Los partidos afrontan la negociación de un "compromiso histórico"

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El problema del control de precios no está contemplado con excesivo detalle, en virtud de la dificultad de controlarlos con mecanismos que pretendan atacar frontalmente el problema. Por el contrario, se confía más bien en el juego del conjunto de los mecanismos previstos para tratar de contener moderadamente la inflación. No obstante, existe la voluntad de ejercer un control serio sobre una selección muy reducida de artículos.

A fin de cubrir el previsible incremento de necesidades a atender por el Seguro de Desempleo, se prevé el reforzamiento de 60.000 millones de pesetas en la asignación prevista para el mismo. Asimismo, se destinarán 40.000 millones de pesetas a Obras Públicas que puedan paliar el problema del desempleo. También se prevé una emisión de deuda de 40.000 millones de pesetas.

La contrapartida a la disciplina salarial y al despido libre parece que va a establecerse por medio de la reforma fiscal -ya ha comenzado a legislarse en este sentido-, una política educativa que incluya .el compromiso de alcanzar ciertos niveles en incrementos de escolarización, intensificación de la construcción de viviendas y otras cuestiones de este carácter. Se prevé igualmente una reforma del sistema financiero -cuyos detalles aún no han podido ser filtrados- y una democratización de ciertas instituciones crediticias que, como las cajas rurales, están muy vinculadas en la actualidad a sectores de la derecha más comprometidos con el franquismo.

El programa gubernamental -dato significativo- incluye medidas para facilitar la libertad de implantación de la banca extranjera en España. Hay un programa en materia de energía y otros sobre agricultura, con una reforma prevista de la legislación sobre arrendamientos rústicos, a fin de favorecer el acceso a la propiedad de la tierra.

No parece claro, por el contrario, lo que vaya a ocurrir con la legislación sobre acción sindical, y las fuentes consultadas apenas citan otros datos que un proyecto de regulación de la huelga, y otro para resolver el problema del patrimonio sindical.

Control por los partidos políticos

Todo lo que, implica este programa sería ejecutado por el Gobierno, sin que, de momento, sean previsibles cambios sustanciales en su actual composición -y dejando a salvo la posible incorporación de la minoría vasco-catalana-, aunque las reuniones de la Moncloa comienzan hoy, y, por tanto, ahí podrían tomarse las decisiones de fondo correspondientes.

La idea que existía horas antes de comenzar dicha reunión es que las fuerzas políticas convocadas -que constituyen todas las que tienen representación en el Congreso de Diputados- y su posible influencia sobre las centrales sindicales (en algunos casos), deben estar presentes, de algún modo, en el control del proceso posterior a la aprobación o consenso tácito en torno al plan.

Para ello, algunas fuerzas políticas -la comunista entre ellas- proyectan la creación de un órgano de seguimiento, constituido por representaciones cualificadas de las fuerzas que presten su acuerdo al tema, con la competencia específica de controlar la marcha del plan. Parece darse a este organismo más importancia que al propio control parlamentario que, sin que pueda ser abandonado en vía muerta, pasaría a adquirir un carácter de refrendo global a las decisiones técnicas del órgano mencionado. El funcionamiento real de este sistema y sus repercusiones prácticas constituyen una de las incógnitas del tema y quizá la contrapartida más importante a solicitar por varias de las fuerzas participantes en la reunión a cambio de su apoyo.

Las centrales sindicales no han prestado su consentimiento a los aspectos del plan que les han sido consultados, y no es aventurado suponer que su aprobación y puesta en funcionamiento podría provocar conflictos sociales de envergadura.

Sin embargo, junto a las distintas consideraciones que se hacen sobre la organización y fuerza de los sindicatos -para unos, la manifestación del jueves en Madrid fue una prueba de fuerza irrefutable; para otros, las centrales carecen de cajas de resistencia suficientes para mantener conflictos generalizados muy prolongados-, prima el dato de que las centrales no cuentan con una afiliación masiva entre la población trabajadora. Después de las elecciones sindicales es posible que la afiliación continuara siendo relativamente baja, aunque entonces las centrales contarían con una masa de votantes mucho más alta que su propia afiliación; pero -y ahí está el peligro para la clase trabajadora-. probablemente no tendrían suficiente organización ni recursos para defender, de modo intensivo y extensivo, las reivindicaciones de los trabajadores, reproduciéndose, en cierta manera, la situación existente respecto a los partidos políticos.

En cualquier caso, para el comunista Ramón Tamames «el fracaso del plan económico significa un Gobierno autoritario. El deterioro de la situación es enorme, y ya estamos en la fase de una suspensión de pagos -porque no otra cosa es el eufemismo de la moratoria de deudas pedida por Ensidesa, por ejemplo- incluso de las empresas públicas. En este país se han evadido, desde el 20 de noviembre de 1975, más de 200.000 millones de pesetas».

El socialista Felipe González, más cauto respecto al fondo y a la forma, se ha manifestado partidario de «una negociación de verdad sobre la problemática económica y política del país y no únicamente la voluntad de crear una imagen ante el país. Tenemos voluntad de lograr acuerdos sustanciales, aunque sabemos que hay limites; pero lo importante, en todo caso, es sacar al país de la crisis. Habrá acuerdo en algunos puntos, otros se consideran insuficientes y en algunos se producirán, probablemente, posturas contradictorias».

La actitud del PSOE va a ser clave en este asunto -un miembro de la ejecutiva de dicho partido afirmaba hace unos días que si su partido vota contra el programa económico, habría crisis de Gobierno en forma segura-, y se abre de este modo una negociación verdaderamente delicada. En el fondo de todo este asunto parece dibujarse la idea de que el país sea conducido, en los próximos meses, por el sector socialdemócrata de la UCD -en alianza con el presidente Suárez y los sectores que le son próximos- y con un apoyo-presión de la izquierda parlamentaria.