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Debate sobre el proyecto de elecciones constitucionales

El Estado financiará las elecciones

El Estado hará frente a los gastos que originen las elecciones municipales entregando 10.000 pesetas por cada concejal electo y diez por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura a concejales, uno de cuyos miembros, al menos, haya sido proclamado, según dictaminó ayer la Comisión del Interior del Congreso.La subvención será entregada por el Estado a los representantes de las asociaciones, federaciones o coaliciones que hubieran presentado la candidatura, o al representante de ésta cuando hubiera sido promovida por agrupación de electores. El debate de este punto, contenido en el artículo 45 del proyecto de ley, dio ocasión al diputado socialista señor Sanjuán a hacer públicas las cifras que, según sus cálculos, debería pagar el Estado por gastos de las elecciones municipales: nada menos que más de un billón quinientos mil millones de pesetas.

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En medio de la sorpresa de los miembros de la comisión, cuyos rostros parecían querer decir que ellos no querían de ningún modo causar la quiebra del Estado, el delegado del Gobierno, señor Sancho Rof, manifestó que las cifras expuestas por el señor Sanjuán no podían ser correctas, porque cada concejal elegido tiene sus votos, que no son todos los de la lista en la que está incluido.

En relación con el tema de los gastos electorales, no prosperó por quince votos en contra y catorce a favor (socialistas, comunistas, Grupo Mixto y Minoría Catalana) enmienda socialista que pretendía incluir en el texto del proyecto la obligación del Gobierno de imprimir los poderes y papeletas electorales de cada candidatura.

Aparte de la financiación de las elecciones, la Comisión del Interior dictaminó los artículos que se refieren al régimen local del archipiélago balear (artículo 39) y al procedimiento contencioso-electoral establecido para impugnar los acuerdos o actos electorales (artículos 41 al 44). Respecto al régimen local aprobó la existencia de tres consejos insulares, uno en Mallorca, otro en Menorca y otro en Formentera, integrados por veinticuatro, doce y doce consejeros, respectivamente.

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