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Pleno del Senado

El Senado se negó a considerar la abolición de la pena de muerte

Por un margen de doce votos - 104 frente a 92, dos nulos y dos abstenciones- el Senado rechazó ayer la tramitación de una proposición de ley sobre la abolición de la pena de muerte presentada por el senador Manuel Villar Arregui, en nombre del grupo Progresistas y Socialistas Independientes. Razones de oportunidad -principal argumento alegado en el debate sobre el tema por los grupos y Agrupación Independiente- llevaron a la mayoría relativa del Senado a decidir en votación nominal y secreta no entrar en la consideración de la supresión de la pena capital, temaque, según manifestó el ministro de Justicia, Landelino Lavilla -quien tuvo una decisiva intervención en el debate-, no «podría ser asimilado en las actuales circunstancias por determinadas clases sociales que sienten una acentuada sensación de indefensión».

El debate sobre la abolición de la pena de muerte ocupó la mayor parte de la sesión de la mañana de ayer, con la que finalizó el Pleno del Senado iniciado el día anterior. Tras la lectura íntegra de la proposición de ley presentada, en nombre del grupo Progresistas y Socialistas Independientes, por el senador Manuel Villar Arregui, éste tomó la palabra para defender ante el Pleno su propuesta. Con tono grandilocuente, pero sentido, el señor Villar Arregui expuso los clásicos argumentos jurídicos, históricos y de autoridad contra la pena de muerte, sin olvidar las tomas de posición contra la misma adoptadas por el Congreso de la Abogacía española de León, en 1970, y, posteriormente, por los catedráticos y profesores de Derecho Penal de la Universidad española.«Quiero conectar la convicción de mi conciencia con vuestras conciencias», dijo, dirigiéndose a los senadores, el señor Villar Arregui, quien declaró que la abolición de la pena de muerte es un tema que desborda el programa concreto de cada partido.

El senador Villar Arregui rechazó que el mantenimiento de la pena de muerte constituya un auténtico rearme del Estado frente a la violencia, aun siendo ésta terrorista. « Sabéis -dijo, dirigiéndose al grupo de UCD- que no se va a ejecutar ninguna pena de muerte, pero dejáis su no ejecución a la responsabilidad del Rey a través de la prerrogativa de gracia por no querer recoger la abolición en los códigos legales.»

Ser o no ser abolicionista

En nombre del grupo de UCD intervino el senador Antonio Jiménez Blanco, quien, tras declararse partidario de la abolición de la pena de muerte y manifestar que su grupo también lo era, estimó que razones de oportunidad impedirían la adopción inmediata de esta medida, que «agudizaría cierta sensación de indefensión que tiene actualmente la sociedad española».

Otro argumento empleado por el senador de UCD fue que la abolición de la pena de muerte exige la reforma global y coherente de una parte sustanciosa del Código Penal. En este sentido pidió al Senado que esperase la presentación del proyecto de ley sobre la reforma del Código Penal, que prepara el Ministerio de Justicia.

La proposición de ley presentada por el señor Villar Arregui fue apoyada a continuación por el senador Peces-Barba, en nombre del grupo Socialista; por el senador José Antonio Baixeras, en nombre de Entesa deis Catalans, y por el senador Joaquín Navarro, del grupo Progresistas y Socialistas Independientes. El primero ironizó sobre la posición teóricamente abolicionista de UCD, pero partidaria en la práctica del mantenimiento de la pena de muerte, afirmando que «los sucedáneos no existen en materia penal, y se es abolicionista o no se es». El segundo argumentó contra las razones de oportunidad alegadas por UCD, y el tercero hizo un análisis sociológico de la costumbre de matar que rige desde antiguo en España, afirmando que la derecha eterna española, que siente pánico a ser devorada por eso que llama pueblo, viene identificando el orden con la existencia de la pena de muerte.

El senador Justino de Azcárate, de la Agrupación Independiente intentó conciliar posiciones, recordando que en una sesión de las Cortes constituyentes de 1931 sobre la pena de muerte, la unanimidad existente sobre el tema se rompió cuando las razones del entonces ministro de la Guerra, Manuel Azaña, llevaron a los diputados a hacer una excepción con los delitos en los que era competente la jurisdicción castrense. El senador del mismo grupo, Luis Sánchez Agesta, adujo, por su parte, razones de procedimiento, ya que «la supresión de la pena de muerte repercute en todo el Código Penal , por lo que debía procederse a su reforma global».

Posición del Gobierno

La intervención del ministro,de Justicia, señor Lavilla, esperada con curiosidad y expectación por los senadores, se centró sobre el planteamiento que del tema hace actualmente el Gobierno, coincidente con el del partido mayoritario. El señor Lavilla volvió a utilizar las razones de oportunidad contra la abolición de la pena de muerte y el argumento de que esta medida no puede tomarse aislada mente, sino que debe ser simultánea a la reforma del actual sistema punitivo.

Se opuso a que el debate se plantease en el terreno abstracto con sólo argumentos basados en principios éticos, y pidió a los sena dores que tuviesen también en cuenta razones de convivencia social. «El Gobierno -dijo- que ha conseguido el desmontaje de un Estado autoritario, no puede llevar a cabo la reforma a un ritmo que la sociedad no puede aguantar.»

Según el ministro, la actual coyuntura de la sociedad española, con acciones violentas que crean una sensación de inseguridad en amplios sectores, no soportaría la abolición rápida y precipitada de la pena de muerte. A su juicio, la abolición de la pena de muerte sólo se podrá plantear cuando se restaure la confianza social en la eficacia del sistema punitivo.

Tras la intervención del ministro de Justicia, tomó la palabra el senador socialista Plácido Fernández Viagas, quien afirmó que seguía sin estar clara la política del Gobierno sobre este tema. «Lo único claro -dijo- es que no está entre los propósitos del Gobierno suprimir la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Desde nuestro profundo respeto a las Fuerzas Armadas, tenemos que decir que no deben hacerse excepciones en esta materia». Por otra parte -añadió el señor Fernández Viagas-, el Gobierno dice que irá haciendo su política paulatinamente, pero en un tema como el de la pena de muerte no se puede ir poco a poco.»

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de diciembre de 1977

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