Socialistas y comunistas pueden abandonar el Consejo Rector de Radiotelevisión Española
Los representantes socialistas y comunistas pueden salir en breve del Consejo Rector de Radiotelevisión Española si no se modifica el funcionamiento interno del mismo, según decidieron en la reunión del Consejo que tuvo lugar ayer. El PSOE y el PCE acusaron al Gobierno y a la UCD de obstruir la democratización de RTVE, y presentaron dos mociones: una socialista, a la que se adhirieron el PCE, PSP y Socialistas de Cataluña, en la que se dice que el PSOE queda «a la espera de que se resuelvan los problemas de funcionamiento en el órgano para considerar su permanencia en el Consejo Rector», y otra comunista, donde se anuncia una interpelación al Gobierno sobre el tema y se «considera que el funcionamiento del Consejo Rector es inviable hasta tanto los firmantes de los acuerdos de la Moncloa no realicen una reunión para decidir cuál es el carácter y las funciones del Consejo Rector».
En el orden del día de la reunión de ayer había tres puntos: la constitución de la comisión permanente, las normas de funcionamiento interno y el ejercicio de las competencias del Consejo. Pero el que más acaparaba la atención, incluido a propuesta del PSOE y del PCE, fue el referente a los recientes nombramientos de cargos directivos en Televisión. La representante comunista Pilar Brabo propuso que se suspendieran estos nombramientos y que en el futuro se consulte al Consejo Rector para llevarlos a cabo. A esta propuesta se adhirió el PSOE, y añadió que se ha violado el decreto por el que se creó el organismo autónomo Radiotelevisión Española.El director general de RTVE, Fernando Arias Salgado, dijo que los nombramientos no habían supuesto un cambio de estructura, sino un reagrupamiento de funciones, por lo que no procedía la consulta al Consejo Rector. Afirmó que rechazaba los juicios de carácter personal y dijo que había actuado con criterios basados en la estricta profesionalidad de las personas. Al parecer, esta afirmación levantó algún rumor.
El presidente del Consejo Rector, señor Martín Oviedo, diputado de UCD por Avila, dijo que, de cualquier manera, la cuestión era ya un problema de opinión pública, y que el Consejo Rector tenía que ser sensible a ella, pero que, no obstante, no se podían confundir las competencias de los distintos órganos (Dirección General, por un lado, y Consejo Rector, por otro). El diputado ucedista añadió que, como se cuestionaban los nombramientos fundamentalmente en cuanto al rigor en la objetividad informativa, la respuesta del Consejo Rector debía ser elaborar esa objetividad informativa en los medios de comunicación del Estado. La Oposición insistió en revocar los nombramientos o, al menos, proponer su suspensión, pero el señor Martín Oviedo dijo que el tema no era competencia del Consejo Rector y se negó a que se pasara a votación.
El desacuerdo llegó a su punto culminante a la hora de establecer el sistema de votaciones en la comisión permanente. A este respecto hubo tres propuestas: una del PCE en el sentido de que votaran por separado los dieciocho parlamentarios y los dieciocho miembros del Gobierno, y, en caso de desacuerdo, resolviera la Junta de Portavoces del Congreso; otro del PSOE, sugiriendo también la votación separada de parlamentarios y gubernamentales, pero estableciendo el voto de acuerdo al procedimiento legislativo, es decir, contando los escrutinios según el número de parlamentarios que cada grupo tiene en las Cámaras. En caso de desacuerdo, decidiría el Parlamento. Y una última propuesta, de UCD, estableciendo que las decisiones se tomaran por mayoría simple de los 36 componentes del pleno del Consejo Rector, pero incluyendo que tendría que haber, al menos, el voto de dos de los grupos parlamentarios en esa mayoría simple. Antes de pasar a la votación abandonaron la sala los representantes de todos los grupos parlamentarios, excepto el Gobierno, UCD y Alianza Popular, por lo que salió victoriosa la propuesta de UCD por todos sus votos a favor -veintitrés presentes-, más el de AP, que se abstuvo, al votar contra las mociones del PSOE y del PCE.
Javier Solana dijo a EL PAÍS que la situación era de «escándalo mayúsculo. No quieren soltar Televisión por nada del mundo. Nosotros proponemos que los representantes del Gobierno en el Consejo Rector tengan carácter asesor, y en el momento que haya que tomar decisiones fuera del organismo lo hagari los grupos parlamentarios. De no interpretarse así, siguiendo el espíritu de las negociaciones de la Moncloa, abandonaríamos el Consejo, incluso antes de la reunión del día 2», fecha de la próxima reunión de la comisión permanente del Consejo Rector de RTVE.
Por otra parte, ayer se reunieron los componentes de los telediarios para considerar la situación ante la dimisión de sus directores. Según fuentes de los profesionales, el director adjunto para los servicios informativos, Fernando Bofill, comentó que a él le habían garantizado que venía una época de apertura para Televisión y dijo que todos los equipos tienen asegurado un puesto en el nuevo esquema informativo.
La primera edición de Telediario fue presentada ayer por su editora, Clara Francia, y la segunda por los locutores Vicente Martínez e Isabel Baeza.
La central sindical CSUT hizo público un comunicado apoyando a los dimisionarios. Una veintena de redactores y realizadores de la segunda edición de Telediario firmó una carta expresando «nuestra más sincera y positiva consideración hacia la labor de Eduardo Sotillos al frente de nuestro equipo, que entendemos ha constituido un limpio y cabal servicio a la Información plural que hoy demanda la sociedad española».
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