Ganadería y capitalismo: la producción de pollos en España / y 2

¿Quién controla la producción de carne de pollo? El intento de respuesta pasa necesariamente por el análisis de la estructura de la nueva Asociación Nacional de Productores de Pollos (nacida en julio de este año). En ella -que representa entre el 60 y 70% del total de la producción- se reúnen unos cincuenta miembros que, en conjunto, constituyen un fuerte grupo de presión para la defensa de sus intereses frente al poder regulador del Estado. En definitiva, un modelo que no difiere en nada del que es habitualmente utilizado en los países capitalistas para la organización de su agricultura.Los miembros más importantes de la Asociación son las Cooperativas Leridanas -Lérida produce el 40 % del total nacional de carne de pollo- de Guissona y Copaga, que, al igual que las de Reus, practican en modalidades más o menos semejantes la Integración vertical y controlan el 8 % del total de la Asociación. Tras ellas aparece un núcleo de seis empresas -de las que destaca Porta Labata, de Huesca y Lérida-, sin que ninguna llegue al 8% y que en total representan- el 16,5 % de la producción de la Asociación. El resto se distribuye en pequeños porcentajes entre los restantes cuarenta miembros. Se puede afirmar, pues, que es un conjunto de grandes cooperativas o empresas fabricantes de piensos o mataderos el que controla la producción de carne de pollo,en España, aunque existan gran número de pequeños y medianos avicultores independientes.

Precios politicos

¿Cuál es el origen del conflicto actual? Puede decirse que en gran parte está en lo que se apuntó en EL PAIS en el editorial del 1 de febrero, al que se hacía referencia en el artículo publicado ayer: el precio relativamente bajo que el kilogramo de pollo tiene en España.

El hecho de que esta carne sea más barata en España que en el resto de los países de la CEE sé debe a que en éstos la ganadería tradicional con tierra se halla más desarrollada, existiendo una mejor planificación de la explotación de los recursos ganaderos y lanzándose al mercado carnes de mayor calidad a precios competitivos, que hacen que el consumo de pollo sea muy inferior al español y la oferta mucho más limitada. En España se indujo una fuerte demanda de este producto en los años sesenta a través de la costosa opción de fomentar una ganadería industrial sin tierra a gran escala, lo que originó un claro exceso de oferta. A partir de aquí se ha venido observando durante los últimos años una situación difícil en las empresas del sector. Las cadenas integradoras han podido suplir a través de los precios en alza de los píensos los márgenes negativos del pollo, pero los avicultores independientes se han ido arruinando sin remisión.

La elevación del precio del producto en un 10 % experimentado en los últimos meses no parece haber resuelto ni las dificultades de las empresas ni el problema de fondo, que consiste -habrá que decirlo una vez más- en que el bajo precio relativo del pollo está impidiendo el desarrollo de otras producciones alternativas que se pueden obtener con recursos propios. Las noticias aparecidas en la prensa recientemente parecen augurar graves problemas, incluso de orden público, ante la fuerte presión de los productores por una nueva subida. Quizá sea interesante intentar clarificar cuál es el procedimiento por el que se fija el precio de esta carne.

De entre los precios que se contemplan en la regulación de la carne de pollo, el precio testigo es el que mayor interés ofrece, por ser el que determina la intervención del Estado. Este precio se ajusta mediante unos precios-índice que se toman en la ya famosa «tablilla» de Madrid (con una poderación de un 70 %) y los de las lonjas de Bellpuig (Lérida) y Reus (Tarragona) con ponderaciones respectivas del 20 y el 10%.

La «tablilla», claro ejemplo de intransparencia de mercado, se maneja entre los mayoristas (integradores con matadero y mataderos independientes) y los detallistas. En ella la verdad no se refleja nunca pero, en todo caso, si los precios son altos, su grado de fiabilidades mayor que cuando son bajos-, caso en el que los detallistas, cuyo margen inferior de beneficio es el 14 % de lo que la «tablilla» marca, fuerzan a los mayoristas a la cesión de un porcentaje mayor para cubrir sus costes y obtener mayores beneficios. Es de esperar que los productores de pollos demuestren que sus intenciones son positivas y que no sigan recurriendo a manejos en los precios y en los márgenes que a cada escalón de la distribución le corresponden.

¿Cuál ha sido la solución dada a la situación por la que atraviesa el sector? La nueva Asociación, sabiéndose fuerte, ha forzado -gracias a las facilidades que le concede el que el sector esté integrado- la revisión trimestral de precios que prevé el decreto regulador demandando un aumento de cinco pesetas en el kilogramo de carne (de 83 a 88 ptas/kg). El FORPPA lo ha comprendido así y, reconociendo la evidencia, ha adoptado una postura que podríamos definir como consecuente e inteligente. Sin embargo, dado que el precio de mercado ha superado al de intervención y que, por tanto, la Administración se ve obligada legalmente a intervenir, el Ministerio de Comercio ha decidido unilateralmente importar a toda velocidad carne de pollo francesa, que resulta 35 ptas/kg. más cara que la española, y que no puede salir al mercado, de momento, a más de 83 ptas/kg. (precio de intervención); es decir, que las pérdidas van a ser de treinta pesetas por cada kilo que se importe, aun en el caso de que el precio interior se suba, efectivamente, en cinco pesetas.

En resumen: el sector aviar está hipotecando largamente la balanza comercial agraria, y su estado de dependencia tecnológica es total. Los pequeños avicultores son simples asalariados a domicilio -sin Seguridad Social ni capacidad de reivindicación- de los miembros de la poderosa Asociación de Productores de Pollo. Pero hay que reconocer que es inaudito que un Gobierno que propugna una «economía social de mercado» pueda creer que para solucionar el problema haya que hundira un sector productor que intenta -amparado por lo que dispone el decreto de la campaña y aunque por medios quizá no muy ortodoxos- su autorregulación.

Parece que en política agraria -al menos por lo que al Ministerio de Comercio se refiere y cuya cesión de funciones alimentarias a Agricultura es inaplazable- tienen el mismo tratamiento problemas de unos millones de pesetas que pueden afectar a unos cuantos campesinos que un problema de miles de millones que afecta a todo el país.