Hoy, primer Consejo de Ministros del Gobierno catalán

Hoy tendrá efecto el primer Consejo de Ministros del Gobierno autónomo catalán. En su orden del día figura el «conocer y aprobar las designaciones de Josep Tarradellas» respecto a los representantes de la Generalitat en las comisiones mixtas para el traspaso de servicios, a establecer con el Gobierno y con las cuatro diputaciones catalanas.

Por otro lado, ayer Tarradellas designó al titular de la Secretaria General de la Presidencia de la Generalitat, cargo que recayó en el economista Josep María Bricall, profesor de la Universidad de Barcelona.Para ocupar cargos sin especificar en dicha secretaría general fueron también nombrados Isabel Bonet -familiar de Tarradellas-, Josep Fauli -ex director del diario Avui, Lluis Gausachs -que había ocupado con eficacia la Secretaría General de la Presidencia de la Generalitat en el exilio-, Ricard Lobo, Roma Planes, Rafael Pujol, Jaume de Puig y Jordi Vila-Abad. Entre los designados se da la coincidencia de que se hallan varios ex monje benedictinos de la abadía de Montserrat. Con seguridad, Josep Fauli se resporisabilizará de las relaciones de la Generalitat con la prensa.

Ayer continuaron las críticas al primer Gobierno de la Generalitat, en el sentido ya indicado en estas páginas (véase EL PAIS de 6 y 7 de diciembre).

Empresarios arrepentidos

En otro orden de cosas, un alto cargo de la Cámara de Comercio de Barcelona indicó que «los empresarios catalanes están asustados ante este Gobierno y puede afirmarse con toda seriedad que el empresario catalán está arrepentido del restablecimiento de la Generalitat». La fuente añadió: «Los empresarios catalanes preferirán invertir fuera de Cataluña, o bien pensarán que Suiza es un excelente país para depositar sus fondos. » Es de precisar que las bases de estos razonamientos son la posible incompetencia técnica más que criterios políticos.La misma fuente -y en general todas las consultadas- consideran que la alternativa correcta hubiese sido un Gobierno de técnicos de prestigio que contaran un amplio consenso de las fuerzas electoralmente mayoritarias. En cambio, lo determinante en la formación del Gobierno fueron los intereses de partido, aplicados además con precipitación, en una apresuradas y complejas consultas.

El gran tema de fondo que es la financiación de la autonomía parece no preocupar en exceso, pese a que el borrador constitucional indique -en su inefable artículo 150- que dicha financiación deba efectuarse únicamente en base a recargos fiscales o bien transferencias de partidas presupuestarias, negando, pues, el traspaso de ingresos por cesión de impuestos o de parte de los mismos al poder autonómico, hecho que se produjo bajo la segunda República, si bien a trancas y barrancas.

Ello convierte a las autonomías en un lujo para zonas ricas que deseen dejar de serio -ya que los recargos impositivos obrarían en este sentido-, o bien puede limitar a los poderes autonómicos a una mera función gestora de los fondos, que los diferentes ministerios centrales tengan o no tengan la bondad transferir. Pero en ningún caso podría elaborarse un presupuesto en las materias de competencia autonómica, como sucede, por ejemplo, en la República Federal de Alemania y en Italia, donde los respectivos poderes autonómicos reciben una participación directa de los impuestos generales.

Asimismo, por el camino de los recargos impositivos, la opinión pública puede Regar a identificar la autonomía con un nuevo impuesto de lujo, con lo cual el actual entusiasmo autonómico quedaría convertido en una frustración más.

Pero estos razonamientos no parecen ser compartidos por el nuevo ministro de Economía y Finanzas de la Generalitat, el ucedista y ex activista derechista Juan José Folchi, cuyas primeras declaraciones, efectuadas a la agencia Cifira, no podían ser más desafortunadas para la autonomía real de Cataluña. Folchi dijo textualmente: «La autonomía tendrá un precio y se notará, seguramente, una mayor presión fiscal, aunque la aporta ción de Cataluña al Estado será, lógicamente, inferior.»