España tendrá que reajustar su programa de energía nuclear

En un acto que podría afectar seriamente al programa de energía nuclear español, el presidente Carter firmó ayer una ley destinada a impedir la proliferación atómica, mediante un rígido control de las exportaciones de uranio norteamericano, y advirtió que «algunos de nuestros amigos tendrán que reajustar sus políticas nucleares».

Aunque Jimmy Carter no citó expresamente a ningún país en la breve declaración que hizo al firmar la nueva ley, es evidente que su advertencia iba dirigida a las naciones que no han ratificado el tratado internacional de no proliferación atómica, entre las que se encuentra España.Según Carter, la nueva ley establece una política «clara y adecuada» en la utilización de combustibles nucleares y, al mismo tiempo, impone «rígidas limitaciones» a aquellos países que no poseen armamento atómico. «Pienso que verán lo juicioso de esta nueva política», añadió el presidente, que dijo también que «el control de la diseminación de armas nucleares es una cuestión crucial en nuestra época».

La ley anti-proliferación, que había sido previamente aprobada por abrumadora mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, contiene un llamamiento a las naciones que no han ratificado el tratado internacional para que lo hagan en seguida. Hasta el momento, el tratado ha sido firmado por unos setenta países, entre ellos la Unión Soviética y Gran Bretaña. Otros dos miembros del club atómico, China y Francia, se negaron a aceptar el tratado internacional, junto a países como Israel, Brasil y España.

Una de las disposiciones de la ley firmada ayer por Carter es que Estados Unidos deberá suspender radicalmente su cooperación nuclear con aquellos países que hagan estallar una bomba atómica o que no cumplan las salvaguardias internacionales. Además, la ley establece los criterios a seguir en la concesión de licencias de exportación de uranio norteamericano y fija una serie de controles a los receptores de este combustible atómico.

Las dificultades existentes en la concesión de licencias afectaron a España durante el pasado año, según informó al Senado el director de Nucleonor, José Luis Sánchez, a principios de febrero. Por otra parte, el ambicioso programa nuclear español depende casi totalmente de la tecnología atómica norteamericana y del combustible procedente de Estados Unidos.

La postura oficial española respecto a la no proliferación es que ya existen suficientes garantías en los acuerdos bilaterales con Norteamérica y que España cumple las salvaguardias, impuestas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Sin embargo, estas salvaguardias, se consideran poco rígidas en Estados Unidos, que, desde que la India hiciera estallar una bomba atómica en 1974, está muy preocupado por el problema de la proliferación nuclear.

La Administración Carter ha hecho de la no proliferación una de sus mayores metas en política exterior y el presidente se apresuró a ratificar la ley, aunque está en desacuerdo con algunas disposiciones de la misma, que dan poder al Congreso para invalidar decisiones del poder ejecutivo.