Multas gubernativas en Ponferrada

El día 12 de abril de 1977, como consecuencia de la celebración de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ponferrada, que habría de aprobar provisionalmente el nuevo Plan de Ordenación, se produjeron dos manifestaciones espontáneas, una ante el Ayuntamiento, adonde solamente se había permitido la entrada a las primeras cincuenta personas que se situaron en cola, y otra ante el domicilio del entonces alcalde.Citaré los hechos básicos:

a) Se encarga la redacción del Plan de Ordenación a los urbanistas Pérez Blanco, Triay y Coloma, sin precio concurso.

b) Durante el año que dura la elaboración del planearniento visitan el estudio de los redactores varios miembros de la Corporación y algún ciudadano ponferradíno.

c) Salen a información pública los documentos del plan y se produce una formidable oposición colectiva. Se celebran asambleas con asistencia de miles de ponferradinos, se decide encargar un análisis de viabilidad del plan y se crea un comité gestor de dichas medidas. Finalmente, se impugna el plan en un documento jurídico-urbanístico que se presenta al Ayuntamiento con 4.188 firmas (Ponferrada tiene poco más de 50.000 habitantes).

d) En dicho documento se pone en evidencia la inviabilidad del plan por motivos técnicos y económicos, pero, además, se resalta la absoluta falta de participación colectiva en su elaboración, circunstancia que queda agravada por el hecho de que los bienes urbanos del alcalde, del primer teniente y de varios otros miembros de la Corporación se ven claramente beneficiados por el planeamiento propuesto.

e) El comité de los afectados está compuesto por varios ponferradinos, algunos de los cuales nos significamos especialmente, dirigiendo asambleas y coloquios de barrio, y en escritos publicados por la prensa.

f) Precisamente a estos significados miembros del comité se nos aplican las multas más fuertes de las que el gobernador civil juzgó oportuno imponer como consecuencia de las manifestaciones del 12 de abril, cuando algunos ni estuvimos -en todo o en parte- presentes en dichos sucesos.

Habíamos intentado celebrar manifestaciones con anterioridad. En dos ocasiones nos fueron denegados los permisos. Recurrimos en alzada y meses después se confirmó la denegación. Acudimos sin respuesta a las más altas instancias. Se propuso la celebración de una consulta popular sobre la aceptación de este plan y el Ayuntamiento no lo consideró, así como tampoco admitió la formación de una comisión mixta con los ciudadanos.

Posteriormente, tras el 15 de junio, se aprueba muy parcial y condicionadamente el plan por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se constituye una comisión ciudadana que pretendía velar por la gestión urbanística y tras cinco reuniones es sistemáticamente torpedeada por el gobernador civil, quien aplica con todo rigor la legislación reguladora del derecho de reunión.

Entretanto, se recurrió contra las multas, primero en alzada y después en reposición, ante el ministro del Interior y se nos responde, en comunicado extensivo y válido para todos, que «... los hechos en que se han basado las multas que se impugnan están plenamente probados de conformidad con el criterio interpretativo que en materia de prueba ha seguido el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de febrero de 1971, al señalar que a los informes policiales, en principio, hay que conceder veracidad y fuerza probatoria, como emitidos en el ejercicio de funciones públicas» (los subrayados son míos).

Precisamente a lo largo de este último año, en España ha sido preciso perdonar a los asesinos de uno y otro signo en la dura, dolorosa y necesana vía de la reconciliación nacional, pero en nuestra ciudad berciana, capital negra de una región incomprendida inscrita en esta provincia artificial, se aplica la pax leonesa por un gobernador civil a quien le gusta «... castigar poco, pero duro» y para hacer buena tan diplomática declaración, el ministro leonés del Interior, confirma y reconfirma las multas por unos sucesos en los que no se rompió no ya una cara, sino ni siquiera un cristal.