La Generalitat y el poder económico de Madrid

Este mes de febrero está presenciando una serie de esfuerzos para dotar de contenido operativo a la autonomía provisional de Cataluña a la espera de que la nueva Constitución del Estado permita la definitiva vertebración de las competencias otorgadas en exclusiva o en forma compartida a los Gobiernos central y autonómicos de las diferentes nacionalidades y regiones españolas que alcancen un estatuto regional.Tales esfuerzos consisten en las reuniones de las comisiones mixtas de traspaso de servicios, Gobierno central-Generalitat y diputaciones-Generalitat, y en la progresiva estructuración de lo que empieza a ser embrionaria maquinaria de gobierno de la Generalitat.

No hay duda de que el proceso de vertebración del gobierno de Cataluña ha ido rápido desde que el Boletín Oficial, del 5 de octubre, reinstaurara provisionalmente la Generalitat.

El pasado 5 de diciembre se hizo pública la lista del gobierno autonómico, el 7 del mismo mes, se creaba la Secretaría General de la Presidencia de la Generalitat, el 16 de diciembre, se conocía la composición de las comisiones mixtas para trasvase de servicios en favor de la nueva Generalitat, el 7 de enero, se creaba el Servicio Central de Estadística y Documentación, el 9 de enero, se publicaba el programa de gobierno del Consell Executiu, y el 12, se nombraba el Consejo de Dirección del Instituto de Investigaciones Económicas.

Tanto el presidente Tarradellas como los miembros de su Gobierno han desarrollado en este lapso de tiempo un intenso programa de contactos, con lo que -en la terminología de otras épocas- se hubiera denominado las fuerzas vivas catalanas.

Tales contactos se han ido haciendo bajo la idea de que las decisiones de gobierno deben evitar al partidismo y bajo la idea realista de que, hoy por hoy, es mucho más importante lo que decide la Administración central que el ritmo y el estilo que pueda imponer a nivel catalán la gestión de la Generalitat, la reciente visita a Barcelona de una serie de altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas pone bien de manifiesto tal situación de táctica superioridad de la Administración central en relación a los escasos medios de la Generalitat, y lo mucho que deberá presionarse en la comisión de traspaso de servicios para que realmente cambie la actitud.

Díríase que en el ánimo de los administrados pesa como una pesada losa la tradición de fuerte dependencia de la Administración de Madrid, y que el tema del Gobierno catalán es considerado como menos importante por quienes tienen que adoptar día a día decisiones en seno de las empresas o de las centrales patronales o sindicales.

Por esta razón me parece que es fundamental que la Generalitat haga lo posible para vencer este escepticismo inicial respecto a lo que va a poder hacer realmente en el futuro para poner un poco de orden al crecimiento de la economía catalana y que se apoye lo más posible en las instituciones económicas existentes para completar las pocas posibilidades de servicio que le otorga su hasta ahora limitadísimo presupuesto de doscientos millones de pesetas.

En Cataluña, precisamente, existe una rica gama de instituciones que tienen la virtualidad de haber aglutinado los pocos esfuerzos autónomos de estudio y análisis de la economía catalana que han existido durante toda la época franquista.

En este sentido creo que Cataluña tiene muchas más posibilidades de que el traspaso de servicios, sea más rico que el posible en otras zonas de España en donde el desierto de instituciones de tal índole es casi completo y en donde un llamamiento del Gobierno autonómico en favor del soporte a su gestión -como el hecho por la declaración programática del Consell Executiu de la Generalitat del 9 de enero- tropezará con la falta de entes intermedios operantes capaz de -sumados al Gobierno autonómico- contrabalancear el sesgo psicológico de los administradores a seguir considerando que esto de los gobiernos regionales es un entretenimiento político y lo que realmente sigue contando es lo que se decida en Madrid dentro o fuera de las páginas del Boletín Oficial del Estado.

La gestión de los entes autonómicos debe, ante todo, ser respaldada por quienes serán los administradores de ellas y sería muy peligroso que una parte de dichos administrados prefiera confiar en la Administración central que en la administración autonómica.