Una cierta fiebre estatificadora

Diputado de UCD por Valencia

Un gran estadista inglés afirmó que la bondad de un presupuesto se mide por el número de créditos extraordinarios que se soliciten durante el ejercicio. Analizar un presupuesto del Estado, con el detenimiento y el detalle que el mismo requiere, por el cuerpo legislativo, haría imposible su viabilidad. Por eso las Cortes, donde deben afilar más su sentido es en las concesiones de créditos extraordinarios, si éstos existen, después de aprobado el presupuesto.Nos encontramos ante la petición de una cantidad considerable de créditos extraordinarios con cargo al presupuesto del Estado provenientes del anterior ejercicio, excepto las subvenciones a los partidos políticos previstas en el artículo 44 del real decreto-ley de 18 de marzo, que ascienden a 2.357 millones.

La ponencia encargada del dictamen sobre estos créditos los examinó con detalle y escuchó las razones aducidas por el Gobierno. Entabló conversaciones con el presidente de la Renfe y el de Hunosa y con el subsecretario de la Marina Mercante. Recomendó posteriormente a la comisión y ésta al pleno de las Cortes la aprobación de dichos créditos extraordinarios.

No podemos desaprovechar esta ocasión para hacer una serie de consideraciones al Gobierno y a las Cortes a este respecto.

Las pérdidas de la Renfe este año ascienden a 18.367 millones de pesetas. En 1975 fueron de 13.698. Se estima que el año próximo sobrepasarán los 32.000 millones de pesetas.

Aumento considerable del déficit

No discutimos aquí la conveniencia o no de la financiación del déficit presupuestario de la Renfe con cargo al presupuesto del Estado. Esto ocurre en casi todos los países europeos, tampoco la labor que la compañía realiza, consciente que lo hace con pérdidas, por su significado social y comunitario.Pero sí llamamos la atención sobre el aumento considerable de su déficit en los últimos años. Si queremos luchar contra la inflación, el arma más eficaz es la reducción de los gastos del Estado generalmente reconocida por todos, pero frecuentemente olvidada, seguramente por su dificultad de aplicación. En la actual situación española sería recomendable una drástica reducción del 20% al 25%. Esto no va a suceder, y el presupuesto del Estado y el de la Seguridad Social va a sufrir un aumento de más del 20% con relación al del año anterior.

Es difícil esquematizar, sin caer en errores, tema tan intrincado como el del transporte, con todas sus incidencias. Habrá que hacerle frente con una cierta valentía y sin afanes intervencionistas. Los controles de precios y los excesos de dirigismo no solamente se muestran ineficaces en una economía de mercado, sino que a veces producen el resultado inverso del que se desea alcanzar.

La Renfe deberá revisar una vez más su gestión e intentar modificar la cuantiosa cifra deficitaria de sus resultados.

Aprovechemos la ocasión para decir que su patrimonio inmobiliario debe gestionarse, en nuestra opinión, por la misma compañía y, no por el Patrimonio del Estado.

En Hunosa convergen dos temas importantes. El primero, el futuro control de la empresa estatal. El segundo, el problema de la energía, que habrá que estudiar a fondo en este país y dar soluciones más idóneas.

No quiero entrar ahora en los orígenes dudosos y para mí muy criticables del nacimiento de Hunosa. Es una historia más que pertenece al pasado. Lo que sí quisiera llamar la atención es que en un momento de gran tensión de las tesorerías en la empresa privada no se puede hacer una discriminación con la empresa pública. El techo de la liquidez del Estado está formado por las sumas de las liquideces de las empresas públicas y las privadas. Un tratamiento discriminatorio produce distorsiones en todo el sistema económico.

No es válido argumentar que la empresa del Estado, como es el caso de Hunosa, debe tener los recursos financieros suficientes, cualquiera que sea la situación económica, y a precios diferentes de los que existen en el mercado, porque con su quiebra arrastraría al paro a miles de personas y dañaría a un sector tan importante como es el energético.

He dicho que estos argumentos no son valederos porque muchas de las empresas privadas españolas, cada una en su dimensión, podrían esgrimir razones similares. Sin embargo, estamos viendo quebrar centenares de empresas, por falta de recursos financieros, o porque no pueden pagar el precio del dinero que actualmente rige en el mercado.

Extraña situación

Pero más grave todavía es lo que se refiere a las líneas de soberanía. Los Gobiernos anteriores olvidaron, por razones que se me escapan, tomar las medidas precautorias necesarias para que al finalizar el contrato de concesión que Trasmediterránea desempeñaba, durante los últimos veinticinco años, pudiera ser convocado otro concurso. Se prorrogó el contrato del 22 de febrero de 1952, que finalizaba en 31 de marzo de 1977, hasta el 1 de-enero de 1978. Este es el origen del crédito extraordinario que por un importe de 2.205 millones esta semana quedó aprobado.Nos encontramos, por tanto, ante una extraña situación: no hay tiempo para convocar un nuevo concurso y se dice que la compañia no desea renovar el contrato luego queda una sola solución: la nacionalización.

La subvención que la Trasmediterránea recibe de acuerdo con el contrato de concesión con arreglo a la base que el Gobierno confeccionó, publicada por decreto el 2 de febrero de 1952, va a ser en este ejercicio de 4.041 millones.

Vale la pena preguntarse que va a pasar si nacionalizamos el servicio de las líneas de soberanía.

Algo indiscutible: la inversión del Estado alcanzará de inmediato miles de millones de pesetas. Pero, eso sí, a cambio tendremos una flamante flota nacional que surcará nuestros mares llenándonos de prestigio.

Pero no sólo eso será lo más grave, sino que afirmo, desde ahora, lo siguiente: las tarifas se aumentarán de inmediato, el servicio empeorará y las pérdidas de la flota nacional equivaldrán a multiplicar por tres la actual subvención de la Trasmediterránea en el primer ejercicio de la estatificación del servicio. Desgraciadamente, voy a tener razón. Por eso quiero dejar aquí clavado lo que va a suceder para recordárselo a quienes han querido directa o indirectamente esta estatificación.

No quisiera que nadie cayera en la fácil tentación de argumentar que estoy defendiendo a particulares intereses o a concretas compañías. Lo que si intento, por encima de cualquier ideología, es defender los intereses del ciudadano, que es la primera obligación de todo gobernante y de todo partido.