de la firma del nuevo tratado con Panamá suponen un intento expreso para convencer a la opinión pública de los derechos que la nación centroamericana posee de manera indiscutible sobre el canal y su zona. Igualmente son el colofón a una bien orquestada campaña auspiciada por la propia Casa Blanca y encaminada a terminar un espinoso litigio que arranca de lejos, pero que tuvo el punto de partida a este final cuando, en 1974, los cancilleres a la sazón, Tack y Kissinger, firmaron la declaración de principios en la que se explicitaban los ocho puntos básicos que han presidido la larga negociación.A pesar de todo, Carter no las tiene consigo, pues bastan 34 votos contrarios para que el Senado no apruebe el texto a debate, con lo que la imagen de su política exterior se vería seriamente perjudicada, especialmente al sur del río Grande, en unas circunstancias históricas de rabioso soplo descolonizador.
La complejidad del asunto, abrogación del tratado de 1903 y su sustitución por uno nuevo que contempla la devolución y el control del territorio a Panamá en el año 2000, así cómo la administración del tráfico marítimo por las autoridades panameñas, presenta, además, dos claves importantes y todavía no resueltas: el derecho de Estados Unidos, después del año 2000, a actuar en caso de amenaza o agresión; y el derecho de Estados Unidos a que los buques de su pabellón circulen en primer lugar por el canal si existe necesidad o se produce una crisis.
Tres tipos de condicionantes
Económicos: El conflicto panameño, más conocido por la canalera, encierra varios aspectos cuyas derivaciones son fácilmente comprensibles. En primer lugar, la importancia marítima del canal como vía de comercio por el que navega una gran parte de las mercancías de Chile, Perú, Colombia y Ecuador, aparte de las norteamericanas (17 % del tráfico total), si bien el calado del canal no permite el paso de los grandes tanqueros de petróleo. De todas formas los excedentes de crudos de Alaska habían puesto la mirada en el canal para darles salida hacia mercados de otras áreas. Finalmente, las tarifas de peaje son irrisorias: las fijadas en 1914 fueron incrementadas en un 20% en 1974.
En segundo, las multinacionales instaladas en la zona, entre ellas las filiales de la ITT, la Central American Cable y la Radio and Transoceanic Comunication y la United Fruit, prefieren que el espacio colonizado continúe en manos norteamericanas, por lo que juegan a fondo con su lobby en el Congreso, a fin de que el tratado no se apruebe.
En tercero, las necesidades de capital del Gobierno Torrijos para llevar a cabo el plan de desarrollo económico-social del país le obligan a una estabilidad política interna para que la capital de la nación siga siendo considerada como centro financiero internacional -y paraíso fiscal- en la encrucijada. La zona libre de Colón, la paridad de la moneda nacional (un balboa igual a un dólar), la ausencia de control de cambios, la inexistencia de impuestos en los beneficios obtenidos en el exterior, las cuentas numeradas, así como el hecho de exportar el 90% de los intercambios hacia Estados Unidos, hacen que el nacionalista Torrijos plantee la reivindicación con guante blanco en evitación del éxodo de los setenta bancos extranjeros operantes.
Militares: En cuarto, los intereses, por razones estratégicas y de reparto de influencia, del Pentágono, que desea continuar controlando militarmente ese paso, ya que desde las catorce bases del Southern Comand, allí encastilladas, se propaga e impulsa la defensa del hemisferio sur ante el peligro de una quiebra -léase Cuba y sus lejanos aliados- del equilibrio geopolítico.
Políticos: Y quinto, los componentes de índole política que, bajo el recuerdo de las algaradas de 1964, que causaron veintiocho muertos y cerca de quinientos heridos, presionan sobre Carter y Torrijos situándose en dos planos. En el de las relaciones internacionales con pronunciamiento favorable, en favor de la soberanía panameña, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la OEA y de las conferencias de los países no alineados habidas en Argel, Lima y Colombo. En el de política interior, Carter se ve azuzado por el informe Grant de 1973 y por el posible debate en las dos Cámaras y al que procura anular con la concienciación de la opinión pública y con las maniobras en la sombra de los parlamentarios adictos.
Por parte panameña, Omar Torrijos, que asumió los plenos poderes en 1972, es decir a los cuatro años del golpe militar que derrocó, al presidente electo, Arnulfo Arias, se encuentra atrapado con las aseveraciones que hizo el 23 de octubre de 1977: todos los partidos políticos, desde esa fecha, quedaron autorizados nuevamente; extensión de la libertad de prensa; mejoramiento de los derechos humanos y elecciones generales para agosto de 1978. Es obvio que estos elementos, junto con la tendencia izquierdista que se observa en el 1.700.000 panameños inclinan a Torrijos a que el nuevo tratado salga redactado, en su versión definitiva, tal cual como se dio conocer a su pueblo con ocasión del pasado referéndum, para así no verse presionado a una nueva consulta popular.
Es evidente el difícil equilibrio en que se encuentra el binomio Carter-Torrijos. Su margen de maniobra es más bien estrecho y las tesis maximalistas -la plena soberanía y la desaparición de las bases norteamericanas- deberán ser tratadas con una gran dosis de habilidad cara a sus respectivas posiciones de poder.
