La exportación catalana y el proteccionismo de la CEE
El mandato aprobado por el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas para recomenzar las negociaciones con España y las medidas proteccionistas anunciadas por la Comunidad en relación a las exportaciones españolas de los sectores textil, metalúrgico y siderúrgico han caído muy mal entre los medios exportadores catalanes.Tanto es así que la Cámara de Comercio de Barcelona daba a conocer el pasado día 23 una declaración pública constatanto que «el mandato aprobado por la Comunidad resulta totalmente insatisfactorio y lesivo para las empresas españolas» y ponía de manifiesto su «oposición y alarma a las políticas proteccionistas que los países de la Comunidad están adoptando en contra de algunos sectores exportadores españoles».
Los términos en que el proteccionismo comunitario se está planteando en estos momentos resultan bien conocidos: intento de modificar el acuerdo hispano-comunitario hoy en vigor, introduciendo sistemas de contingentación y listas de vigilancia para sectores dinámicos de la exportación española y establecimiento de medidas restrictivas directas unilaterales a algunos sectores exportadores, bien al margen del espíritu del acuerdo preferencial de 1970. Los sectores más afectados por todo este movimiento son los bienes de consumo, (textiles, calzado y artículos de piel, juguetes, etcétera) y el siderúrgico.
El hecho resulta grave para la exportación catalana. El 26,30 % del total de la exportación española no alimentaría a la Comunidad se realiza desde Cataluña, y se da la circunstancia, apuntada en la Memoria Económica de Cataluña, en base a los datos del Cataluña Exporta, que entre 1973 y 1976 las exportaciones de manufacturas de consumo catalanas a la Comunidad ha pasado de representar escasamente una cuarta parte de las exportaciones a la CEE a más de un tercio, lo cual, según apreciación de la Cámara de Barcelona «es un aspecto muy positivo de las relaciones comerciales entre Cataluña y la CEE».
Cataluña ha tenido siempre una sensibilidad muy especial en relación con los problemas hispano-comunitarios, que se ha manifestado desde el hecho de que es en Barcelona donde radican el Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica y el Instituto de Estudios Europeos hasta la reciente constitución en la Ciudad Condal del grupo España de antiguos stagiaires de las Comunidades Europeas, pasando por la firma del «manifiesto de los trece», que constituyó, en su momento -julio de 1972- tanto testimonio político antifranquista como acto de fe económico en la incorporación de España a la CEE.
En base a esta sensibilidad, muchas empresas catalanas han empezado a ver el mercado comunitario como una simple prolongación geográfica del mercado nacional y muchas las empresas que han adquirido conciencia de que Perpignan o Marsella están más cerca de Barcelona que Vigo o Cádiz.
A partir de ahí se explica el notable crecimiento de las exportaciones catalanas a la Comunidad -muy especialmente a Francia- y lo embarazosa que resultaría la consolidación de las actitudes proteccionistas comunitarias para las empresas que se lanzaron por los caminos europeos en la última fase de la dictadura de Franco en que, por supuesto, el camino de Europa se presentaba con más espinas que flores.
Decepcionaría mucho a los europeístas de viejo cuño que el Gobierno español no se opusiera con todos los medios a su alcance a las pretensiones proteccionistas de determinadas industrias comunitarias en declive en momentos como los actuales, en que se ha oído más de una promesa política comunitaria en favor de España.
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