Quejas contra deficiencias en el funcionamiento del Liceo Francés

El ministro de Educación y Ciencia anunció, en reciente rueda de prensa, la elaboración de un proyecto de regulación del funcionamiento de los centros de enseñanza extranjeros en España. Coincidiendo con este hecho, un grupo de padres de alumnos del Liceo Francés ha expuesto a EL PAIS los múltiples problemas derivados precisamente de esa falta de regulación actual.Según estos padres, el Liceo, al parecer, no depende jurídicamente mas que del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el funcionamiento en la mayoría de los aspectos se regula por acuerdos o canjes bilaterales entre los Gobiernos francés y español, que ocasionan una absoluta ambigüedad jurídica, siempre en perjuicio no sólo de los alumnos españoles, sino también de los profesionales, enseñantes o no, que desarrollan su actividad laboral en el centro.

A este tenor, «el Liceo es francés o español, estatal o privado, según los intereses de cada momento». Esto se refleja, entre otras cosas, en el número de alumnos por clase. En el jardín de infancia se aplica el módulo español, incluso rebasándolo (43 alumnos por aula), mientras la legislación francesa establece como límite la cantidad de veinticinco niños. Este hecho adquiere tintes de verdadera discriminación en el nivel de enseñanza secundaria, donde se respeta la cifra francesa de veinticinco, pero únicamente para las clases de francés; en cambio, ese número casi se duplica cuando de clases de español se trata.

En materia de honorarios -continúan estos comunicantes- no tiene fácil comprensión el hecho de que, aun cuando la legislación francesa confiere a los niveles de enseñanza que en el Liceo se imparten carácter de gratuidad total, incluidos los libros, los precios de los honorarios experimentan subidas desmesuradas, una o dos veces por año. Por otra parte, y dado que en materia de sueldos de profesores hay una radical diferencia entre lo que perciben los naturales de un país y otro, se producen grandes disparidades en el plano de la dedicación y de los métodos, ya que también son notables las diferencias en cuanto a jornada laboral y contratación.

De otro lado, los padres de los alumnos del Liceo Francés señalan que el único órgano decisorio e incluso legislativo en la marcha del centro es el provisor o rector, «figura autoritaria que no tolera ningún tipo de intervención o participación en la gestión del centro, ni por parte de los profesores ni de la asociación de padres, ya que para contrarrestar cualquier demanda participativa de aquélla ha llegado recientemente a crear una especie de asociación paralela, con una designación un tanto confusa y ambigua de los padres que han de representar al resto».

En su denuncia de la actuación poco democrática del provisor, los padres añaden que éste censura previamente los temas que han de ser tratados en los «conseils d'etablissement», ámbito en el que teóricamente deberían tratarse todos los problemas que afectan a la vida del Liceo, lo que impide una mínima intervención en aspectos como la gestión económica de la institución, problemas del profesorado, aspectos laborales, etcétera.

Otros aspectos poco regulares del funcionamiento del Liceo -siempre según la opinión de este grupo de padres- son: la carencia de un reglamento de régimen interior debidamente ajustado a la legislación española, tal y como establece la ordenanza laboral para la enseñanza no estatal en centros de más de cincuenta trabajadores, o la falta de criterios claros pata la admisión de alumnos, «salvo la importancia de la carta de recomendación que acompaña a la solicitud de entrada. Esta práctica está provocando el que, poco a poco, el Liceo se esté convirtiendo en un centro para minorías selectas, que acceden al mismo en virtud de su nivel económico o de las posibles influencias en la Administración española: ministros, rectores de Universidad, inspectores de Educación, etcétera».