El ministro de Industria se opone a determinadas propuestas del Plan Energético

La elaboración del proyecto de Plan Energético Nacional (PEN) está provocando un abierto enfrentamiento en el seno del equipo económico gubernamental, especialmente como consecuencia de las posturas divergentes de los Ministerios de Economía e Industria y Energía. Fuentes cercanas a este último departamento precisaron ayer a EL PAÍS la total oposición del titular y sus más directos colaboradores, a tres de las propuestas contenidas en el borrador final entregado a la Comisión Interministerial: nacionalización de la red de alta tensión eléctrica, monopolio estatal en construcción de centrales nucleares a partir de 1987 y ubicación del ente coordinador del subsector petrolero en el Ministerio de Economía.

Las tensiones se han agudizado como consecuencia de la publicación, el viernes de la pasada semana, de las conclusiones del grupo de trabajo -véase EL PAÍS del día 11 de febrero-, que concluyó el estudio del borrador propuesto por Industria y Energía rechazado por el Gobierno, el 30 de diciembre pasado, por considerarlo incompleto. Según fuentes del Ministerio de Industria, el único representante del departamento, Eduardo Punset, hizo ya constar su oposición a los tres puntos en la firma del acta final. Otras fuentes consultadas por EL PAÍS han desmentido, sin embargo, la existencia de tal disconformidad, al menos en el texto firmado conjuntamente. El resto de componentes del grupo de trabajo era el director general de Política Económica, José Luis Leal; el secretario general técnico de Economía, Matías Rodríguez Inciarte; Emilio Sanz-Hurtado, director general de Petroliber, y Roberto Centeno, que ocupa idéntico cargo en CAMPSA. El grupo fue creado por la comisión interministerial designada para revisar el PEN, en su reunión del 4 de enero pasado.En el primero de los puntos conflictivos, Industria sustenta la teoría de que la nacionalización no es necesaria, ya que su costo es excesivo - para las actuales circunstancias - 15.000 millones de pesetas- y el control sobre la actividad de las compañías podría establecerse a partir de la presencia de delegados gubernamentales en las sociedades privadas; posibilidad que, según Industria, había sido ya aceptada por el sector. A esto se uniría un control -no precisado- sobre el esquema de reparto de cargas. Al parecer, el planteamiento por parte del equipo de Industria de la posibilidad de designar delegados motivó la salida de la presidencia de UNESA del señor Oriol. Los partidarios de la nacionalización de la red de alta tensión rechazan la efectividad de la alternativa propuesta por Industria.

La presencia de delegados -señalan- sería poco efectiva, como lo demuestra la experiencia de otras empresas de servicio público, mientras no se alcance una participación estatal mayoritaria en las empresas. Por otra parte, el funcionamiento del esquema de Reparto de Cargas (Reca), cuyo control ha delegado el Gobierno en UNESA -dominada a su vez por las dos grandes compañías Iberduero e Hidroeléctrica Española-, se ha demostrado siempre ineficaz y en todo momento favorecedor de los intereses de las compañías más potentes. Para los partidarios de la nacionalización, el tema clave es controlar la relación frecuencia-potencia, que sólo puede lograrse constituyendo una sociedad mixta, mayoritariamente estatal, que adquiera el dominio de la red de alta tensión. Además, se estaba de acuerdo en garantizar que la nacionalización de la red de alta no supondría la nacionalización del sector en un plazo de veinte años, lo que podría negociarse con los grupos políticos y las empresas.

Centrales nucleares

El segundo tema de discrepancia es el que se refiere a las cen trales nucleares. También aquí el ministro de Industria y su equipo se oponen radicalmente a la nacionalización de todas las centrales construidas a partir de 1987, según propone el documento del grupo de trabajo. Las razones aducidas por el Ministerio son básicamente relacionadas con lo dispuesto en los pactos de la Moncloa, que no señala la necesidad de adoptar tal medida. Los preceptos suscritos se refieren solamente a temas de localización, control de residuos y seguridad, que el Estado podría ejercitar sin necesidad de acometer la estatalización. Por otra parte, los mismos medios consideran que la medida es inútil a corto plazo, por cuanto sólo afectaría a una o dos centrales, en base a las previsio nes del propio plan. Los partidarios de la medida, por su parte, estiman que es necesaria por razones financieras, estratégicas y técnicas, especialmente a la vista de las experiencias foráneas. Las previsiones iniciales del plan presentado por Industria han sido rebajadas, previendo solamente un total de catorce centrales nucleares en funcionamiento al término de su vigencia, en 1987. Esta cifra quedaría desglosada en: tres actualmente en funcionamiento, siete que se encuentran ya en fase de construcción y de las ocho restantes proyectadas serían suprimidas las tres que todavía no contaban con autorización previa, así como una de las cinco restantes, cuyo equipo ya está contratado, aunque esta última está sin determinar; de éstas surgirían las cuatro restantes. La revisión del PEN contempla, asimismo, la puesta en práctica del ciclo nuclear completo en España.

Acaso el tema de mayor controversia, al menos a nivel de sensibilización en el Ministerio de Industria y Energía, es el que se refiere a la ubicación del ente coordinador del subsector petro lero, que el grupo de trabajo recomienda vaya al Ministerio de Economía. A ello se opone el equipo Oliart, que defiende su encaje en el Instituto Nacional de Industria. Las razones del Ministerio se centran en criterios de no continuar la dispersión de la gestión de las empresas públicas, yendo, por el contrario, hacia una progresiva concentración de la gestión de la empresa pública. Por otra parte, fuentes autorizadas del departamento de Industria señalaron que el carácter del Ministerio staff de la actual vicepresidencia económica le descalifica operativamente para controlar la gestión de toda la política petrolera nacional. Los mismos medios manifestaron su creencia de que la misión coordinadora de la política económica general na da tiene que ver con la gestión de un organismo como el futuro en te, que debería estar encomendada a un determinado ministerio. También se aseguró que había causado disgusto a los actuales responsables del Ministerio de Industria y Energía que, a los siete meses de incluir el sector energético en la denominación departamental, las competencias pasarán a otro sector de la Administración. El último punto sobre el que el equipo Oliart basa su oposición es que la salida del INI de todo el tema energético comprometería gravemente el futuro del propio Instituto. El otro sector de la polémica estima que la ubicación en Economía está justificada por el actual estado del INI, y que sus efectos no serían, en modo alguno, negativos para el holding, por cuanto su participación financiera en el ente sería muy notable.