Los comunistas interrogan al Gobierno sobre sus planes en el sector energético

Varias preguntas al Gobierno para que éste explique cuáles son sus planes en el sector energético, formuladas por el diputado Ramón Tamames en nombre del grupo parlamientario comunista del Congreso, fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial de las Cortes.Las preguntas tienen como fondo el incumplimiento, a juicio del grupo comunista, por parte del Gobierno del pacto de la Moncloa, por el que aquél se comprometió a «remitir a las Cortes, antes de fin de año, un nuevo plan energético, compatible con la necesaria conservación del medio ambiente, que apunte a contener y, si ello fuera posible, a disminuir la intensidad y elasticidad del consumo energético». El grupo parlamentario comunista razona que la financiación de las empresas eléctricas, es decir, de sus inversiones en centrales hidráulicas, térmicas y nucleares, se ha hecho, en su mayor parte, con fondos públicos o con los de las Cajas de Ahorro, lo cual se ha puesto todavía más de manifiesto con el programa nuclear, que exige sumas gigantescas, que sobrepasan las posibilidades de autofinanciación de las compañías eléctricas.

En el caso de la energía nuclear, se añade, ocurre, además, que la intervención del Estado es absolutamente esencial para llevar a cabo aspectos esenciales del ciclo del combustible nuclear, sin hablar de los potenciales riesgos que la ciudadanía se ve obligada a asumir. El grupo comunista estima que si la financiación, los riesgos y el suministro de servicios esenciales son asumidos por la colectividad, es totalmente incongruente que la propiedad, explotación y beneficios de la energía eléctrica continúen en manos privadas.

A este respecto, el grupo comunista plantea al Gobierno una serie de preguntas que abarcan desde sus planes para garantizar la gestión adecuada de los fondos y del ahorro público en el sector energético hasta los criterios que ha seguido o se seguirá para garantizar un emplazamiento adecuado y unas óptimas medidas de seguridad de las instalaciones.

Por su parte, la diputada María Victoria Fernández-España, del grupo parlamentario de Alianza Popular, ha presentado una moción instando al Gobierno a que adopte una política clara, eficaz y urgente en apoyo del sector naval y de los muchos españoles que de él dependen. La moción insta al Gobierno a que active cuanto antes el plan de reestructuración y diversificación del sector y a que proponga al Congreso, en tanto se cumple dicho plan, un conjunto de ayudas específicas que permitan la supervivencia de las empresas del sector y las coloquen en condiciones competitivas con las de otros países.