Las obras públicas en la actual coyuntura económica / 1

EconomistaGracias al realismo y, esencialmente, al elevado grado de conciencia ciudadana demostrado por el pueblo español, nuestro país está en vías de lograr el tránsito de un sistema político autoritario a otro de características esencialmente democráticas. Y ello, sin que hayan existido o existan indicios de que tal transformación pueda dar lugar a la generación de conflictos sociales de tal naturaleza que causaran tan graves daños de orden socioeconómico -cuando no de orden fisico- que pudieran retrotraernos a situaciones de calidad de vida, ya felizmente superadas.

Sin embargo, y como contrapartida a esta actitud que, en justicia, únicamente cabe definir de popular, existen ciertos aspectos de la realidad económica que hacen dudar de si en España no se están produciendo, desde hace al menos cuatro años, las mismas características de atonía inversora y restricción crediticia -por parte de algunos sectores empresariales y financieros-, propias de un proceso intencional de desestabilización política, semejantes a las que se hubieran provocado ineludiblemente en una situación hipotética de grave conflictividad social como la apuntada anteriormente, y que tantos «fluminados augures» nos profetizaban desde hace muchos, ¿cuarenta?, demasiados años.

Desde hace algún tiempo, antes de la muerte del general Franco, y coincidiendo con la gran crisis económica mundial, la inversión privada comenzó a retraerse; primero, por causas puramente económicas y, después, por una combinación fridudable de éstas con las azarosas circunstancias políticas de orden interno por las que atravesó el país entre el último bienio del antiguo régimen y las pasadas elecciones generales del 15 de junio. En definitiva, hace ya algunos años que amplios sectores empresariales no acometen, con la adecuada intensidad, planes de suficiente entidad que pudieran inducir algún efecto en la formación de capital. No sé si ello es justificable o no, a la vista de los resultados obtenidos por gran parte de la banca y grupos empresariales en el ejercicio de 1976. Pero, por lógica, que dicha actitud pudiera parecer aún contemplada con la óptica más netamente capitalista, recordando palabras de Ricardo Lezcano -«Optimismo para inversores»- publicadas en estas mismas páginas no hace muchos días, «es triste que los que ganaron sus apuestas en las mesas del pasado, aprovechándose de aquellos inesperados triunfos que fueron el turismo, la mano de obra barata y bien sujeta, los monopolios de hecho y la protección arancelaria, no sean ahora capaces de hacer una apuesta en las del futuro».

La inversión en obras públicas

No obstante, en cualquier caso, no es ése el tema central de este artículo, sino otro más incomprensible todavía: el hecho de que, coincidiendo con esa retracción de ta inversion privada, la inversión correspondiente al subsector de obras públicas haya seguido un proceso paralelo y haya descendido en términos reales de una forma verdaderamente alarmante, como bien claramente expresa el cuadro n.º 1 adjunto sobre evolución de las inversiones autorizadas por el actual MOPU en el período 1974-78 (y en el que se han recogido, únicamente, a título indicativo y por su mayor homogeneidad a efectos comparativos, las correspondientes a aquellas direcciones generales que constituyen las principales componentes de las «obras civiles», representan conjuntamente más del 60% del total de la inversión del departamento, y han permanecido invariables luego del reajuste administrativo por el que se ha visto afectado el antiguo MOP).

Pero es aún necesario recalcar que esta evolución adquiere incluso un carácter más relevante, si se considera que la marcha seguida por las inversiones en obras públicas en el citado cuatrienio no refleja una situación susceptible de ser tachada de excesivamente coyuntural; sino que, por el contrario, marca el momento de la extrema agudización -extrapolada al próximo ejercicio de 1978- de un proceso que viene arrastrándose, con ritmo creciente, aunque sujeto a algunas fluctuaciones, a lo largo de todos los años setenta. Avalando esta opinión, se citan a continuación algunas de las conclusiones obtenidas en diversos estudios realizados por la Secretaría General Técnica del anterior Ministerio de Obras Públicas, y recogidos en Las obras públicas en 1976:

-En la década 1966-75, la inversión del MOP prácticamente se ha mantenido estable, a pesetas constantes, mientras que la formación bruta de capital fijo en la construcción ha aumentado en un 28%, a pesetas constantes, en el mismo periodo.»

-«La inversión del MOP en el período 1967-71 se ha mantenido prácticamente en un 44% de la inversión total en obras civiles, iniciándose a partir de 1972 un descenso importante en este porcentaje de participación, que culminó en el 29,4 % en el año 1974.»

-«Para haber mantenido el MOP el mismo porcentaje de crecimiento en el volumen de inversión realizada que el habido en el sector de la construcción, partiendo del año 1966, tendría el departamento que haber invertido en, 1975 por valor de 107.000 millones de pesetas, es decir, un 28 % más de lo realmente invertido en ese año: 84.000 millones de pesetas» (recordemos, al paso, que el total de inversiones previsto para el actual MOPU en los Presupuestos Generales del Estado enviados a las Cortes para el año 1978 alcanza, en pesetas actuales, a 97.000 millones de pesetas, de los que 35.000 corresponden a la Dirección General de la Vivienda).

-«La población ocupada en 1976, generada por las obras del departamento de Obras Públicas, es del orden de la mitad que la generada por el mismo organismo en 1966.»

-«Mientras que la población ocupada en el sector de la construcción en la década 1966-75 ha aumentado en un 24,6 %, la población análoga generada por las obras del MOP ha disminuido en el mismo período en un 36,5 %. »

Por otra parte, parece obvio recordar que la evolución refrendada por todos estos datos ha de tener, inevitablemente, su más acusada e inmediata repercusión social en el ritmo de desarrollo de nuestro equipamiento infraestructural, ya deficitario en alto grado, no obstante el indudable esfuerzo realizado en este sentido -aunque discutible por muchas otras razones- a partir de la estabilización de 1959 y la salida del período autárquico. Baste recordar que un estudio realizado por el SEOPANN en 1974, comparando la inversión necesaria en construcción con la realmente efectuada en el período 1964-74 -supuesto un limite máximo ideal del coeficiente de participación de la inversión en construcción en el total de la formación bruta de capital fijo del 58%, con base en la experiencia de los países de la CEE y adecuado a nuestro nivel de equipamiento-, cifraba el déficit acumulado en infraestructuras en un valor muy próximo a los 600.000 millones de pesetas, valorado en pesetas de dicho año.

Asimismo, como muestra de la distribución de ese déficit en equipamiento -referido al capítulo de obras civiles exclusivamente-, en el cuadro n.º 2 anejo se resumen algunos de los resultados deducidos de la encuesta sobre infraestructuras, servicios y equipamiento municipal que se llevó a efecto en 1971 por el servicio central de planes provinciales en las cabeceras de comarcas y núcleos de expansión de todas las provincias españolas, sobre una muestra de 1.491 municipios, y que, a juicio de Salustiano del Campo -Crítica de la planificación social española. 1964-75, Editorial Castellote- «constituyen una información muy completa sobre el 45 % de la población española, sin incluir la residente en áreas metropolitanas, por lo cual se puede afirmar que el colectivo comprendido en la encuesta, representa la mayor parte de la población ubicada en las áreas rurales y parte de las urbanas». Lo que expresa con suficiente diafanidad que, además, el negativo impacto promovido por el insuficiente ritmo de inversión en obras públicas se produce de forma más negativa precisamente en las zonas más deprimidas del país, con el subsiguiente efecto sobre las posibilidades de alcanzar un desarrollo más equilibrado.