El PSOE pide la discusión del programa económico con centrales y patronales

La Comisión General Económica quemó en, la mañana de ayer una nueva etapa, tras celebrar una reunión en la Moncloa, con asistencia de los ministros Fuentes Quintana, Abril Martorell, Fernández Ordóñez y Oliart, junto a los expertos parlamentarios.La reunión de ayer dejó claro. según fuentes consultadas por EL PAIS, graves diferencias de criterios sobre asuntos económicos. Estas discrepancias tuvieron su mayor exponente en la postura del PSOE, que mantuvo una posición dura ante la concreción de las acciones económicas.

La postura del PSOE se concretó en pedir que el desarrollo de las medidas y su articulación debía contar con la colaboración de las centrales sindícales y de las organizaciones empresariales, con las cuales se debía negociar antes de adoptar ningún acuerdo definitivo.

La mayor preocupación de los miembros, del PSOE asistentes a la reunión fue de definir en el documento una política de empleo efectiva. En este sentido hay que señalar que continúa inamovible el 22% de tope salarial para la reunión de hoy quedan en el orden del día temas como el industrial y agrario.

Entre los aspectos determinados, que sobre política económica fueron tratados ayer, según Cifra, figuran los siguientes (no se tiene constancia de un total consenso sobre todos los puntos):

-Limitación de los gastos consultivos del Estado y la Seguridad Social, que no podrán crecer en el año más de un 21,4 %, -tasa de crecimiento del PIB- en términos monetarios.

-Se incrementarán los gastos estatales de inversión en un 30%. El Estado contribuirá con 60.000 millones al seguro de desempleo, y con 40.000 millones a la Seguridad Social, con objeto de compensar la proyectada reducción de sus cuotas. La emisión de deuda pública de 40.000 millones se destinará fundamentalmente a la construcción de centros escolares públicos. El déficit del Estado será, como máximo de 73.000 millones en 1978. Las cuentas de la Seguridad Social deberán equilibrarse en 1978 sin recurrir a otros medios extraordinarios de financiación, yhabrá extensión progresiva dé la cobertura del seguro de desempleo.

Política monetaria. Este capítulo, comprende una moderación de los ritmos de incremento de las magnitudes monetarias, que deberá limitarse al. 17 % en 1978. Los recursos del Tesoro al Banco de España no excederán de 14.000 millones de pesetas. Se limitará el nivel de nuevas dotaciones de crédito oficial a 190.000 millones de pesetas durante el próximo año.

Precios. Mantenimiento de un sistema de precios controlados que afectará a productos estratégicos respecto al coste de la vida, y precios formados bajo condiciones monopolílticas. En los organismos de control de precios se dará audiencia a organizaciones patronales, obreras y de consumidores.

Rentas. El crecimiento de la masa salarial (incluidas cargas fiscales y Seguridad Social) no podrá exceder del 20 % durante 1978 (un 22 % computando antigüedad y ascensos), con tratamiento favorable a las rentas más bajas. Serán retiradas las ayudas crediticias y fiscales la toda empresa que no respete la disposición anterior. Se mantiene la reducción de plantilla hasta de un 5 % en empresas que superen los niveles salariales antes citados.

La norma salarial citada podrá revisarse a partir del 30 de junio de 1978, si en junio se ha alcanzado un crecimiento de precios al consumo superior al 11 % (sobre diciembre) descontando aumentos por variación de tipos.de cambio, alza de precios energéticos internacionales etcétera.

La mitad del incremento de la masa salarial de cada empresa se distribuirá lineamente.

Empleo. Se adoptarán medidas paralelas que aseguren una prestación eficaz y rigurosa de seguro de desempleo y un tratamiento prioritario- de las- modalidades de creacíón de puestos de trabajo. Para fomentar el trabajo juvenil se autorizará la contratación temporal por un plazo máximo de dos años, para empleos derivados de los nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre próximo, siempre que los mismos se cubran por persol ias que desempeñen por vez primera un trabajo. Para estos empleos, el Estado colaborará con el 50 % de la Seguridad Social.