Se agrava la crisis social y política, en Colombia

La grave crisis política y social por la que atraviesa Colombia ha evolucionado negativamente en pocas horas, a causa de la huelga de los trabajadores de la industria petrolífera, en demanda de mejoras sociales y de readmisión de cuarenta obreros despedidos por la empresa estatal Ecopetrol. El paro, centrado en la zona de Barrancabermeja y declarado ilegal por el Gobierno, tuvo un comienzo sangriento: un soldado resultó muerto por francotiradores y varios obreros resultaron heridos en choques con la policía. Un gasoducto de una empresa norteamericana fue volado a doce kilómetros de Barrancabermeja.La huelga (segunda en importancia después de la que paralizó al país el pasado 14 de septiembre) coincide con la solución provisional dada por el presidente López Michelsen a la crisis de Gobierno, que provocó la dimisión, el fin de semana último, de cuatro ministros: Interior, Hacienda, Agricultura y Minas. El presidente ha nombrado para los nuevos puestos a dos políticos conservadores y dos liberales. Observadores de la situación colombiana coinciden en afirma que, a pesar de la remodelación del Gabinete, la crisis no está re suelta y tiene raíces mucho más profundas, que son las que motivaron el «minibogotazo» del pasado día 14, en el que murieron al menos veinte personas, centenares resultaron heridas y 5.000 fueron detenidas.

El poder adquisitivo de los salarlos ha disminuido alarmantemente. El costo de la vida ha aumentado el 31% en lo que va de año. En la pasada huelga del día 14, las centrales sindicales, de las que existen cuatro en Colombia, dos de tendencia moderada y dos más izquierdistas, plantearon al Gobierno un aumento del 50% de los salarios mínimos; fijados por la Administración. La única concesión del Gabinete de López Michelsen fue la equiparación de los salarlos del sector agrícola, anteriormente fijados en 55 dólares (unas 4.700 pesetas), a los de la industria, establecidos en 59 dólares (alrededor de 5.000 pesetas).

Junto a los graves problemas de índole social y económica, existe una muy confusa situación política, que resta mucho poder al Gobierno para poder encarar con seguridad la crisis. Las críticas al Gobierno de López Michelsen (65 años), liberal; se hacen cada vez más duras y llegan desde todos los sectores del país. Incluso existen divisiones e n el seno del propio Partido, Liberal, actualmente en el poder, y que juntó con el Conservador, son los que alternativamente gobiernan en Colombia en virtud del pacto constitucional, suscrito en 1958 por ambas fuerzas políticas tras el derrocamiento de Rojas Pinilla.

Ni su propio partido, ni los trabajadores, ni los empresarios apoyan al Gobierno de López Michelsen. El último y más virulento ataque a la política del actual Gabinete llegó desde la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, la más poderosa patronal del país, que acusó al presidente López Michelsen de provocar la grave crisis económica por la que atraviesa la nación y de no tomar ninguna medida contundente contra la cada día mayor corrupción existente en la Administración.

Incluso entre los sectores militares, en los que se había asentado tradicionalmente la defensa de las estructuras democráticas colombianas y a los que ha aludido en varias ocasiones el propio presidente como garantía de su estabilidad, parecen producirse fisuras. Hace unos días, un militar retirado de cierto prestigio, el general Valencia Tovar, formuló unas declaraciones en las que acusó a los partidos políticos tradicionales de «desgastados e incapaces», y se mostró dispuesto a participar en las próximas elecciones presidenciales de agosto de 1978, apoyado por sectores derechistas del país. A raíz de estas declaraciones, portavoces gubernamentales y de las fuerzas armadas desmintieron categóricamente cualquier tendencia «golpista» del ejército colombiano y se mostraron abiertamente partidarios de la defensa del Gobierno constitucional.