La amnistía alcanzará hasta el 15 de junio pasado

La proposición de ley conjunta de amnistía de los grupos parlamentarios socialista, comunista y vasco-catalán del Congreso de Diputados alcanzará a los delitos, faltas y sanciones disciplinarias, cualquiera que fuera su autor, en los que se aprecie intencionalidad política, y que hubieran sido cometidos hasta el 15 de junio de 1977. Así será si prosperan los indicios de consenso detectados ayer en fuentes oficiosas de la Cámara baja, tras la reunión -que hoy concluirá- entre representantes de los grupos citados. El Pleno sobre la amnistía podría celebrarse a mediados de mes. En la reunión celebrada ayer se plantearon los diversos problemas existentes para conciliar las diferentes proposiciones entre sí, así como para tener en cuenta, dentro de lo posible, los deseos o techos políticos del Gobierno. En principio, se estableció que no se fijara fecha de comienzo del período al que se referirá la amnistía, y que la fecha final sea el 15 de junio de 1977 contra los deseos Gobierno de qué fuera el 15 de diciembre de 1976, fecha del referéndum sobre la ley de Reforma Política.En cuanto, al tipo de las acciones afectadas por la amnistía, parece existir acuerdo en que se extienda también a las sanciones disciplinarias. Uno de Ios temas que se estudiará hoy con mayor intensidad será el de las consecuencias de la amnistía, que puede tener importante repercusión en los ámbitos penal, administrativo y de la responsabilidad civil económica.

No existen dudas entre los grupos proponentes de las diferentes proposiciones de amnistía en que ésta abarque a los llamados delitos de sangre, siempre que éstos tuvieran intencionalidad o motivación política. Por parte gubernamental, parece que la fiontera para la aplicación de la amnistía estarla en los presuntos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), cuya liberación sería mal vista -según fuentes oficiosas de entera solvencia- en determinados estamentos militares, muy sensibilizados por las acciones atribuidas a los GRAPO. Uno de los temas de mayor dificultad para la redacción del proyecto de ley unitario reside en las consecuencias de la amnistía laboral, dada la actual situación económica de crisis por que atraviesan la mayoría de las empresas, para las que sería problemática la readmisión de los trabajadores despedidos, en función de unas normas de las que los empresarios no eran responsables. La solución a la que probablemente se llegue en este tema será la reparación del daño causado a los trabajadores, sin que ello lleve consigo la readmisión.