Cerca de cuatrocientos presos, en huelga de hambre

«En estos tiempos de concordia nacional exigimos de todos los partidos que se nos incluya en el fondo de la libertad democrática, que se nos garantice libertad y trabajo y que se nos considere sociales», dice un comunicado de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) de la cárcel de Martutene (San Sebastián), en el que se anuncia que todos los presos de esta organización en dicha cárcel se suman a la huelga de hambre que se va generalizando en los penales y presidios del Estado español.

Un número todavía indeterminado, pero cercano a los cuatrocientos presos, en su mayoría comunes, están protagonizando este duro conflicto, que, cada vez de una manera más desesperada, exige un trato más digno a los presos, la supresión de todas las leyes especiales -Peligrosidad Social, Salud Pública, etcétera- y del Reglamento de Prisiones, y la amnistía total, como paso previo a la reforma del Código Civil y Penal.A los 170 presos en huelga de hambre de Carabanchel (Madrid) se añaden cien más en Granada; 36, políticos, en Barcelona, entre la cárcel Modelo y la Trinidad; once en Pamplona, y continúan en su decimonoveno día de hambre los catorce trasladados a Ocaña. Al cerrar esta edición se añadían un número indeterminado de presos comunes en Barcelona, y recomenzaban los conflictos en Tenerife, donde tras el motín de hace unos días, veintinueve reclusos han sido trasladados al penal de Córdoba. Asimismo están en huelga los recluidos en la cárcel de Martutene, San Sebastián, cuyo número se desconoce. Y en Madrid, donde se rumoreaban nuevos traslados, dos presos, cuyo nombre desconocemos hasta el momento, pero que estaban internados en la tercera galería, se han cortado las venas, como signo de protesta última.

Una situación desesperada

En buena parte de los casos, los presos comunes y políticos, por primera vez unidos en sus reivindicaciones, han conseguido hacer llegar a la prensa comunicados en los que expresan su situación, calificándola de desesperada. Todos ellos coinciden en que se trata de una lucha hasta el final, «que no está en que salgamos nosotros de la cárcel, sino en que cambie el sistema penitenciario» -comunicó un portavoz de COPEL a EL PAIS.

En Carabanchel, como informábamos ayer, el conflicto comenzó ante las dificultades puestas por los funcionarios y dirección de la prisión para las comunicaciones familiares de los presos y por el aislamiento de los miembros identificados como de COPEL en la sexta galería, así como por la especial disciplina y la dureza de trato a que son sometidos. A los casi cuarenta miembros de COPEL, que desde las celdas de castigo de la quinta galería o desde la rotonda de la sexta, estaban aislados, se han añadido los 120 presos comunes de la tercera galería, y nueve presos políticos acusados de pertenecer a los GRAPO. Según ha podido saber EL PAIS, de los de la tercera, setenta acabaron el día de ayer chapados -esto es, cerrados con llave por fuera, en sus celdas, e incomunicados- y al resto los champarian, según el lenguaje carcelario, hoy. En el comunicado que han hecho público ayer, la Copel denunciaba la impunidad de los llamados grupos anti COPEL que según ellos, encuentran inexplicablemente abiertas las puertas de las celdas por la noche y apalean a los miembros o simpatizantes de COPEL sin recibir castigo alguno -pese a que las reyertas en la cárcel están penadas con celdas de castigo- De ellos dicen que «están manejados por funcionarios vinculados a organizaciones fascistas».

Asimismo, en su comunicado antes aludido, COPEL «consciente de que cada vez tiene más apoyo, se solidariza totalmente con el pueblo de Euskadi o con su lucha pro amnistía y por la construcción de un Estado socialista. Se solidariza también con todas las organizaciones antifascistas, que luchan por la consecución de una sociedad sin clases, sin explotados y sin oprimidos. Y también, con todos los caídos en lucha por la libertad, con todos los torturados, represaliados y encarcelados por su lucha contra la opresión».

Otras cárceles

En parecidos términos se manifiesta COPEL en el resto de las cárceles en que permanecen sus miembros. En Barcelona, donde en la tarde de ayer un grupo de penalistas y laboralistas puso una denuncia ante el juzgado de guardia por la supuesta ilegalidad de las incomunicaciones -dado que no ingerir alimentos no parece constituir delito, según el reglamento de Prisiones, dijo uno de los abogados a EL PAIS- se ha hecho hincapié en la unidad de presos políticos y comunes. Asimismo, en Pamplona, se remarca esta solidaridad. Y parecidos términos tiene la denuncia de los reclusos de la prisión provincial de Tenerife, ante los traslados ilegales, según los abogados consultados por EL PAIS. Se da el caso de que uno de los veintinueve trasladados a Granada, que con otros dos presuntos pertenecientes al Partido de los Trabajadores Canarios, eran los únicos políticos del grupo, fue puesto en libertad bajo fianza para ser nuevamente detenido dos horas después, como presunto participante en el motín ocurrido hace una semana.

También, al tiempo que rumores de traslados, tanto en las cárceles especialmente del Norte -San Sebastián y Pamplona- como en Carabanchel, llegan otros que hablan de durísimas medidas por parte de los presos, caso de que éstos se lleven a efecto. Hay que recordar que estas medidas -y especialmente las de los traslados a Ocaña, que cumplen hoy su decimonoveho día de huelga de hambre- comenzaron cuando, en su intento de desarticular la Coordinadora de Presos en Lucha, fueron trasladados muchos de sus miembros desde Carabanchel a otros penales.