Partidos navarros consideran utópicas las pretensiones forales de la Diputación

La comisión permanente y de régimen de administración local del Consejo Foral se reunirá el próximo lunes, día 9, para estudiar el acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, tomado el pasado 15 de diciembre, sobre la «reintegración foral plena». Una vez visto el tema, pasará a ser examinado por el Consejo Foral, que emitirá el preceptivo informe, ya que se trata de un órgano consultivo, sin poder de decisión. Y en último caso, será la propia Corporación Foral quien decida sobre la reintegración foral y la forma de lograrla.Sin embargo, la cuestión resulta complicada. Según el acuerdo de la Diputación, que será sometido al informe del Consejo Foral, «Navarra, antes de los pactos de 1839 y 1841, era reino de por sí, dado que su incorporación a la Corona de Castilla, en 1515, fue hecha por vía de unión equae principal, reteniendo cada uno de los reinos unidos su naturaleza antigua, así en leyes como en territorio y gobierno. Verificada la unión, Navarra quedó y permaneció reino de por sí, rigiéndose por sus fueros, leyes, ordenanzas, usos, costumbres, franquezas, libertades y privilegios. Es reino distinto en territorio, jurisdicción, jueces y gobierno de los demás reinos de España.

Según esta tesis, la reintegración foral plena entraña que Navarra vuelva a la situación señalada anteriormente, quedando sin efecto las leyes de 1839 y 1841,

«Lograr que queden sin efecto las leyes citadas implica automáticamente -señala el acuerdo de la Diputación- la reintegración foral plena de Navarra, y de sustentarse esa tesis, sería realmente contradictorio con el principio de reintegración foral plena, intentar un nuevo pacto que condujera a situación distinta de la indicada. En síntesis resulta que la reintegración foral plena consiste en recobrar todas las competencias, todo el poder y todas, absolutamente todas, las instituciones, con lo que Navarra volvería a ser reino de por sí y titular de una soberanía plena con sus tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial y extendiéndolo objetivamente a todas las materias, tal y como era antes de 1839.»

Con esta postura: la Diputación manifiesta implícitamente que hay que elegir entre el todo, es decir, la postura de lograr que Navarra vuelva a ser reino, o la nada, que supondría seguir en la situación actual, basada en la ley paccionada de 1 de agosto de 1841, en la que se despojó a Navarra de la mayoría de sus facultades anteriores. Esta postura, no compartida por ningún grupo político navarro, no admite soluciones intermedias. Siendo evidente que lograr la reintegración foral plena es una utopía, los partidos políticos abogan por una solución intermedia, más real, que comenzaría por una democratización de las instituciones forales.

Virrey para Navarra

De forma descriptiva, el cuadro de instituciones y competencias que abarcaría la plena reintegración foral colocaría a Navarra en las siguientes circunstancias:

- El rey Juan Carlos tendría la nominación de Juan Carlos I de Navarra.

- El príncipe heredero de la Corona de Castilla tendría la obligación de jurar los Fueros de Navarra, para ser reconocido como rey en el momento en que accediera al trono.

- El Rey de España habría de designar un virrey para Navarra.

- La delimitación del territorio del reino de Navarra estaría acompañada por las aduanas correspondientes en las fronteras de los Pirineos, línea del Ebro, Álava y Guipúzcoa, que desempeñaron antiguamente las funciones de recaudadores de los impuestos sobre los géneros introducidos por las mismas.

- Establecimiento de las Cortes de Navarra.

- Constitución del Consejo Real, que era el Tribunal Supremo del reino.

- Los navarros no podrían ser obligados a realizar el servicio militar, salvo en los supuestos de que entrase en su territorio «hueste enemiga» o «estuvieran sitiados villa o castillo». En cuanto a competencias, en caso de conseguir la plena reintegración foral, Navarra volvería a tener las generales propias de un Estado. Podría dictar leyes, organizaría el poder judicial en todos sus ámbitos a cargo de los tribunales y órganos respectivos, atendería los servicios de educación y enseñanza desde la etapa preescolar hasta la titulación universitaria, controlaría los medios de comunicación y transporte, incluso los aeropuertos, radio, televisión, telégrafos, correos, etcétera. Igualmente, tendría plenos poderes con respecto a obras públicas, sanidad, actividades industriales, propiedad intelectual, ordenación económica -incluyendo la banca, bolsa e inversiones-, leyes laborales y sindicales, seguridad social y previsión en general; legislación civil, administrativa, penal, laboral, mercantil, registral; orden público general, incluyendo policía y sistemas de defensa, y, en general, cualquier otra actividad propia de un Estado con soberanía. Navarra podría emitir su propia moneda y las relaciones económicas con el Estado español se retrotraerían a la única obligación de otorgar el donativo foral siempre que no se cometiera contrafuero.

La reintegración plena es inviable

En círculos políticos consultados por EL PAÍS, estiman que tanto la comisión permanente y de régimen de administración local del Consejo Foral, como el propio Consejo, darán el visto bueno, sin mayores discusiones, a la propuesta de la diputación foral sobre la reintegración foral plena. El problema se planteará cuando sea la propia corporación foral la que intente negociar con el Gobierno la reintegración. Es evidente que el Gobierno no devolverá a Navarra la totalidad de sus facultades originarias porque esto supondría, de facto, la independencia del viejo reino con respecto al Estado español.

El decreto-ley, estudiado por diputados forales

Durante la mañana de ayer los diputados forales Marco, Iturralde, Asiaín y Fortun, se reunieron en el palacio foral para estudiar el decreto-ley de preautonomía para el País Vasco, recientemente aprobado por el Gobierno.