Moncloa, el primer paso

QUE UNA negociación como la de este fin de semana en la Moncloa, en la que intervienen varios interlocutores y en la que se van a discutir cuestiones de muy diferente orden comience de manera satisfactoria es un hecho positivo. Sin embargo, no hay que olvidar que, hasta el momento, sólo han participado en la discusión el Gobierno y los estados mayores de los partidos políticos, y que los acuerdos que adoptaron anteayer son de carácter muy general y afectan exclusivamente a la política económica.Se trata, así pues, del primer asalto de un combate entre el Gobierno y los partidos, y también de la primera pelea de una velada en la que participarán, además, confederaciones patronales y centrales sindicales con el trasfondo de una miríada de empresarios independientes y trabajadores que no tienen militancia política ni sindical. Así, pues, los resultados del fin de semana en el palacio de la Moncloa dan base cierta para el optimismo. Pero sería un grave error echar las campanas al vuelo; nada hay peor que la frustración que sigue a las falsas euforias.

Todavía queda camino que recorrer antes de que el «pacto de Gobierno» entre el Gabinete Suárez y los grupos parlamentarios quede rubricado. Anteayer se llegó a un acuerdo sobre las grandes líneas del plan de saneamiento económico y de medidas contra la crisis. Se trata de una articulación coherente y sensata de los instrumentos y políticas que la situación requiere. No hay mucho donde elegir en coyunturas tan graves como la actual; sólo la demagogia, inconcebible en las direcciones de partidos que se liafian en el Poder o pueden acceder al Gobierno en corto plazo de tiempo, podría proponer planes alternativos que discreparan seriamente de los aprobados en el palacio de la Moncloa.

Pero las discusiones que comenzarán el próximo jueves presentan un campo mucho más amplio para las discrepancias y las contrapropuestas. La ley de defensa de la democracia contra el terrorismo no es una cuestión de fácil acuerdo; baste con recordar el agrio pleno del 14 de septiembre y la moción de censura dirigida por el PSOE contra el actual ministro de la Gobernación. En esa misma línea, el replanteamiento de la política de orden público y la nueva regulación de los derechos de reunión y manifestación permiten enfoques muy diversos e incluso contrapuestos. Tampoco la reforma de la ley de asociaciones es un tema fácil, y la actual ilegalidad de los partidos políticos vascos que, aun renunciando a la violencia, defienden perspectivas independentistas, se relaciona, forzosamente, con la situación en Euskadi.

Por lo demás, la agenda de las negociaciones que se reemprenderán el próximo jueves puede ampliarse a otros puntos litigiosos de orden estrictamente pólítico.

No es fácil predecir qué consecuencias podrían tener eventuales diferencias surgidas en ese próximo «segundo asalto» entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre los acuerdos alcanzados el pasado domingo. Pero, en cualquier caso, el «pacto de la Moncloa» suscrito por las fuerzas políticas tiene que ser refrendado ahora por las confederaciones patronales y las centrales sindicales. Las fuertes conexiones entre Comisiones Obreras y el PCE, por un lado, y UOTy el PSOE porotro, abren un cierto margen de confianza de que las dos centrales presumiblemente más importantes se adhieran al pacto. En este terreno parecería que el Gobierno ha estadojugando con fuego en las. últimas semanas. Su retraso en dictar las normas electorales y convocar elecciones sindicales no tiene explicación. Tampoco resultan fácilmente comprensiblessus vacilaciones a propósito del procedimiento a seguir -para designar a -los representantes. El coqueteo con los sistemas asamblearios pondría a las empresas a merced de los agitadores que jugaran con mayor decisión al alza en la subasta demagógica; y el sistema de listas abiertas, defendido por Comisiones frente a la papeleta cerrada propugnada por UGT, tal vez puede beneficiar a corto plazo a la central comunista frente a la socialista, pero terminaría por potenciar, a la larga, a los sindicatos que sirven de correa de trasmisión a los grupos extraparlamentarios. Indudablemente, aquí está el gran peligro y el obstáculo mayor para el cumplimiento del «pacto social»: si Comisiones Obreras y UGT, aun adhiriéndose al acuerdo, no representaran las bases trabajadoras, todo el plan de medidás se vendría abajo.

También el mundo empresarial tendrá que actuar con sensaiez, de forma coordinada y con perspectivas a largo plazo. La España de 1977 no es la de 1959, y un plan de estabilización en una sociedad democrática necesita de mecanismos de diálogo y de hábitos de negociación bien distintos de los procedimientos autoritarios y de la mentalidad de antaño. Si en el sector de los trabajadores la ofensiva contra el pacto vendrá de la extrema izquierda, cuya única . esperanza de medro político es la agudización de la crisis económica, en el sector empresarial los ataques procederán de los grupos de ultraderecha, deseosos de arruinar al país para ínculpar a la democracia y justificar el regreso de la dictadura.