Contra toda violencia

AYER FUERON asesinados tres servidores del orden público en Madrid. Una y otra vez hemos condenado, desde las páginas de este periódico, el empleo de la violencia como medio al servicio de cualquier causa política.Pero la oleada terrorista que en estos momentos trata de destruir los cimientos de una posible España democrática añade al carácter intrínsecamente condenable de toda violencia otras notas nefastas. Su objetivo real es impedir el establecimiento en nuestro país de las instituciones de la democracia pluralista, único régimen, hasta ahora, creado por la Humanidad para permitir la negociación pacífica de los conflictos económicos, sociales e ideológicos y el respeto a la libertad de expresión de las minorías.

Aunque la cuestión del origen de la ofensiva terrorista pueda recibir distintas respuestas, la abrumadora mayoría de los protagonistas y observadores de la vida política nacional coinciden en señalar que esta violencia une a su inaudita brutalidad los perfiles de una maquinación. Pero los criminales sólo engañan a quienes desean dejarse embaucar. No podemos creer ni que los abogados del bufete de Atocha han sido asesinados como represalia por el secuestro del teniente general Villaescusa, ni que los guardias civiles y policías armados cobardemente abatidos ayer en sendas emboscadas han sido víctimas de una venganza por la matanza de Atocha. Esta violencia de aparente signo contrario sólo tiene un fin: destruir el Estado. Y da toda la impresión de que profesionales a sueldo son quienes aprietan el gatillo. No es cierto que España viva una situación prerrevolucionaria ni que nuestros conciudadanos sean incapaces de arreglar pacíficamente sus diferencias. No sólo el país quiere la paz y la democracia, como lo demostró rotundamente la abrumadora votación del referéndum del 15 de diciembre. Los dirigentes políticos se encuentren en el Gobierno o fuera de él, están dando adecuada represión a su voluntad superadora de antiguas diferencias. Nuestros altos mandos militares están dando un soberano ejemplo de cuál es la postura de un Ejército moderno y europeo, que sabe diferenciar entre los intereses de la Patria y lo que minúsculos sectores tratan de hacer pasar por tal.

Nos hallamos ante un reto a nuestro futuro como sociedad digna y civilizada. Todos tenemos el deber de hacerle frente para proseguir el camino hacia la concordia civil y la democracia. El Gobierno debe evitar la tentación de sentirse un poder aislado, capaz de dominar la situación por encima y al margen de la sociedad. Todas las fuerzas sanas y vivas del país deben apoyar en estos cruciales momentos al Gobierno; y éste, a su vez, debe incorporar a su gestión alguna forma de pacto con los representantes de esas fuerzas sociales. Muchas pueden ser las fórmulas adecuadas a esa colaboración. Pero el país necesita que se haga explícito y operante el acuerdo de hecho que une en estos momentos al Gobierno y a los dirigentes de los diversos partidos políticos frente a los enemigos de la sociedad española.

Diremos, finalmente, que el comunicado signado anoche por un amplio espectro de firmas políticas (desde el PCE hasta UDE) y la decisión gubernamental respecto a las medidas de excepción son encomiables y esperanzadores. El Gobierno, esta vez sí, se ha rnostrado a la altura de las circunstancias. El entierro de las víctimas de Atocha ha demostrado que el orden puede ser garantizado eficazmente mediante la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones, políticas. Estamos seguros de que una manifestación de apoyo al Gobierno como motor del proceso democratizador y de repulsa a la maniobra terrorista que pretende hacer inviables las próximas elecciones recibiría en esta situación el respaldo de cientos de miles de españoles.