Comisión Gobierno-partidos para controlar RTVE

El próximo lunes comenzará a funcionar una comisión paritaria Gobierno-partidos, con representación parlamentaria, encargada de controlar la objetividad informativa de Radiotelevisión Española. Este es el principal acuerdo adoptado ayer en la «cumbre de la Moncloa». La misma comisión elaborará un proyecto de -estatuto para su inmediata remisión a las Cortes, procurará el tratamiento regional de la programación de RTVE, y vigilará el funcionamiento general de dicho medio de comunicación de masas.

La reunión de la Moncloa se inició a las once de la mañana, con asistencia de los líderes de todos los grupos parlamentarios convocados. El orden del día, remitido la noche anterior por el Gobierno, no incluía el apartado de los medios de comunicación en poder del Estado, tema que, sin embargo, se estudió el primero a propuesta de Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).En cuanto a la creación de la comisión mencionada -integrada en un 50 % por representantes del Gobierno y en el otro 50 % por representantes de los partidos parlamentarios, de forma proporcional al número escaños- hubo consenso general de todos los asistentes.

No sucedió igual cuando el Gobierno planteó la privatización de la cadena de prensa conocida como del Movimiento. Tanto el PCE como el PSOE se opusieron tajantemente, mientras que la minoría vasco-catalana matizó la necesidad de que, al menos, se respetara una cierta regionalización.

Ante este desacuerdo, se optó .por crear una subcomisión en la Comisión de Cultura del Congreso, que se encargue del estudio del porvenir de la cadena. El funcionamiento de las emisoras de radio ,pertenecientes a REM-CAR y la agencia Pyresa, quedarán comprendidas, probablemente, -dentro del estatuto que elabore la comisión paritaria.

La discusión de este tema se prolongó hasta casi la una de la tarde. Las otras dos horas de reunión -los asistentes abandonaron el palacio de la Moncloa sobre las tres de la tarde fueron dedicadas al estudio, de acuerdo con el orden del día gubernamental, de la reforma del Código Penal y del Código de Justicia Militar.

Dado que los documentos relatívos a orden público, derecho de reunión y asociación política planteaban mayores diferencias, se plantearon exclusivamente temas sobre los que parecía evidente el consenso mayoritario: despenalización del adulterio y amancebamiento, regulación de la expedición de anticonceptivos, límites a su publicidad y consiguiente despenalización y modificación de las edades de la mujer para las tipíficaciones de rapto y estupro.

Se soslayó el tratamiento de temas más conflictivos, como la modificación de la ley de Peligrosidad Social propuesta por el Gobierno, y sobre la que los partidos de izquierda solicitan su desaparición; la dependencia de las fuerzas de orden público de órganos dejusticia ordinaria; y la llamada ley Antiterrorista, a la que oponen resistencia todos los partidos de izquierda por considerar que previamente hay que democratizar las leyes actuales y garantizar las libertades públicas. Todos estos temas serán tratados en la próxima sesión de la "cumbre», convocada para el viernes día 21.