UCD rompió el compromiso de convocar las municipales en plazo determinado

El Gobierno no va a quedar obligado por la ley de Elecciones Locales a convocar comicios municipales dentro de ningún plazo determinado, en contra del inicial criterio unánime de la ponencia que informó el proyecto de ley, en favor de un plazo máximo de un mes para convocarlas. Esta fue la sorpresa que surgió ayer en la Comisión de Interior del Congreso, y que originó airadas protestas de las fuerzas políticas que se consideraron engañadas, y que, más tarde, reaccionaron preparando su artillería para el próximo Pleno del Congreso, que estudiará este proyecto de ley.

En las postrimerías del debate sobre el proyecto de ley -que quedó dictaminado anoche-, cuando se produjo la votación de la disposición transitoria cuarta, a los diecisiete votos de UCD se unieron los dos de AP para derrotar a los grupos de izquierda y autonomistas, como ya ocurriera durante la mañana, a propósito de la regulación de las elecciones a diputados provinciales.La ponencia que informó el proyecto de ley, integrada por trece diputados (cuatro de UCD, tres del PSOE y uno por cada una de las restantes minorías), había llegado al consenso unánime sobre un calendario que se le impondría al Gobierno para asegurar que las elecciones tendrían lugar antes de los cien días desde la entrada en vigor de la ley, es decir, en definitiva, antes del mes de julio. Pieza esencial de ese juego de plazos era la disposición transitoria cuarta, fruto de una enmienda de la minoría catalana, hecha suya por la ponencia, y que dio lugar al siguiente texto: «El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro del Interior, acordará, en el plazo de treinta días desde la entrada en vigor de la presente ley, la convocatoria de elecciones en todos los municipios, cabildos y consejos insulares, para proceder a la total renovación de los mismos. »

La actitud de UCD durante el debate de ayer permitía presagiar alguna novedad de última hora. Su insistencia en que los técnicos de la Administración, que ya habían asesorado a la ponencia, informaran de nuevo ante la Comisión sobre las dificultades para la preparación del censo electoral, unido a la conquista de los votos de Alianza Popular, hacían augurar una sorpresa final. No era ajeno al nuevo ambiente el desarrollo del último Pleno del Congreso, en el que UCD fue objeto, según su portavoz, de una «emboscada parlamentaria».

Dificultades técnicas

Los grupos de oposición se expresaron reiteradamente contra la intervención de los miembros de la Administración, acusando de obstrucción al partido del Gobierno. Los funcionarios llamados, y muy especialmente el director general de Estadística, aludieron a las dificultades para la elaboración de un censo que permita el voto de quienes no estaban incluídos en él el 15 de junio, así como de los emigrantes y mayores de dieciocho años. A preguntas del comunista señor Sánchez Montero sobre la posibilidad de acortar los plazos para la preparación del censo, el funcionario aludído declaró: «Yo hago lo que diga el Gobierno, si es posible.»

El delegado del Gobierno, Jesús Sancho Rof, en línea con los funcionarios citados, insistió en las dificultades técnicas y en la responsabilidad parlamentaria sí se aprobaba un precepto de imposible cumplimiento, así como en la inconveniencia de mezclar el proceso electoral local y el debate sobre la Constitución.

La votación suprimió la disposición transitoria citada por diecinueve votos contra quince. Y fue en el trámite de explicación de voto donde la oposición descargó toda la adrenalina que la desagradable sorpresa le produjo. El presidente de la comisión, el ucedista Fernando Benzo, amenazó con retirar la palabra al socialista Guillermo Galeote, cuando éste comenzó su intervención diciendo: «Los límites de la desvergüenza ... »

Apeando el tono, el señor Galeote declaró que su sorpresa no provenía tanto del resultado de la votación como de la información facilitada por el señor Sancho Rof, con la que, por segunda vez, se rompía el compromiso del Gobierno de convocar elecciones municipales, como ya lo rompió Suárez cuando lo prometió para diciembre de 1977. Descartó los problemas técnicos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el 15 de junio, y aludió a los problemas graves que pueden derivarse de esta actitud.

Problema político

En la misma línea se expresó el socialista de Cataluña Josep María Obiols, quien recordó que la apelación a cuestiones técnicas ha servido al Gobierno para impedir la abolición de la pena de muerte, la devolución del patrimonio sindical arrebatado como «botín de guerra», y una resolución relativa a Chile. Añadió que parece que el Gobierno quiere aplazar indefinidamente las elecciones, a pesar de que el 90% de los Ayuntamientos están regidos por hombres del franquismo.

El catalán Macía Alavedra calificó de «fallo garrafal» el cometido por UCD. Por su parte, el comunista señor Sánchez Montero manifestó que más que un obstáculo técnico se trata de un problema político que UCD no quiere solucionar, dada su actitud de retrasar las elecciones lo más posible.

Por Alianza Popular, el señor Martínez Emperador justificó su cambio de actitud en la inconveniencia de mezclar el proceso electoral con el debate constitucional. Por UCD, Manuel Núñez aseguró que nadie trata de aplazar las elecciones y que el pacto de la ponencia podía rescíndirse, como otros grupos parlamentarios lo hacen. Aseguró que han cambiado las circunstancias que impiden que las elecciones se celebren con garantías de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

En nombre del Gobierno, una vez más, Jesús Sancho Rof manifestó que el hecho de que no exista plazo impositivo no supone ningún retraso. Más tarde, los diputados socialistas declararon su propósito de defender ante el Pleno del Congreso las enmiendas relativas a la fijación de un calendario para las elecciones locales.