Los presupuestos de la negociación social

Si algo hay claro en la actitud de los sindicatos obreros ante la crisis económica que el país padece, es el reconocimiento de la existencia de la crisis, y el convencimiento de que es necesario, e inaplazable, sanear la economía española.Algún lector, al leer estas palabras, pensará que no son sino una perogrullada, pues es evidente que la crisis económica existe, y es asimismo evidente que su superación es cosa de todos los españoles. Lo cierto, sin embargo, es que, desgraciadamente, sigue siendo necesario recordar que los trabajadores no quieren hundir el país. Pero una cosa es eso, y otra, bien distinta, el pensamiento de quienes entienden que la manifestada discrepancia de los sindicatos con el plan de urgencia económica del Gobierno Suárez es una insensatez, una falta de patriotismo, como si el reconocimiento de la existencia de la crisis económica y de que hay que luchar contra ella, tuviera como corolario inexorable estar de acuerdo con las medidas económicas y sociales recientemente aprobadas por el Gobierno.

Parece poco dudoso que, en opinión de los sindicatos obreros, el Gobierno tiene que reconocer públicamente que en los acuerdos tripartitos (Gobierno, sindicatos y organizaciones patronales) a través de los cuales puede intentarse la superación de la actual crisis económica, el papel de los sindicatos no puede quedar reducido a los temas estrictamente laborales, tales como el ritmo de aumento de los salarios o la creación de puestos de trabajo.

Con esta afirmación pretendo, de una parte, recordar que los sindicatos obreros no están por el pacto social entendido como sucedáneo de la congelación salarial. o como instrumento de subordinación de los sindicatos o la política del Gobierno Suárez, y, de otra parte, afirmar que los sindicatos democráticos tienen pleno derecho a tener su propio proyecto político, lo que les legitima para opinar (y, por supuesto, para negociar) sobre temas no estrictamente laborales, tales como la reforma fiscal, Ia política de inversiones públicas, la evasión de capitales o la política crediticia, entre otros.

Por todo ello es requisito imprescindible de una eventual negociación entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales, el que aquél tome conciencia clara de que los sindicatos no son ni el hermano menor ni el pariente pobre de los partidos políticos.

Mucho me temo que, hoy por hoy, el Gobierno Suárez padezca nnopia sindical, y que no haya adquirido aún las gafas que le permitan ver claramente que sin los sindicatos obreros, la economía de este país no tiene salvación posible.

Sólo desde esa miopía sindical puede entenderse que, a estas alturas, el Gobierno no se haya sentado a negociar con los sindicatos la salida definitiva de la herederade la Organización Sindical verticalista, la Administración Institucional de Servicios Socio profesionales (AISS).

Por el momento, el futuro de la AISS, que es lo mismo que hablar del futuro del patrimonio sindical y del de 31.000 desesperados funcionarios, está en manos de una Comisión de Transferencia que, presidida por el ministro de Trabajo, está integrada exclusivamente por representantes de los Ministerios Civiles. No hay, por tanto, ni un solo representante de los sindicatos obreros, ni tampoco de las organizaciones patronales que, equivocadamente o no, reclaman su parte del viejo patrimonio de la Organización Sindical.

No parece descabellado afirmar que si, de verdad, el Gobierno quiere negociar con los sindicatos obreros, el Gobierno debe ser el primer interesado en que esos sindicatos sean fuertes y, por tanto, negociadores fiables. Pues bien, en tanto no se decida de una vez qué va a ser de la AISS, en tanto no se devuelva el patrimonio sindical a los sindicatos democráticos, y se resuelva el futuro de los funcionarios de la AISS, los sindicatos obreros andarán de cabeza, por falta de locales para celebrar sus reuniones, y peor de personal de todo tipo, pero especialmente de abogados laboralistas para atender jurídicamente a los miles de trabajadores que cada día acuden a afiliarse a las oficinas de esos sindicatos obreros. Devolver el patrimonio sindical a los sindicatos obreros y buscar fórmulas para que no haya ni un solo trabajador afiliado sin asistencia en sus problemas ante las Magistraturas de Trabajo, ante las Delegaciones de Trabajo, es un requisito, funcional y políticamente necesario para poder hablar de iniciar una negociación tripartita entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

Desconocer esa realidad es un error político que vamos a pagar todos los españoles. Que el Gobierno pague sus propios errores es lógico, pero lo que no es admisible es el semivacío sindical que el país padece porque el Gobierno no actúa. Fórmulas para dar carpetazo definitivo a la AISS hay varias, desde la participación de las centrales sindicales en la Comisión de Transferencia de los bienes, los servicios y el personal de la AISS, hasta el planteamiento ante el Congreso de Diputados de una proposición de ley. Los grupos parlamentarios tienen la palabra.