UCD y AP impusieron la representación en las diputaciones municipales

La regulación de las elecciones locales en las diputaciones provinciales unió a Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP) frente a los grupos parlamentarios autonomistas y de la izquierda. La unión UCD-AP dio lugar a que se aprobaran unos textos, según los cuales, en las diputaciones provinciales estarán representados, a través de los concejales, los municipios respectivos, pero en ningún caso se producirá una elección directa de los diputados provinciales por los ciudadanos de la provincia. El sistema adoptado favorecerá, en definitiva, a las fuerzas políticas con mayor arraigo en las comarcas rurales y perjudicará a los partidos que tienen mayor audiencia en las zonas industriales y desarrolladas.La división de los diputados de la Comisión de Interior del Congreso, en función del tamaño de los grupos parlamentarios mayorías contra minorías- que ha venido siendo habitual durante casi todo el debate sobre el proyecto de ley de elecciones locales, cambió ayer de signo, llevando a las fuerzas políticas a una agrupación que, como siempre, estuvo influida por las espectativas de resultados electorales en los próximos comicios. La contraposición fue, en esta ocasión, ideológicamente más correcta, por cuanto los partidos de la derecha defendieron la representación territorial, mientras que los partidos autonomistas y de la izquierda propugnaron la representación proporcional, basada en el principio un hombre, un voto.

El sistema electoral adoptado dividió especialmente los criterios de los dos grupos mayores: UCD y PSOE.

El socialista, junto a los argumetitos políticos, esgrimió otros de carácter técnico, por cuanto, aun admitiendo la conveniencia de una cierta representación territorial, consideró aberrante aplicar el método D'Hont -el mismo que fue aplicado en las elecciones del 15 de junio para distribuir los puestos de diputados entre las diferentes listas- a personas, los concejales, en lugar de votos, como es lo ortodoxo. Asimismo, el PSOE defendió que, junto a los diputados representantes de los ayuntamientos designados mediante la aplicación de la regla citada, se estableciera la elección directa de diputados, con la provincia como circunscripción electoral única y con arreglo a la siguiente proporción:

Provincias de hasta 500.000 residentes, cinco diputados; de 500.000 a un millón, siete diputados; de un millón en adelante, nueve diputados; Madrid y Barcelona, once diputados.

UCD insistió en que la representación territorial es la base del sistema y, en su apoyo, el delegado del gobierno recordó que, en la filosofía del proyecto de ley, las diputaciones provinciales no son órganos políticos, sino administrativos, de coordinación de los municipios, por lo que es a estos a los que ha de representar y no a los ciudadanos de la provincia.

Sobre la base de estos planteamientos fueron rechazadas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos y aprobados, con los diecinueve votos de UCD y AP, los seis artículos del proyecto de ley que resumimos en otro lugar de esta misma página.

Una enmienda muy particular del PNV, por la que, en la redacción que aceptó el PSOE, se establecía que «el Gobierno, de acuerdo con las respectivas diputaciones forales y el Consejo General del País Vasco, dictará las disposiciones necesarias al efecto en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta ley» fue también rechazada, si bien el delegado del Gobierno aseguró que el gobierno hablará con el Consejo General Vasco sobre estas elecciones.