Inesperado ataque al Gobierno de Felipe González

El debate de una moción presentada por el diputado socialista Nicolás Redondo sobre el patrimonio sindical motivó ayer la intervención sorpresiva del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, quien atacó muy duramente, al Gobierno. El líder socialista fue contestado en términos moderados por el ministro de Trabajo, Manuel Jiménez de Parga.Las intervenciones fueron las siguientes:

Nicolás Redondo (PSOE). Propongo aquí que el ministro de Trabajo informe del estado actual de la transferencia de unidades y servicios de la AISS a los distintos departamentos ministeriales en un plazo no superior a quince días y que el Gobierno proceda a poner a disposición, provisionalmente, de las centrales sindicales de los locales donde están ubicadas las delegaciones de la AISS cuya administración pasaría a los municipios. En relación con los bienes incautados pido la creación de una, comisión mixta con cada una de las centrales sindicales afectadas, para elaborar el inventario de dichos bienes, el destino actual de los mismos y su valoración.

Me asalta la duda de si el patrimonio incautado a la UGT, al estar integrado al patrimonio sindical, ha sido o no declarado patrimonio público. Nosotros reafirmamos ante esta Cámara que dicho patrimonio no podrá ser jamás un patrimonio público, en cuanto que constituye un patrimonio privado, sufragado por todos aquellos que a lo largo de su historia fueron afiliados a la UGT. Y decimos también que nuestro patrimonio está siendo actualmente objeto de retención ilegal a través del ejercicio de un acto de fuerza, impropio de un Estado de, derecho por parte del actual Gobierno.

Señalar que el paso de treinta anos, que coinciden con la didadura franquista, y en el curso de los cuales la UGT fue ilegal, puede causar la prescripción de los derechos de la UGT o es una frivolidad de mal gusto o una manifestación que cae dentro del más puro estilo franquista.

Miguel Roca (minoría catalana). Mi grupo ha presentado una enmienda a la moción socialista, en el sentido de introducir matizaciones que atribuyan el control de este proceso de transferencia del patrimonio al Congreso. Nuestra enmienda pretende que la moción no vaya dirigida sólo al Gobierno, sino también a la propia Cámara.

Nicolás Redondo. Aceptamos las matizaciones de la minoría catalana, siempre y cuando a la subcomisión que se cree en la comisión de trabajo del Congreso para controlar este proceso asistan las centrales más significativas.

Antonio Faura (UCD). Se ha planteado aquí la naturaleza del patrimonio, mal llamado sindical. Para nosotros ese patrimonio está formado por un conjunto, por bienes y por cargas. Sería demagógico formular sólo reivindicaciones sobre los activos fijos y no sobre esas cargas. La cuota sindical tuvo matices de cuota parafiscal y en su pago participó también el empresariado.

Se ha hablado de las centrales «más significativas». ¿Cuáles son? (Risas). Sólo han participado en las elecciones un 12% de los centros de trabajo. ¿Son de verdad representativas estas centrales, con estos datos en la mano, de la masa obrera del país? Con estos datos yo diría que no. Detrás de esta pretendidamente inocente moción hay un protagonismo político (protestas), una intención electoral, y un intento de asumir un activo fijo y no unas cargas.

Eduardo Martín (Socialistas de Cataluña). Se ha hablado aquí de derechos y de cargas, pero hay cargas que no corresponde soportar ahora a las centrales sindicales. UCD no ha leído la moción socialista ni tiene conocimiento de lo que dice. Según el diputado de UCD la cuota sindical era parafiscal; le aconsejo que se lea la ley. No lo era.

Marcelino Camacho (PCE). Una vez más se trata de discutir a los trabajadores en este momento algo que hemos pagado los trabajadores. La cuota empresarial salió, todos lo sabemos, de los gastos generales. El colmo es que se diga que sólo han participado en las elecciones un número pequeño de trabajadores. El decreto por el que se han celebrado no lo hemos hecho nosotros y deja fuera del derecho de votación a más de cuatro millones de asalariados, de una masa total de ocho millones.

Felipe González (PSOE). Nuestro partido ha entendido que el proceso de transformación democrática se basa no en el hundimiento del aparato estatal, sino en la dinámica de sustitución de instituciones autoritarias por instituciones democráticas. Se trata de una evolución, no de una revolución. Hay que dar pasos positivos para

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construir un nuevo aparato que permita la consolidación de esa democracia.

Como decía Machado, hay dos tipos de conservadores: los que conservan la sarna y los que conservan la salud. Hoy se ha tratado de conservar la sarna.

Hablar de que el PSOE quiere gobernar desde fuera del Gobierno como aquí se ha dicho es injusto y lo puede testimoniar el propio Gobierno, cuya situación no se puede decir que sea muy airosa en estos momentos.

Se trataba de ayudar a construir con firmeza en los vacíos jurídicos y sociales que son peligrosos. Pero no se quiere potenciar por parte del Gobierno el desarrollo del sindicalismo. Que se haga una comparación con otros países democráticos y se comprobará que las centrales sindicales tienen una infraestructura poderosa que les permite prestar servicios a sus afiliados. Si no se fomenta esto, los sindicatos tendrán una carga ideológica en exceso, porque no pueden ofrecer esos servicios que son la base del sindicalismo moderno. Se ha hecho un flaco servicio al país.

Este Estado que intentamos desmantelar, porque no se ha hundido, yo diría que afortunadamente, se apropió del patrimonio de UGT sin asumir ninguna carga. Estamos en una situación de tránsito en la que hay que combinar audacia y argumentos. Pero con la «prudencia» que se ha pretendido demostrar aquí sólo se conserva la sarna.

Manuel Jiménez de Parga (ministro de Trabajo). En la operación que se está llevando a cabo se mezclan audacia y prudencia a mitades. Cuando se trata de transformar un sistema de convivencia política, sin destruirlo, la postura más cómoda es criticar posibles prudencias en vez de posibles adelantos. Este asunto es complejo y difícil, no porque se quiera minimizarlo, sino porque los instrumentos jurídicos de que contamos no facilitan una solución estrictamente formal. Esos instrumentos jurídicos no existen. ¿Que hay que crearlos?, naturalmente. Estamos en el Congreso, que puede hacerlo.

Pero si se hubiera. aceptado la moción socialista, se hubiera dado un paso hacia una distinta concepción del Estado. Nosotros aquí y ahora nos encontramos con un sistema político en evolución, y en ese sistema hay Cortes y Gobierno, cada uno con sus facultades. Lo que no procede, con ocasión de un motivo particular por muy importante que parezca, es desfigurar los límites de lo que es materia del Gobierno, del Congreso y del Senado.

Miguel Roca (minoría catalana). Hemos votado a favor de la moción porque queremos que el Parlamento sea el centro de la vida política del país y que todos los problemas importantes sean conocidos y debatidos aquí. Hemos votado que sí porque no queremos dar ninguna prima al extraparlamentarismo, lo que sería muy grave en estos momentos en que no conviene favorecer la radicalización de la vida política del país.